Judiciales

Juez y defensor lanzan duras críticas a Justicia por inadecuada administración carcelaria

Funcionarios señalaron a Sala IV falta de voluntad de cartera para liberar cárceles; ministra descarta sacar reos e insiste en que el hacinamiento bajaría si se levantan cierres de prisiones

Un juez de Ejecución de la Pena de Alajuela y un defensor público lanzaron severas críticas al Ministerio de Justicia por la actual administración carcelaria, pues consideran que esta última es la responsable de que el sistema penitenciario esté sumido en una crisis de hacinamiento que ronda el 20,4%.

Los señalamientos lo hicieron durante una audiencia pública que hizo la Sala Constitucional para mejor resolver un recurso de habeas corpus interpuesto por Justicia. En la queja, la entidad busca levantar la orden de cierre definitivo de la cárcel San Sebastián, así como permitir la utilización de gimnasios de las Unidades de Atención Integral (UAI), para poder ubicar a reos que, actualmente, saturan las celdas judiciales.

Las críticas iban, en su mayoría, en reprochar el poco uso que se le da al régimen semiabierto (de confianza). Los funcionarios aseguraron que reubicar reos en ese nivel desahogaría las prisiones; sin embargo, agregó Danicio Fernández, defensor público, la administración actual no cree en la salida de los reclusos hacia un régimen semiinstitucional, lo cual provoca la sobrepoblación actual.

“No hay promoción de un programa cerrado a uno semiabierto. Hay una bola de nieve porque la administración actual no cree en el egreso (...) y eso generó una explosión”, explicó el defensor quien agregó: “Justicia no ha generado un hacinamiento como una condición excepcional del sistema, sino que lo ha normalizado para todos los centros”.

Por su parte, Juan Carlos Alvarado Miranda, juzgador que figura como recurrido en el expediente constitucional, aseguró que, como muestra del poco flujo entre régimenes, está que en el 2020 se dio una reubicación de más de 1.000 personas a los centros semiabiertos. Pero esa cifra, añadió, baja considerablemente en lo que llevamos de este año, cuando solo se ha dado beneficio carcelario a 511 privados de libertad.

“¿Qué significa esto? Que no hay ni una atención debida ni una preocupación (de Justicia) en la búsqueda de soluciones para liberar los centros penales (...) La administración penitenciaria no está cumpliendo con el deber y con la competencia de reubicación, y luego quieren hacer ver que los jueces obstaculizan todo, cuando no es así. Son ellos los que no hacen buen uso del funcionamiento del sistema penitenciario”, recalcó el juez.

Para Fiorella Salazar, ministra de la cartera, sacar reos de las cárceles para aliviar el hacinamiento no es ni tan siquiera una posibilidad, ya que, mencionó, esos egresos deben hacerse con “total responsabilidad” y no ver esa herramienta como “una válvula de escape”. Insistió en que la sobrepoblación se bajaría si quitan las órdenes judiciales de cierre de las cárceles, ya que eso les permitiría recibir reos de celdas judiciales y mantener un bajo contagio de covid-19 en el sistema penitenciario.

Sin embargo, el defensor Danicio Fernández le cuestionó: “(Justicia) califica como un éxito el no contagio en cárceles, pero les digo que eso se debe a las medidas correctivas (dictadas por jueces) que generan contrapeso en el asunto y que evitan lesiones a los derechos humanos”.

Otro de los ejemplos que ponían de la complicada administración penitenciaria es la decisión de utilizar el gimnasio de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en San Rafael de Alajuela, para poder albergar reclusos en aislamiento. Fernández señalaba que este tipo de prisión (existen tres en el país) fue construida con una visión muy diferente a las cárceles existentes desde hace muchos años atrás. Las UAI buscan resocializar, desde su ingreso, al residente (nombre que se le da a los privados de libertad que allí se encuentran).

Entonces, para el defensor, querer hacer uso de esos espacios con personas no residentes es “querer invalidar el fin de las UAI”. Y lo más preocupante para él es que son decisiones que se vienen adoptando desde incluso antes de la pandemia por covid-19; es decir, no son decisiones tomadas a la luz de la emergencia sanitaria como las autoridades penitenciarias han querido hacer ver.

“Y eso lo lleva a uno a preguntarse: ¿Por qué no hemos hablado de los gimnasios de los CAI (Centros de Atención Integral; es decir el resto de las prisiones?) No, porque lo que se pretende es afectar el fin de la pena con rostro humano que asegura la UAI (...) y eso es deshonrar la ley (...) porque Justicia parte de una premisa falaz, que es tomar el sistema penitenciario como uno solo, cuando no puede ser así”, ahondó el defensor.

Además, aseguró que hay espacios de aislamiento habilitados en otros centros, por lo que entiende menos la urgencia de Justicia de utilizar las Unidades especializadas para atender esta problemática puntual a raíz de la pandemia. El juez Alvarado Miranda apoya este dato sobre que hay espacios en otras prisiones.

Sin embargo, Fiorella Salazar insistió en que en las cárceles no cabe ni un reo más y que justo por eso es que se han visto imposibilitados de recibir reos al Organismo de Investigación Judicial, ente que custodia actualmente a 358 reclusos, de los cuales 288 están pendientes de ingresar a una prisión nacional.

Aseguró que, de permitirse usar estos espacios en la UAI podrán solventar estas necesidades actuales, lo cual se verá apoyado a finales de noviembre cuando se habilite la cárcel Terrazas. Este centro, de 1.248 espacios, está en desuso desde enero cuando concluyeron sus obras, puesto que el ministerio no pidió presupuesto para ponerla a funcionar desde aquel momento.

“Las valoraciones (para hacer reubicaciones) no están a tiempo como dice el ministerio”. Con esas palabras, Fernández desmintió que las valoraciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), ente adscrito a Justicia, estén al día, tal como aseguró Fiorella Salazar en la misma audiencia. Ella dijo que los atrasos ya fueron cubiertos y que, por ello, quienes están en prisión es porque su perfil así lo requiere.

El defensor indicó: “Me preocupa la grave manifestación de Justicia cuando dice que las valoraciones están en tiempo. Acabo de recibir notificaciones, y todos los días se reciben muchas cantidades, porque hay atrasos de hasta dos años. Esa afirmación que hace (Salazar) es preocupante para los que trabajamos en la experiencia penitenciaria, para los que estamos de la mano con los reos y para los jueces que revisan expedientes. Está afirmando algo que no es correcto”.

Justamente la postura de Fernández es respaldada por la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública, la cual en entrevista con este medio aseguró que, actualmente, hay reos que sí cumplen con el perfil para salir hacia un régimen de confianza, pero que, por los atrasos y por las contradicciones en los criterios, Justicia no los reubica.

Sin embargo, Salazar volvió a insistir en que las valoraciones técnicas se dan y que se ha hecho “un gran esfuerzo” para ponerlas al día. “Un atraso que se tenía por años se ha puesto al día (...) y se ha hecho de forma responsable al punto de que la tasa de cumplimiento positivo es de más de 97%”, resaltó la ministra durante la audiencia.

Actualmente, tras lo dicho en la audiencia, los magistrados entrarán a analizar para resolver el recurso planteado a inicios de setiembre por la ministra de Justicia, Fiorella Salazar y su homólogo en Salud, Daniel Salas.

Katherine Chaves R.

Katherine Chaves R.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

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