Eillyn Jiménez B.. 22 febrero
Carlos Chinchilla (corbata roja) y José Pablo Badilla (corbata gris)son los defensores de Mora Monge. A la izquierda Luis Guillermo Fonseca, quien los acompañó durante el juicio. Foto: Jorge Castillo
Carlos Chinchilla (corbata roja) y José Pablo Badilla (corbata gris)son los defensores de Mora Monge. A la izquierda Luis Guillermo Fonseca, quien los acompañó durante el juicio. Foto: Jorge Castillo

“La víctima se antepuso al peligro. Ella tenía la posibilidad de tomar una decisión diferente y no lo hizo (...). Se trata de ciclistas con muchos años de practicar ese deporte (...), quienes asumieron un riesgo muy alto que lamentablemente les costó la vida”.

Con esa teoría Carlos Chinchilla Sandí pidió este viernes al Tribunal Penal de Goicoechea la absolutoria de Daniel Alberto Mora Monge, sospechoso de atropellar y matar a cuatro ciclistas el 29 de enero del 2017 en Curridabat.

Chinchilla, quien hasta julio del 2018 fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, y José Pablo Badilla Villanueva son los defensores de Mora.

El exmagistrado argumentó que Lucía del Carmen Mata Durán (38 años) no portaba ropa reflectiva ni tampoco viajaba en hilera junto con Mario Enrique Retana Pérez (49), Lenin Manrique Ortiz Quesada (46) y Pablo Enrique Alcócer Alcócer (54), hechos que para él son parte del riesgo tomado por los fallecidos.

Asimismo, puso en duda que las bicicletas tuvieran luces intermitentes, tal y como se dijo durante el juicio.

Argumentos expuestos

Durante sus conclusiones, Chinchilla aseguró que transitar de madrugada representó el primer riesgo tomado por los deportistas, por la poca iluminación que hay en carretera, y sostuvo que no portaban ropa reflectiva.

“Las víctimas fueron conscientes del peligro porque son ciclistas experimentados, de muchos años y quienes hacían recorridos muy largos (...). Lamentamos mucho lo sucedido, pero creo que ellos sabían que en vías públicas tenían que conducirse en fila y ellos iban en herradura, por eso decimos que asumieron un riesgo muy alto que les costó la vida”, explicó.

Antes de la exposición de Chinchilla, también habló José Pablo Badilla, quien solicitó la absolutoria de su cliente al sostener que no se pudo comprobar que fuese el conductor del carro.

“Ni un solo testigo ubicó a Daniel manejando el vehículo (...). No hay pruebas para determinar quién conducía el mismo”, dijo Badilla.

También manifestó que aunque Mora accedió a una conciliación con la familia de tres de los fallecidos, lo hizo por un tema de responsabilidad objetiva y no porque estuviese reconociendo su culpabilidad por los hechos que se le acusan.

Además, expresó que haberle ofrecido una disculpa a los padres, esposas e hijos de los deportistas fue un acto de caballerosidad y no una forma de asumir su responsabilidad por el mortal atropello.

(Video) Conclusiones de abogado de sospechoso de atropellar y matar a cuatro ciclistas

Manuel Campos, abogado de la familia de Lucía Mata, aseguró que los argumentos de sus colegas son respetables, pero que ellos están buscando cómo trasladarle la responsabilidad a la mujer, quien murió el 21 de marzo del 2017 en el hospital, casi dos meses después del atropello.

“Están tratando de tirar una nube de humo para distraer la atención del Tribunal y buscar la absolutoria del imputado”, afirmó Campos.

El jueves la Fiscalía solicitó seis años de prisión por homicidio culposo, mientras que por ese mismo delito Campos pidió ocho años de cárcel.

Sin embargo, el representante de la familia de Mata también aseguró que los hechos podrían considerarse como homicidio simple por la actitud de Mora, por lo que cree que este caso el castigo carcelario debe ser de 12 años.

Campos también requirió el pago de poco más de ¢179 millones por daños materiales y emocionales.

Después de escuchar las conclusiones de todas las partes, los jueces Franz Paniagua Mejía, Alfredo Arias Calderón (quien preside) y Maureen Iong Ureña fijaron el martes 26 de febrero, a las 2 p. m., como fecha para la sentencia.

(Video) Abogado de familia de Lucía Mata pide pena de entre 12 y 8 años de cárcel por muerte