Escuchar
La Contraloría General de la República (CGR), querellante en una vieja causa que data del 2011, por presuntos pagos irregulares del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a la empresa H Solís, se opuso el pasado 16 de agosto a una conciliación, por lo que el caso será analizado de nuevo para ver si va a juicio.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tampoco aceptó la propuesta de arreglo extrajudicial planteada por la constructora desde 2017, con la intención de cerrar el caso.
Este asunto tiene que ver con un pago adelantado de casi ¢1.000 millones que le hizo el Conavi a H Solís, en diciembre del 2011, por obras que se concluyeron hasta el 2013.
H Solís había propuesto pagar los ¢163 millones que reclama el Estado y así, cerrar el caso sin necesidad de ir a juicio.
Sin embargo, en la audiencia de conciliación que estaba programada para desarrollarse, entre el 16 y el 18 de agosto pasado, en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Gestión Pública, en Goicoechea, la CGR y el Ministerio Público expresaron su negativa, y esta tuvo que concluir el primer día, poco después de que iniciara.
La Contraloría informó de que los motivos y razones jurídicas para no conciliar con H Solís fueron expuestos ante la autoridad correspondiente y que buscan “la tutela de la Hacienda Pública”.
Insistió en que, por tratarse de una audiencia preliminar privada, no se podía referir a los detalles.
Para Francisco Campos Aguilar, abogado defensor de la empresa H Solís, el caso se volvió arbitrario, pues después de tantos años, ahora la Contraloría alega que hay “órdenes superiores para que no se admita la medida alterna”.
De igual forma, cuestionó que el representante de la Fiscalía, entidad que anteriormente había estado de acuerdo con una salida alterna al juicio, ahora también diga que se opone, sin explicar las razones del cambio.
“Si en algo tan simple como un pago irregular no se han puesto de acuerdo dos instituciones del Estado, imagínese cómo será en asuntos complejos como el Caso Cochinilla”, afirmó Campos Aguilar, quien acusa “deslealtad” a los acuerdos.
Así las cosas, el Tribunal de Apelación debe señalar fecha para una nueva vista oral, en la que se va a conocer el recurso de la Contraloría, donde cada parte expondrá su posición.
Usufructo del dinero
Esta investigación data de hace diez años, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó el pago irregular de contratos administrativos por parte del Conavi a Mélida Solís Vargas, dueña de H Solís.
El asunto se gestó durante el receso navideño del 2011, cuando el Conavi le pagó ¢956,6 millones a esa constructora como cancelación total de unas 5.000 toneladas de cemento tipo Portland.
Ese producto era para obras de ampliación en la autopista Bernardo Soto, en el tramo entre el aeropuerto Juan Santamaría y el restaurante Manolo’s, trabajos que terminaron hasta el 2013.
Según publicó el Semanario Universidad el 9 de agosto del 2016, para recuperar esos ¢956,6 millones, se tardaron 18 meses, mediante rebajos de facturas posteriores.
La denuncia indica que se tramitó la factura y el pago a la empresa constructora sin tener constancia de obras recibidas a satisfacción del Conavi, sin la firma del responsable de supervisión del proyecto y sin documentos de soporte de realización de los trabajos.
La causa se abrió desde el 2013, bajo el expediente 13-000045-621-PE (al cual se le acumuló la causa 15-000051-621-PE), referidas al pago irregular de contratos administrativos.
Aunque el Estado recuperó el dinero, la Contraloría cuantificó en ¢88 millones, el monto por cobrar a la empresa H Solís, como costo de oportunidad, porque la empresa tuvo durante año y medio el dinero del Estado, sin que la obra estuviera concluida.
Por estimar que no se trató de sustracción de dinero y para no ir a juicio, la empresa H Solís estuvo de acuerdo en pagar al Estado la suma establecida por la Contraloría, así como el daño social que estableció la Procuraduría General de la República (¢75 millones), para un monto total de ¢163 millones.
Cinco acusados
Además de la empresaria Mélida Solís, la causa va contra cuatro funcionarios del Conavi, incluido el ahora exgerente financiero, Carlos Solís Murillo, quien desde el pasado 14 de julio volvió a coincidir en denuncias con la empresaria, pues aparece como imputado en el Caso Cochinilla, el cual es totalmente ajeno a esta otra causa.
Junto a Mélida Solís Vargas y Carlos Solís Murillo, están acusados Marco Rojas Jenkins, quien era el gerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi; la analista presupuestaria Ana Ivette Campos Cerdas; y la jefa de ejecución presupuestaria, Málaky Mary de Fátima Aiza.
Según la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en esta causa se investigó y acusó el presunto delito de pago irregular de contratos administrativos.
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública pena con prisión de uno a tres años “al funcionario público que autorice, ordene, consienta, apruebe o permita pagos, a sabiendas de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por haber sido ejecutados o entregados defectuosamente, de acuerdo con los términos de la contratación, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica”.
