José Fabio Pizarro Espinoza, exdirector de la Fuerza Pública, fue condenado en mayo del 2018 a diez años de prisión por integrar una banda narcotraficante que, entre febrero y junio del 2017, movilizó cocaína por tierra hasta Santa Cruz, Guanacaste, para luego exportarla en avionetas desde pistas clandestinas. Él aceptó toda su responsabilidad y se acogió a un proceso abreviado, lo cual le permitió conseguir una pena baja y evitar un juicio oral y público.
Sin embargo, a dos años de estar preso, comenzó una lucha por conseguir su libertad. En tres ocasiones distribuidas entre abril del 2020 y marzo del 2021, el expolicía pidió al Instituto Nacional de Criminología (INC), ente adscrito al Ministerio de Justicia y Paz encargado de otorgar beneficios carcelarios, que revisara su caso para valorar un cambio de modalidad; es decir, salir de la cárcel hacia un centro semiabierto.
Justicia informó de que la primera valoración ordinaria que se le hizo a Pizarro fue el 17 de abril del 2020, pero en la sesión 5625 se le denegó el beneficio. “El resultado fue mantenerlo en el nivel institucional, porque no cumplía con los supuestos para el cambio de nivel”, indicó esa entidad. La segunda fue extraordinaria, ya que el preso alegó razones humanitarias para pedir su salida de prisión. Esta fue presentada el 17 de febrero del 2021 y en la sesión 5673 también se le rechazó.
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La última valoración que se tiene contabilizada en el INC se dio el 17 de marzo de este año, cuando el exdirector presentó un incidente de queja contra el resultado de la valoración extraordinaria. No obstante, de nuevo, en la sesión 5759 su solicitud fue denegada, lo cual significa que debe continuar en prisión.
Más recientemente, el 8 de diciembre pasado, Pizarro también acudió al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, en donde presentó un incidente de libertad condicional, según confirmó el Poder Judicial, por medio de su oficina de prensa. Esta solicitud aún se encuentra en trámite y no hay un tiempo establecido para que sea resuelta. Mientras ese incidente se resuelve, Pizarro fue reubicado a la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en Alajuela, desde el 11 de diciembre anterior.
Acudió a magistrados
Pero esas ocasiones no han sido las únicas en las que Pizarro ha intentado, al menos, reducir la condena. Según la sentencia 151-2019 del 15 de febrero del 2019, de la Sala Tercera, José Fabio Pizarro solicitó a los magistrados que revisaran la sentencia, pues a su criterio el tribunal que lo juzgó violentó el principio de legalidad al no considerar la imposición de una pena mínima (8 años), pese a su “impecable récord” como exdirector de la Fuerza Pública.
Asimismo, aseguró: “Se quebrantó el deber de objetividad, pues en ningún estado de la investigación se demostró que cometí los delitos atribuidos; el tribunal hizo una inclusión hipotética de los hechos, sin prueba que me incriminara”.
Para Pizarro, “el Ministerio Público incumplió su deber de objetividad, toda vez que no tomó en cuenta circunstancias que me favorecían para una pena mínima de ocho años de prisión, a saber, mi récord impresionante como persona y funcionario público durante 18 años al servicio del Ministerio de Seguridad Pública y Planes y Operaciones de ese ministerio, donde, bajo mi dirección, se decomisaron más de 80 toneladas de cocaína.
“(...) La condena en mi perjuicio no debió basarse en la simple aceptación de cargos, sino en la prueba legalmente incorporada durante la investigación, por lo que debieron aplicarme una pena mínima de prisión, rebajada en un tercio, o sea, 64 meses de prisión (cinco años y tres meses)”.
El exdirector de la Fuerza Pública consideró que el tribunal debió valorar mejor las pruebas y argumentó que el proceso en su contra “fue un show político”. Pero, más allá de sus argumentos, en ese fallo, la Sala Tercera declaró inadmisible su petición y con ello quedó en firme su sentencia de diez años de cárcel.
Su captura
Fabio Pizarro fue detenido el 21 de junio del 2017 cuando, junto con otro individuo identificado como Víctor Hugo Pineda Hernández, escoltaba un camión ganadero que transportaba 237 kilos de cocaína. El vehículo circulaba por la ruta 27 a su paso por el cantón de Orotina, en Alajuela. En el vehículo pesado viajaban dos hombres, de apellidos Monterrey Potoy y Cantillo Mora, mientras que en un automóvil Hyundai Tucson modelo 2016, iban Pizarro y Pineda.
Además de la droga, que iba oculta en un doble forro del camión, la Policía se incautó de dos ametralladoras, un sistema de geolocalización satelital (GPS), radios de comunicación y una pistola calibre .45.
Según la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (Facdo), los imputados integraron una banda que, entre febrero y junio del 2017, movilizó cocaína por tierra hasta Santa Cruz, para luego exportarla en avionetas desde pistas clandestinas.
Por estos hechos, Pizarro y Pineda se sometieron a un proceso abreviado y recibieron una condena de 10 años de cárcel cada uno. En tanto, Monterrey, Cantillo, Guerrero Pierce, Quesada Salvatierra y Camacho Calderón (otros imputados detenidos posteriormente) aceptaron, el 20 de diciembre del 2017, en otro proceso abreviado, someterse a una condena de siete años los dos primeros, y de seis años y seis meses los otros tres.
Las sentencias las dictó el Tribunal Penal de Santa Cruz, Guanacaste.
Colaboró con esta información el periodista Carlos Arguedas