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Dos abogados defensores de los acusados por el Caso Cochinilla consideraron que la Fiscalía se apresuró al presentar, este 29 de abril, la acusación de uno de los expedientes por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor, así como la solicitud de apertura a juicio.
El Ministerio Público acusó a siete personas físicas y dos jurídicas, por supuestos pagos de dádivas por parte de MECO a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a través de una empresa llamada Trac Pesados S. A.
Erick Ramos, defensor de Carlos Cerdas, dueño de MECO, señaló a La Nación que la Fiscalía realizó un “maquillaje en torno a la opinión pública” y apresuró el proceso “de manera irracional e ilícita”.
Para Ramos, el actuar del Ministerio Público fue irregular, pues presentaron la acusación mediante un testimonio a piezas, lo que rompe con el orden correcto del proceso penal.
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El abogado consideró que este error podría provocar problemas procesales más adelante. Agregó que la acusación tiene “severos problemas” de imputación, lo cual violenta el artículo 303 del Código Procesal Penal. Dicha ley dice que una acusación debe contener la relación “precisa y circunstanciada” del hecho atribuido, la fundamentación, entre otros elementos.
Fernando Apuy, abogado del gerente financiero de Conavi, Carlos Solís Murillo, señaló que la investigación aún no ha terminando, y supuso que el Ministerio Público “quería hacer un adelanto de lo que va a ser su acusación completa”.
Apuy aseguró que hay bastante prueba de la defensa que el Juzgado Penal no ha revisado, por lo que la acusación no podrá demostrar ningún hecho acusado.
En la audiencia preliminar, el Juzgado Penal de Hacienda decidirá si acoge o no la solicitud del Ministerio Público de ir a juicio.