La Fiscalía confirmó que Mélida Solís también figura como imputada en el proceso, pero al cierre de esta publicación no precisó las acciones que se le achacan.
Francisco Campos, defensor de H Solís, dijo que ese asunto debió haber terminado hace mucho tiempo, pero reiteró que van casi cuatro años en que la Contraloría y la Procuraduría no se ponen de acuerdo.
El defensor recordó que desde el año pasado el juez de instancia, Hugo Porter, resolvió que el único representante del Estado es la Procuraduría, de acuerdo con su ley orgánica, y que aunque la Contraloría tiene legitimación para participar en los procesos penales, es como coadyuvante y no como representación estatal.
Ante consultas de La Nación, la Procuraduría General de la República manifestó que desde el 2017 se conoció la propuesta de H Solís de pagar los ¢163 millones y que estuvo de acuerdo en aceptarla, al considerarla la más favorable para el Estado.
Empero, ahora que trasciende que la Contraloría se opone, la Procuraduría agregó: “Lo que se puede indicar es que lo que está solicitando, no atiende a una medida alterna, donde se busca la solución del conflicto, si no que la Contraloría busca prácticamente que se impongan sanciones, que no van acorde con la salida al proceso que se está conociendo.
“Buscar sanciones a través de medidas alternas causa un desequilibrio en la causa, imponiendo responsabilidad en una etapa donde no se ha juzgado por parte de un Tribunal”.
Hay una ‘orden superior’ para echar atrás, alega abogado de H Solís
El abogado de la constructora, Francisco Campos, sostiene que la empresa le giró la orden de buscar una negociación con la Procuraduría General de la República, al considerar que “era un hecho en que no había ningún robo, ni sustracción de fondos, sino que era un tema de costo de oportunidad”.
Luego la Procuraduría de la Ética Pública le aceptó el planteamiento de pagar la totalidad del daño material, que eran los ¢88 millones, así como los ¢75 millones establecidos por daño social.
“H Solís me dijo que una causa penal podía generar problemas adicionales para una empresa que vive del sector financiero, entonces la orden fue paremos esto”, expresó Campos.
Añadió que si bien la empresa podía pelear en un juicio, no había interés de llevarlo a debate. Fue ahí cuando comenzó el estira y encoge que todavía se mantiene.
Ahora este proceso se juntó con el Caso Cochinilla y aunque según Campos se cumplen todos los presupuestos legales para cerrar el viejo caso, el ambiente se torna difícil.
Sostiene que en la primera audiencia se hablaba de una reparación integral y no una conciliación, pues se cancelaba al Estado todo y se cubría a la totalidad de los imputados.
Luego, otro juez no aceptó esa figura jurídica de reparación integral y entonces H Solís planteó la medida de conciliación, pero ahora la Contraloría se opone y alega que “la orden superior es que no se admita ninguna medida alterna, es decir, no da una sola justificación”, destacó.
Recordó que anteriormente la Contraloría aceptó otra medida alterna, llamada suspensión del proceso a prueba, pero exigía que, como parte del plan reparador, hubiese una inhabilitación voluntaria de H Solís para contratar con el Estado, a lo que Campos se opuso por estimarlo absurdo, e insistió en la reparación integral, medida que esa vez fue aceptada por el resto de las partes.
“El Ministerio Público no se opuso a esa salida alterna, como sí ocurre en la actualidad. Veo que no hay un principio de lealtad de las partes’', argumentó Campos.
Ahora alegan que es por una orden superior, pero no dicen si es de Glenn Calvo, que es el superior inmediato o don Carlos Meléndez, fiscal adjunto de probidad, agregó.
Campos adelantó que van a insistir en homologar el acuerdo por conciliar. Si el tribunal lo confirma, H Solís tendría 48 horas para cumplir con el pago y se dictaría sobreseimiento definitivo, caso contrario, todo vuelve a empezar.
Mélida Solís asistió
En la reciente vista de conciliación estuvo presente la empresaria Mélida Solís, quien fue trasladada a Goicoechea, ya que en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling, donde descuenta prisión preventiva por el Caso Cochinilla, no había forma de establecer comunicación virtual.
El Ministerio de Justicia confirmó de que Solís salió el lunes 16 de agosto, en la mañana, de su celda, en San Rafael Arriba de Desamparados, a una práctica judicial y retornó tres horas más tarde.
“Como estuvo fuera del centro menos de 24 horas, regresó al módulo asignado”, explicó el Ministerio, al indicar que esta vez no fue necesario enviarla por 14 días al espacio de aislamiento que establece el protocolo carcelario por la covid–19.
Añadió que Solís permanece con control médico regular, que se le brinda en la clínica del centro, al igual que al resto de personas privadas de libertad.
Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.
