En privado comenzó juicio civil contra la Iglesia por supuesto encubrimiento a excura Mauricio Víquez

Tres hombres demandaron civilmente a Quirós, a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José y a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, de modo que este viernes empezó el proceso civil en el nuevo edificio de los Tribunales de San José, al costado norte de la Corte Suprema de Justicia.

Por razones de aforo, debido a la pandemia; lo pequeño de la sala en el tercer piso, y por una solicitud planteada por los representantes de la iglesia y acogida por los jueces, a la prensa solo se le permitió entrar a hacer tomas y fotos durante cinco minutos.

Por parte de la Iglesia declaró el arzobispo José Rafael Quirós. Le acompañó un abogado de la Conferencia Episcopal y otro de la Curia Arzobispal. También llegó el demandante con su abogado Rodolfo Alvarado Moreno. Luego de la declaración del demandante, el arzobispo y los testigos, se procedió con las conclusiones y a las 3:42 p. m. se terminó el debate. Ahora se está a la espera de la sentencia, en una fecha que aún no ha sido precisada por el Tribunal.

Cada uno de los tres demandantes exige el pago de ¢100 millones, según la denuncia presentada desde noviembre del año anterior en el Tribunal Civil del I Circuito Judicial de San José. Los tres casos se tramitan en expedientes separados.

El presente juicio abarca solo al demandante de apellidos Muñoz Quirós, primera de las supuestas víctimas que tendrán juicios por aparte.

Rodolfo Alvarado, abogado de Muñoz, afirmó al terminar las conclusiones que los abogados de la Iglesia coincidieron en que son muy graves los hechos atribuidos al excura. También dijo que los jueces tuvieron que hacer un careo entre el testigo Anthony Abarca Venegas y el arzobispo Quirós para tener clara la posición sobre la denuncia que le presentaron contra el exsacerdote.

Agregó que Quirós admitió haber recibido la denuncia en el 2003, cuando era vicario general de la curia arzobispal y que la trasladó al arzobispo de aquel entoces, Hugo Barrantes Ureña.

“La Iglesia católica, desoyendo las indicaciones dadas por el Vaticano y sobre todo por el papa Francisco, en el sentido de que ese tipo de situaciones deben ser resarcidas y pagadas por la Iglesia, no quiere pagar absolutamente nada, diciendo que los hechos están prescritos, lo cual me parece gravísimo”, agregó Alvarado.

Insiste en que desde los años 2002 y 2003 la iglesia conocía de la existencia de esos delitos perpetrados en vehículos, residencias y templos de su propiedad y nunca hizo nada para evitarlos.

El señalamiento de las víctimas establece que la Iglesia católica ha sido “permisiva, complaciente y cómplice” en el caso del excura Mauricio Víquez y por esa razón piden que se responda por los hechos señalados.

Jason Granados, vocero de la Iglesia, afirmó que no se van a referir al caso, hasta que se tenga en firme la decisión que tomen los jueces.

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El reclamo fue presentado desde el 17 de mayo del 2019 y es totalmente aparte y diferente de la causa penal que en paralelo se desarrolla por parte de los tribunales de Desamparados contra el exsacerdote Víquez, interpuesta por un hombre de apellidos Alvarado Quirós, por cinco delitos de abuso sexual.

En el juicio penal contra el excura Víquez ya se recibieron cuatro testigos de la defensa y todos los del Ministerio Público. Ese debate se desarrolló entre martes y jueves de esta semana y seguirá el martes 29 de marzo con la declaración de una psicóloga forense y otra testigo de la defensa.También el martes se incorporará prueba documental y existe probabilidad de que se inicien las conclusiones.

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