Defensores cuestionan intervenciones telefónicas durante audiencia por caso de corrupción en obras viales

En medio de cuestionamientos de abogados defensores, este miércoles prosiguió la audiencia de medidas cautelares contra 30 personas, detenidas el lunes por presuntos sobornos y beneficios indebidos en procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

El abogado Erick Ramos, defensor de personeros de la constructora MECO, dice que han encontrado una serie de imprecisiones, yerros y hechos prescritos en la investigación del Ministerio Público, las cuales harán valer ante el juez de garantías.

Aunque no puede ahondar en ellas, por estar en investigación, dice que los operativos fueron prematuros y débiles, pues solo están basados en intervenciones telefónicas, “sin una prueba pivote que acredite si lo que se dice en esas intervenciones ocurrió o no ocurrió”, ese el el principal aspecto, expresó.

Añadió que falta revisar los legajos de esas intervenciones y que precisamente están en eso, pues podría haber un problema de nulidad, ya que para realizar intervenciones telefónicas se deben cumplir los puntos que establece el artículo 3 de la Ley N.° 7425 , referida a Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.

En ese sentido, la Fiscalía informó de que al ser diligencias de investigación privadas, el Ministerio Público no profundizará, lo único que se puede mencionar es que fueron ordenadas por jueces de la República, en estricto apego a la ley.

El abogado Ramos estimó que al ritmo actual, la vista se podría extender hasta el sábado, pues todavía falta darle la palabra a cada defensor, dado que en estos primeros días la Fiscalía ha expuesto su posición.

Este asunto de presunta corrupción divulgado apenas este lunes, y conocido caso Cochinilla, hace referencia a la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad, la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.

Por este caso se investigan, de momento, los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso.

En la lista de detenidos figuran los máximos representantes de MECO y H. Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís, respectivamente; así como funcionarios del Conavi y trabajadores de otras constructoras privadas.

Mientras la audiencia se desarrollaba, la Fiscalía confirmó que también seguían activos cinco allanamientos: dos en el Conavi, uno en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, otro en MECO y el último en H. Solís.

La causa se sigue en el expediente 19-000025-1218-PE.

Más críticas

A las quejas planteadas por Erick Ramos, también se suma Francisco Campos, uno de los defensores de los funcionarios de H. Solís detenidos. En declaraciones a Telenoticias dice que la Fiscalía gestiona medidas cautelares sin que siquiera se les haya brindado acceso a las grabaciones o transcripciones de las llamadas telefónicas.

Por su parte, Juan Marco Rivero dijo a ese medio televisivo que siguen los allanamientos sin que los abogados o los detenidos estén presentes, lo cual atenta contra un derecho establecido en la legislación actual.

En el Ministerio Público salen al paso de estas declaraciones al decir que las acciones operativas que continúan en desarrollo no son en casas de habitación. Añaden que en esos sitios se encuentra un juez de garantías y un fiscal, encargados de velar por la legalidad.

Insisten en que durante la audiencia de medidas cautelares se expone tanto la posición de la defensa, como la argumentación del Ministerio Público, por lo que será el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el que resuelva al respecto.

La audiencia se retomó poco antes de las 10 a. m. de este miércoles y seguiría hasta horas de la noche, luego de que el martes se desarrolló entre la 1 p.m. y casi las 9 p. m. cuando se suspendió por la hora en que rige la restricción vehicular sanitaria.

Los abogados defensores coinciden en que a este ritmo se van a necesitar varios días antes de saber qué tipo de medidas se tomarán contra los 26 hombres y cuatro mujeres que desde el lunes están en celdas del OIJ, en el sótano del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.

Unos 25 abogados defensores, así como los representantes del Ministerio Público, los 30 sospechosos y la jueza confluyen en varias salas de los tribunales de Goicoechea, donde el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública desarrolla la audiencia.

Los detenidos son trasladados con sus manos esposadas desde celdas hasta la sala de audiencias y viceversa.

Sobre las condiciones sanitarias en las celdas, el abogado Erick Ramos dijo que aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace un gran esfuerzo, los detenidos no tienen las mejores condiciones para prevenir contagios por covid-19.

Posibles peticiones

Este miércoles, el Ministerio Público siguió con sus alegatos para pedir medidas cautelares tales como prisión preventiva, que podría implicar el arresto domiciliar mediante el uso de tobillera electrónica en algunos casos.

Otras medidas pueden ser firmar cada cierto tiempo en un juzgado, impedimento de salida del país o el pago de una fianza.

Por tratarse de un caso de trámite complejo, debido a la cantidad de imputados, se duplican los plazos del proceso penal, de modo que su resolución puede durar años.

Para tener una idea, en mayo del 2012 surgió la detención de funcionarios públicos y privados por el caso de la trocha fronteriza que se comenzó a construir luego de la invasión de Nicaragua a la isla Calero en el 2010.

De las 48 personas que la Fiscalía acusó, al final solo 13 irán a juicio y recientemente, nueve años después, el Poder Judicial dijo que aún no sabe cuándo se va a convocar ese debate.