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El sujeto que lanzó un gato desde casi 30 metros de altura, en noviembre del 2019 en Curridabat, deberá ir a juicio ante el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, confirmó este miércoles la Asociación Cinológica Autónoma Nacional de Costa Rica (ACAN), una de las entidades querellantes en el proceso.
El hombre de 31 años, de apellidos Saborío Soto, podría recibir hasta dos años de prisión por la muerte del felino, según lo estipula la Ley de Bienestar de los Animales que rige desde el 2017.
“Se va a informar en el tiempo que será el juicio penal, y esperamos con una buena estrategia legal lograr que se condene a esta persona y pues claramente llegar a las últimas consecuencias”, señaló Rubén Rodríguez, presidente de ACAN. Agregó a La Nación que este jueves la organización realizará una solicitud al Juzgado Penal “para que el juicio se realice pronto, porque esto ya se ha demorado demasiado”.
El expediente se abrió en agosto del 2020, cuando en redes sociales empezó a circular el video de Saborío Soto lanzando un gato desde el balcón del sexto piso de una torre de apartamentos en Curridabat.
La autopsia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que el gato fue lanzado desde una altura de 27,98 metros. Después de caer, caminó 30 metros hasta llegar a un parque de perros donde lo encontraron y auxiliaron, pero ahí falleció. La caída le provocó fracturas de cadera multifocales severas, luxación de sínfisis mandibular severa, contusiones pulmonares multifocales severas y hemorragias subcutáneas diafragmáticas y pericárdicas severas.
Un día después de difundido el video, el 2 de agosto del 2020, Saborío publicó un comunicado en el que afirmó que se ponía a disponibilidad de la Fiscalía General de la República.
“Cuando se dieron estos hechos, hace varios meses, yo estaba en una de mis peores crisis, y hasta había intentado quitarme la vida, por lo que terminé internado en un hospital de San José. Bajo los efectos del alcohol y drogas, respondí a la presión social de las otras personas que estaban conmigo ese lamentable día, realizando esta terrible acción”, agregó en aquel momento.
El 26 de agosto, Saborío fue arrestado en Trejos Montealegre de Escazú, y posteriormente recibió como medidas cautelares firmar una vez al mes, mantener un domicilio fijo y la prohibición de acercarse a animales o mascotas.
La Fiscalía contempló que el caso se tramitara vía Justicia Restaurativa, es decir, que el ofensor asumiera la responsabilidad de los daños causados y se sometiera a un tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, siempre y cuando así se acordara en una reunión restaurativa entre las partes del proceso. No obstante, las asociaciones querellantes no aceptaron dicha propuesta.
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En setiembre pasado, la audiencia preliminar para definir si el caso iba a juicio fue suspendida, pues el Juzgado Penal debía revisar las asociaciones querellantes estaban debidamente inscritas ante el Registro Judicial, revisión que culminó a favor de la parte querellante. Dicha audiencia se concretó este miércoles con la elevación a juicio.
Tras lo resuelto, el presidente de ACAN opinó que “la Fiscalía se ha alineado a lo correspondiente en este caso, pues antes estaba con una posición totalmente errada”.
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Este nuevo juicio se sumará a los procesos judiciales relevantes que han trascendido a nivel nacional desde que se aprobó en el 2017 la Ley de Bienestar de los Animales.
En enero del 2018, un hombre fue procesado en Guanacaste por supuestamente haber lesionado a un perro con una motoguadaña. Sin embargo, el Tribunal Penal lo absolvió al considerar que la acción del sujeto se trató de un reflejo de defensa frente al canino.
Asimismo, en julio del 2019, en Atenas, una mujer acusada por supuestos maltratos a un perro, quien fue amarrado hasta sufrir lesiones en el cuello y desnutrición, fue absuelta porque el juez no pudo acreditar quién amarró al perro, ni cuándo lo hizo.
