Judiciales

Guía de ‘tour’ ilegal que dejó tres excursionistas fallecidas sigue activo

Hombre de apellidos Rodríguez Mendoza habría realizado el tour donde tres mujeres fueron arrastradas por el río Toro, en Venecia de San Carlos, pese a eso, sigue participando en incursiones al mismo lugar

Un individuo de apellidos Rodríguez Mendoza es el principal sospechoso de realizar una expedición informal al río Toro el 3 de noviembre 2019, donde fallecieron tres mujeres al ser arrastradas por una crecida del caudal. A pesar de que la Policía Judicial confirma que por este asunto hay una causa abierta en su contra por presunto homicidio culposo y desobediencia a la autoridad, el hombre continúa coordinando expediciones a esta misma zona restringida, sin acceso al público, ubicada en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, en Venecia de San Carlos.

Mediante la página de Instagram @conocedorescr, que cuenta con 89.000 seguidores, el investigado, de 29 años, continúa activo en expediciones a cataratas, volcanes y montañas, en las que cobran precios que van desde los ¢12.000 hasta los ¢49.000. Rodríguez aparece en videos y publicaciones tanto en Instragram como en Tik Tok, y la cuenta aclara en sus stories que él es “la voz” de las publicaciones en ambas redes. El investigado, en su cuenta personal, se presenta como “guía de montaña” y “creador de contenido para @conocedorescr”.

Con el objetivo de reservar espacio en las excursiones, la página habilita un número de teléfono vinculado a una cuenta de WhatsApp empresarial. No obstante, al realizar transferencias mediante Sinpe Móvil a dicho número telefónico, aparece como propietaria la esposa de Rodríguez, una mujer de 25 años.

En ese mismo WhatsApp empresarial, en sus políticas de cancelación, la página asegura que no se responsabiliza por los accidentes que representen un perjuicio para los participantes en las expediciones. Para este domingo 24 de octubre promocionaron una expedición a “Catarata Vuelta al Cañon” por ¢27.000, que según la madre de una de las fallecidas en 2019, es el mismo lugar en el que ocurrió el fatídico accidente.

Este lugar es de acceso restringido por varios motivos: por un lado, por su gran peligrosidad, pues allí se ubica la Planta Hidroeléctrica Toro II del Instituto Costarricense de Electricidad, lo que provoca que los flujos de agua puedan cambiar rápidamente. Pero además, se trata de un parque nacional con un delicado equilibrio ecológico, donde hay poblaciones autóctonas de flora y fauna, y la interferencia humana, incluyendo la basura que queda en el lugar y la extracción de flora o fauna, representan una amenaza para el sistema.

Rodríguez incluso cuenta con antecedentes de irrupción en parques nacionales, pues según registros de los guardaparques del Parque Nacional Volcán Poás, el investigado fue detenido el 14 de abril de 2019 en un tour ilegal dentro de las zonas restringidas del volcán. El funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Víctor Solís, aclaró que, cuando a una persona se le detiene por irrupción en un parque, se le advierte de su falta y se le incluye dentro de una lista de seguimiento.

En ese momento, Rodríguez no se identificó como guía, no obstante, por su comportamiento, los guardaparques lo señalaron en la base de datos como posible coordinador de las incursiones. “Nosotros sabemos que la mayoría de los grupos van con un guía, pero no tenemos alguien que diga ‘mirá, ese es el guía y le pagamos tanto’. Pero nosotros los marcamos como posibles guías porque es posible que los lleguemos a encontrar en el mismo o en otro sitio”, explicó Solís.

La Nación intentó contactar con Rodríguez para consignar su declaración, no obstante, de los nueve números telefónicos que han estado a su nombre, cinco ya no existen, dos no corresponden al investigado y en dos más, aunque el teléfono timbró, la llamada no fue atendida. Asimismo, se intentó llamar al teléfono habilitado por @conocedores, pero tampoco contestaron.

Fiscalía no extendió medidas cautelares, pese a insistencia de familias demandantes

La abogada Jeannette Salazar representa a las tres familias demandantes, cuya hijas Paula Rodríguez, Ione Meléndez y Amanda Wu, fallecieron en el tour presuntamente organizado por Rodríguez Mendoza. La abogada Salazar reclamó que “es una negligencia de la Fiscalía” que el investigado siga brindando servicios de guía turístico, “eso está grave”, señaló.

“Cuando al muchacho se le denunció, se solicitaron medidas cautelares y le impusieron medidas por seis meses de no cometer reiteración delictiva, que sería no volver a ofrecer los mismos servicios. Antes de que esos seis meses se vencieran, la fiscal tenía que pedir la prórroga de esas medidas, pero no lo hizo, y no se prorrogó. Este muchacho salió como si nada”, explicó Salazar.

La abogada de las familias detalló que “mandamos pruebas a la Fiscalía para ver si vuelven a pedir medida cautelar, pero no, cuando ya se ha demostrado que sigue en una reiteración delictiva”.

La Nación consultó al Poder Judicial sobre la no renovación de medidas cautelares y el estado actual de la investigación. Al respecto, las autoridades justificaron que “tras una valoración específica del caso, se ha determinado que, de momento, la persona investigada puede mantenerse apegada al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”. Además, señalaron que “el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, fase que no es pública, por lo que no es posible brindar mayores detalles del caso”.

La abogada Salazar reclamó que a Rodríguez “poco le importó que tenga una causa abierta que le podría someter a años de prisión, porque son tres homicidios culposos. Me llama la atención la gravedad del caso y la tranquilidad de él para continuar ofreciendo el servicio y exponer a otras personas”.

El artículo 117 del Código Penal de Costa Rica cita que “se impondrá prisión de seis meses a ocho años a quien por culpa mate a otro”, no obstante, como aclara el mismo código, “el tribunal deberá tomar en cuenta el grado de culpa y el número de víctimas”, es decir, en una hipotética pena, se deben considerar las personas fallecidas, dos de ellas de 22 años y una de 27 años.

Además, dicha ley tipifica que “al autor del homicidio culposo también se le impondrá inhabilitación de uno a cinco años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho”.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Róger Bolaños Vargas es bachiller en Periodismo en la Universidad de Costa Rica, donde también estudia Economía.