EscucharUna denuncia dio pie para que la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen abriera una investigación contra el grupo Aldesa por el presunto delito de quiebra fraudulenta. En la actualidad la causa, que se sigue dentro del expediente 22–000362–1220–PE, se encuentra en la etapa de”recolección y análisis de prueba”.
La información fue divulgada este jueves por el medio digital CRHoy y después ratificada a La Nación por la oficina de prensa del Ministerio Público, que precisó que “por ahora no es posible dar mayores detalles en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”. Ante esa circunstancia, se desconoce quién presentó la denuncia, en qué términos o si se trata de una gestión anónima.
El pasado 22 de julio, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la compañía, debido a la imposibilidad que tenía de pagar sus deudas de $200 millones con al menos 600 inversionistas. Según consta dentro de la sentencia 2022-000190, “se ordena la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y representación de los representantes legales de todas las sociedades que integran el grupo de interés económico Aldesa, quienes quedan inhibidos de la legitimación para disponer de los bienes concursales y obligar a la masa del concurso, se ordena la disolución y desinscripción de los registros públicos”,
La resolución también estableció la separación de los administradores y representantes de las 24 sociedades anónimas del grupo entre las que destacan Aldesa Corporación de Inversiones, Desarrollo ZF Coyol, Graviton Energy, Hotel Monte del Barco, Terra Verbena, Terramall, entre otras. Todas las empresas quedaron bajo la administración de un liquidador que fue nombrado por el Juzgado.
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Aldesa fue fundada en 1968 como una firma en asesoría bursátil y, cuando la empresa dio el paso al mercado de valores público, a finales de la década de 1990, fue cuando empezó a crecer de manera relevante y a estructurar iniciativas de inversión, públicas y privadas.
Problemas
Los problemas de la compañía salieron a la luz pública el 8 de marzo del 2019, cuando Javier Chaves, presidente de la compañía, acudió al Juzgado Concursal y solicitó la intervención judicial para enfrentar problemas de liquidez que arrastra la empresa desde 2018. La mayoría de la deuda eran con el proyecto inmobiliario Monte del Barco, ubicado en el Polo Turístico de Papagayo, en Guanacaste.
La firma captó dinero para esa iniciativa tanto de manera privada, mediante Aldesa Corporación de Inversiones, así como con las sociedades bajo la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval): Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Sin embargo, las dificultades de la empresa pasaron de la vía financiera a la legal cuando el Juzgado rechazó la intervención judicial y transformó el caso en un convenio preventivo de acreedores por solicitud de la empresa, eso significaba que las personas y compañías que invirtieron en Aldesa serían las que aprobarían el plan de salvamento.
No obstante, los inversionistas de Aldesa nunca pudieron decidir sobre el planteamiento para salvarlas, a raíz de los cientos de apelaciones presentadas por las partes. El cúmulo de trámites sin resolver llevaron a la jueza Jennifer Isabel Arroyo, coordinadora del Juzgado Concursal y quien declaró la quiebra de la compañía, a acudir al Consejo Superior del Poder Judicial, en marzo del año pasado, a denunciar los problemas que Aldesa provocaba.
El 20 de junio anterior, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispuso revocar la autorización de oferta pública del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, principal proyecto de Aldesa, por considerar la iniciativa “inviable financieramente al encontrase en quiebra técnica”.
La decisión del Consejo se tomó después de la recomendación dada por el interventor Alicio Rodríguez, quien además concluyó que el proyecto es imposible de desarrollar e incapaz de cancelar las deudas actuales con sus inversionistas y los gastos operativos. La empresa bursátil estaba bajo intervención desde agosto del 2021.
