Funcionarios ligados a Caso Cochinilla reclaman pago salarial durante suspensión

Los abogados defensores de los empleados del Estado ligados al Caso Cochinilla objetaron este martes la suspensión que se les hizo del cargo desde el 27 de junio sin goce de salario.

Las manifestaciones las hicieron durante el segundo día de una audiencia que se realiza en el Tribunal Penal de Hacienda en Goicoechea, en la cual se conocen los argumentos de las diversas partes a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Penal de Hacienda, contra los 30 implicados, a quienes se investiga la presunta corrupción en contratos de obra pública.

Aunque no fue posible conocer cuántos abogados expusieron los alegatos por tratarse de una audiencia privada, sí trascendió que los litigantes señalaron al tribunal, que es unipersonal y lo conforma el juez Hugo Porter Aguilar, que la medida no es procedente.

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La diligencia judicial se realizó en una sala del tercer piso de los Tribunales de Goicoechea. Unos abogados e imputados están de manera presencial y otros conectados mediante videoconferencia. Este martes no asistieron Melida Solís Vargas y Carlos Cerdas Araya, dueños de H Solís y MECO, por razones de seguridad.

Lo anterior por cuanto este lunes, a su salida, Cerdas fue fuertemente insultado.

La audiencia seguirá este miércoles cuando el Ministerio Público exponga los argumentos por los cuales insiste en que debe fijarse prisión preventiva para 14 de los 30 imputados y no otras medidas como fianzas, suspensión del cargo, impedimento de salida del país o no realizar trámites en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), como lo dispuso la jueza Carolina Lizano, el 27 de junio.

El juez Porter había anunciado el lunes que en esta audiencia solo se iban a conocer las impugnaciones a las medidas cautelares y que será hasta el final cuando decida qué pasa con cada una de las peticiones. Asimismo, anunció que otros asuntos concernientes al expediente se tramitarán en audiencias que serán fijadas para una fecha posterior.

Se trata sobre todo del tema de la impugnación sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas, pues todavía este martes algunos abogados defensores presentaron de manera escrita los alegatos respectivos.

Hay que aclarar que en la audiencia dirigida por el juez Hugo Porter se están conociendo las medidas referente a 28 imputados que son de apellidos Cerdas Araya, González Carballo, Bolaños Salazar, Solís Vargas (mujer), Martínez Martínez, Solís Murillo, Arce Alpízar, Madrigal Rímola (mujer), Fallas Zúñiga, Herrera Chacón, Cervantes Morales, Carmona Rivas (mujer) y Mora Obando.

Asimismo de Bonilla Guillén (mujer), Chaves Mora (mujer), Rojas Monge, May Cantillano, Zamora Zamora, Rodríguez Araya, Sánchez Castro, Rivera Campo, Quesada Pérez, Ortiz Vega, Lobo Bejarano, Castro Rodríguez, Monge Hernández (mujer), Quesada Aguirre y Solís Vargas (mujer).

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El tema de las medidas cautelares que atañen a Ureña Villalobos y Abarca Quesada será tramitado en otra audiencia separada que se realizará este miércoles en el Tribunal Penal de Hacienda, pero con otro juez. La razón es que los asuntos de estos dos implicados fueron tramitados de manera independiente desde un comienzo, pero es factible que ambos expedientes se acumulen en determinado momento.

Breve recuento

El caso Cochinilla trascendió el lunes 15 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 40 también están siendo investigadas sin haber sido detenidas. Los nombres de esas personas todavía no han trascendido.

Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi y de otras dependencias del Estado.

A los implicados se les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19-000025-1218-PE, y es conocida como Caso Cochinilla.

En la documentación judicial se detallan los supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales”, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.