Judiciales

Fiscalía pide absolutoria por duda para tres imputados por supuesta estafa en hospitales

Petición se planteó en la etapa de conclusiones en el juicio del caso llamado CCSS-Synthes que se realiza en Tribunales de San José; Caja insiste en responsabilidad penal de los imputados y civil de la empresa

El Ministerio Público solicitó absolutoria por duda para tres personas acusadas en una presunta estafa con compras fantasmas, hechas entre el 2009 al 2011 en los hospitales Calderón Guardia y el Max Peralta.

La gestión la hizo pública el miércoles la fiscala Yorleny Matamoros durante la etapa de conclusiones del juicio del denominado caso Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)- empresa Synthes, que se lleva a cabo en el Tribunal de Juicio de San José.

Los beneficiados con la petición fiscal son el empresario de origen cubano Lorenzo Castaño Suárez, quien era el encargado de las relaciones comerciales de Synthes; Johan Masís Arrieta, vendedor de la empresa y exfuncionario del Hospital Max Peralta de Cartago; y Edwar Aguilar Alcócer, gerente de línea de Synthes y vinculado con la materia de ventas.

A los implicados se les atribuyeron los presuntos delitos de estafa mayor y tentativa de estafa mayor.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, ante consultas de La Nación, detalló que la solicitud se fundamentó en que, pese a la cantidad de prueba testimonial y documental expuesta en debate, no fue posible establecer la responsabilidad de los imputados.

"Aunque se demostró una serie de inconsistencias en la facturación de los insumos ortopédicos presentada por la empresa ante la Caja, con la evidencia aportada en juicio no se acreditó que los imputados tuvieran conocimiento de las irregularidades en esas facturas.

"Específicamente, (...) no se demostró que Castaño girara órdenes para que a esas facturas se les diera un trámite determinado, y tampoco se estableció que el acusado firmara alguno de los documentos.

“En cuanto a Aguilar y Masís, con la prueba que se evacuó en el juicio no se logró acreditar que estuvieran enterados de las irregularidades de las facturas; además de que, por la naturaleza de sus funciones, la evidencia descartó que tuvieran acceso a los sistemas de facturación de la compañía”.

Por su parte, los abogados Federico Campos y Daniela Vargas, codefensores de Castaño, tras conocer la gestión mostraron su satisfacción, pese a que el debate aún no finaliza, pues todavía deben concluir el abogado de la CCSS, William Rodríguez, así como los defensores y el representante legal de Synthes.

Federico Campos al ahondar en la petición dijo: “En el juicio quedó patente la inocencia de don Lorenzo Castaño y la fiscal de juicio muy objetiva pidió absolutoria.

"Lamentablemente la investigación fue pésima y puso en el banquillo de los acusados a las personas equivocadas. Dentro de los hospitales de la CCSS hay funcionarios honestos, pero también hay una corrupción enorme y, en este caso a esos funcionarios verdaderos responsables de todo, ni siquiera se les denunció nunca, ni se les investigó”.

“Tenemos plena confianza en el tribunal de juicio quienes apegados a la legalidad van a acoger esta solicitud de la Fiscalía, ya que son juezas y un juez de mucha experiencia y formación académica, y no dudamos de su objetividad”.

William Rodríguez, abogado de la Caja en el juicio se mostró confundido y discrepó de la posición del Ministerio Público.

“Casi me da un infarto. El Ministerio Público pidió absolutoria contra los tres imputados. Dice que no se comprobó (el delito). Yo estoy haciendo conclusiones y estoy probando todos y cada uno de los daños ocasionados a la Caja. No sé el Ministerio Público qué fue lo que hizo”, agregó.

Rodríguez insistió en que sí hay pruebas contundentes, donde se demuestra el daño patrimonial que se le ocasionó a la CCSS. Entre ellos citó informes de la Auditoría de la CCSS, pruebas periciales, documentales y testimoniales.

El abogado admitió que la Fiscalía, para formular la solicitud, se basó en un informe que rindió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual dijo tiene limitaciones porque los oficiales nunca tuvieron acceso a los expedientes de salud, que son confidenciales.

En cambio señaló que hay otro informe elaborado por Auditoría de la Caja que sí tiene más elementos probatorios. “Ellos, por ser funcionarios de la CCSS sí tienen acceso al expediente (de salud), porque la CCSS tiene unos especialistas médicos en el campo, entonces los ortopedistas, junto con los auditores, tuvieron el expediente de salud, junto con la factura y cuantificaron el daño. Cuando se hace la nota operatoria, ahí se consigna cuáles fueron los insumos que se utilizaron.

“Los auditores de la Caja, dieron una declaración enorme. Ellos concluyeron y demostraron el daño patrimonial, pero yo no sé porqué la Fiscalía no se apoyó en las pruebas periciales de la Caja para haber pedido la condenatoria.

"A mí lo que me preocupa ahora es que el Ministerio Público presenta acusaciones, se trajo al gerente de Estados Unidos (Castaño) y lo tuvo en prisión preventiva y ahora venga a pedir una absolutoria. Imagínese la contrademanda que se viene para el Estado, con daño moral.

“Yo digo, este juicio fue un juicio por tramitación compleja, donde duramos más de siete meses en debate y ahora pidan la absolutoria porque no se demostró el delito”, añadió.

Rodríguez que terminó de exponer los argumentos la tarde del jueves, pidió al tribunal apartarse de la solicitud de absolutoria y que se condena a los acusados. Asimismo, que se condene a la empresa Synthes al pago de los daños ocasionados a la institución, que inicialme se habían estimado en cerca de $6 millones (¢3.600 millones), pero este jueves Rodríguez estimó en $2.6 millones (¢1.600 millones).

Para este viernes está previsto qque concluyan los defensores de los tres imputados y el representante legal de Synthes. Posteriormente, el tribunal que dirige el debate y está integrado por Ricardo Guevara Muñoz, Ilem Meléndez Monge y Jéssica Hernández Elizondo, deberá emitir la sentencia.

El llamado caso CCSS- Synthes se hizo público en enero del 2014, aunque los hechos se dieron en el Hospital Calderón Guardia y Max Peralta entre los años 2009 y el 2011.

El caso investigó la tramitación de facturas por la compra de insumos para operaciones de Ortopedia, desde clavos hasta prótesis de cadera pues, presuntamente, la empresa habría usado nombres de fallecidos o pacientes de otras especialidades para cobrar las facturas.

La acción judicial se abrió contra Castaño que era el encargado de las relaciones comerciales de Synthes con la CCSS y firmaba los contratos, licitaciones y adjudicaciones para compra de insumos de ortopedia.

Este hombre salió del país en marzo del 2018, por lo cual se giró orden de captura internacional. Autoridades migratorias de Estados Unidos lo ubicaron en Miami, y lo extraditaron el 2 de abril del 2019. Desde ese momento estuvo en prisión preventiva, hasta hace unos tres meses cuando le concedieron arresto domiciliario.

Los otros implicados Aguilar Alcóser ocupó el cargo de jefe de ventas de traumas de Synthes del 2009 al 2013 y Masís Arrieta fue vendedor de Synthes entre el 2009 al 2013 y tuvo a cargo la venta de insumos ortopédicos al Hospital Calderón Guardia.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.