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En momentos en que la Corte Suprema de Justicia está cerca de nombrar a la persona que encabezará la Fiscalía General por los próximos cuatro años, un panel de expertos considera que el proceso de selección tiene falencias e incongruencias que abren portillos a personas sin la idoneidad que requiere el cargo, tales como el hecho de que la entrevista personal determina si un aspirante es elegible o no.
El 23 de agosto del 2021 comenzó el proceso para elegir a quien ocupará la plaza dejada por la fiscala general, Emilia Navas, quien en julio de ese año se acogió a su pensión. De momento hay 11 personas elegibles, la mitad de las 22 que en un inicio presentaron sus atestados.
Para dar seguimiento al mecanismo de selección, en junio del 2021 se estableció un panel de expertos, impulsado por el Foro de Justicia de Costa Rica, un espacio de analistas entre ellos la Asociación Costarricense de la Judicatura, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación, que buscan aportar insumos técnicos para el fortalecimiento de la administración de justicia, con base en el Derecho internacional.
Ese grupo encontró debilidades en el proceo que no garantizan una selección conforme a los principios y estándares internacionales. “En opinión de este panel, no responde a las actuales necesidades del Estado de Derecho y del régimen democrático en Costa Rica, ni a las legítimas expectativas de la sociedad civil”.
Puntaje en duda
Por ejemplo, los analistas cuestionan la ausencia de un instrumento público que establezca criterios objetivos o describa la metodología que se utiliza para asignar el puntaje de la entrevista. “No existen parámetros que le aclaren a la ciudadanía y a los demás candidatos y candidatas en concurso, por qué una persona recibe un determinado puntaje en la entrevista”, dice el informe.
Añaden que, como consecuencia de ello, varios aspirantes que obtuvieron nota alta en las etapas previas, quedaron excluidos del concurso por una entrevista que, a juicio de los juristas, tiene poca regulación y carece de parámetros objetivos que eviten tratos arbitrarios. Solo quienes obtuvieron nota igual o superior a 70 en la entrevista quedaron elegibles.
“Se ha observado una falta de uniformidad en las preguntas formuladas por las personas integrantes de la Comisión de Nombramiento, las cuales fueron enfiladas en distintas direcciones”, indica el estudio.
Por la ausencia de un perfil explícito, conocido por los evaluadores, el panel advirtió que las preguntas carecían de un eje central, eran dispersas, y en ocasiones incomprensibles para la audiencia.
Persona proba
Por ejemplo, dicen que la independencia de quien presida la Fiscalía debe ser garantizada, mediante la valoración adecuada de sus vínculos, no sólo con personas litigantes, sino también con grupos de poder político, empresarial, gremial, fáctico, o incluso con gente del crimen organizado.
A la luz de los hechos ocurridos en el país en años recientes, consideran prioritario prevenir cualquier relación que pueda poner en duda o en riesgo el actuar independiente de la Fiscalía General.
Destacan que el único cambio que se introdujo en las reglas del concurso para evitar que se repitan ese tipo de situaciones, consistió en exigir a las personas aspirantes dos declaraciones juradas, una sobre el cumplimiento de la regulación sobre conflictos de interés y la otra sobre parentesco con personas litigantes en materia penal o servidora judicial.
Para los analistas, la declaración jurada es insuficiente para descartar vínculos nocivos y la independencia del futuro fiscal o fiscala general, si no se tienen otros elementos públicos que permitan contrastarla.
Añaden que al haberse declarado “reservados” los estudios sociolaborales y de antecedentes, y no haberse rendido cuentas sobre la información presentada por la ciudadanía, es imposible conocer si se detectaron vínculos preocupantes. Tampoco se sabe cuál fue la determinación que la Comisión de Nombramiento tomó sobre ellos.
Valoración desequilibrada
Para los profesionales que analizaron el proceso, rasgos que no constituyen mérito alguno, como la edad, la nacionalidad, el bachillerato, la ciudadanía activa y otras, permiten que aspirantes no calificados, puedan obtener hasta el 70% del puntaje máximo y ocupar los primeros lugares, sin necesidad de demostrar objetivamente que tienen las capacidades para ejercer el cargo.
De igual forma, algunas personas previamente bien calificadas por sus atestados quedan minimizadas en el orden de méritos o directamente excluidas del concurso, por la nota obtenida durante su entrevista.
Todas esas deficiencias llevan a los juristas evaluadores a afirmar que el proceso carece de salvaguardas que garanticen el nombramiento de una persona competente e independiente en este cargo, y que se acerca más bien a un ritual sin contenido.
Fuertes casos pendientes
El informe cita escándalos de corrupción, como el referido a la importación de cemento chino, con presunto tráfico de influencias e inusitadas facilidades bancarias, conocido como el Cementazo, que lesionó fuertemente a la cúpula judicial y llevó a la destitución de un magistrado, la sanción de un segundo alto jerarca, y la renuncia de otros dos, los cuales optaron por acogerse a pensiones anticipadas.
Más recientemente, el asunto de presunta corrupción con obra pública, conocido como Caso Cochinilla, golpeó la jefatura del Ministerio Público a causa de un presunto conflicto de intereses entre la entonces fiscala general, Emilia Navas, y la defensa de varios acusados del grupo H. Solis, que está a cargo del esposo de Navas, Francisco Campos.
Ese caso reavivó el debate sobre las tramas o redes de intereses que eventualmente pueden operar en el Ministerio Público y en el Poder Judicial y precipitó la salida de Emilia Navas por el camino de la jubilación anticipada.
El panel concluyó que la debilidad fundamental consiste en la imposibilidad de discriminar entre las personas idóneas para ejercer el cargo y las que no tienen las competencias ni méritos para el mismo.
Por último, la falta de transparencia y paridad, así como la perspectiva de género, también destacan en el análisis del presente concurso, donde solo participaron tres mujeres y ninguna de ellas llegó a la fase de entrevistas. Aunque el cartel del concurso las exhortó a participar, no se adoptó ninguna medida concreta para promover su participación en el proceso.
Un tema de inevitable abordaje para el nuevo jerarca de la Fiscalía General será dar respuesta a un progresivo deterioro en indicadores de eficacia y duración de los procesos, según lo revelado en el último informe del Estado de la Justicia.
Los analistas a cargo del presente informe fueron Úrsula Indacochea Prevost, Sonia Navarro Solano, Manuel Antonio Solís Avendaño, Marlon Mora Jiménez y Ana Eugenia Sáenz Fernández, todos con trayectoria y experiencia en temas de justicia y gobernabilidad.
Recomiendan revisar el mecanismo de selección y promoverlo como asunto de interés público; impulsar la rendición de cuentas de los órganos evaluadores y electores y lograr una mayor difusión del mecanismo de selección, así como del impacto que puede tener esa designación en la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía.
Pronta designación
En la sesión de Corte Plena del 8 de mayo se conocieron dos apelaciones presentadas por los aspirantes Francis Porras León y Juan Gabriel Hidalgo Hernández. Ambos recursos fueron rechazados por la Corte Plena, el proceso de notificación ya concluyó. En razón de ello, la Comisión de Nombramientos envió días atrás la nómina final a la Corte Plena para la designación del fiscal general.
En torno a los cuestionamientos que hizo el panel de juristas promovido por el Foro de Justicia de Costa Rica, se consultó al Poder Judicial pero la respuesta aún está en trámite.
