Escuchar
La Corte Plena determinó este lunes que se necesitan 38 votos de diputados para que se apruebe una nueva ley que, entre otras cosas, eleva las penas por acoso sexual contra menores por medios electrónicos o virtuales.
La decisión la tomaron los magistrados luego de analizar el contenido del proyecto 21.507, que se tramita en la Asamblea Legislativa y que se llama Ley para la Prevención del Acoso a Personas Menores de Edad por Medios Electrónicos o Virtuales y Reformas al Código Penal, que también es conocida como Ley del Grooming.
Para los altos jueces, la implementación de esta nueva legislación incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial y por tanto, para convertirse en ley, se requiere de mayoría absoluta en el Congreso, es decir del apoyo de 38 diputados.
El magistrado Jesús Ramírez Quirós, de la Sala Tercera, que se encargó de analizar el proyecto, dijo que la iniciativa es muy acertada pues aunque eleva las penas en cinco delitos ya establecidos en el Código Penal tanto en sus extremos inferior y superior, lo hace de una manera adecuada.
“No se observa que el aumento en las sanciones se torne desproporcionado, por ello se estima que no lesiona los principios de proporcionalidad y de dignidad humana”, dijo Ramírez.
Sin embargo, el magistrado hizo ver a sus compañeros que dentro del mismo proyecto se crea una comisión interinstitucional, que estará regida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en la cual formarán parte el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Señaló que esa comisión tiene un carácter preventivo y tanto la Fiscalía como la Policía Judicial son represivos de un hecho delictivo. La preocupación es que se le puedan encomendar nuevas obligaciones a esos entes judiciales.
En cuanto a las modificaciones penales, el proyecto promueve cambios en los artículos 167, 167 bis, 168, 173 y 173 bis del Código Penal, que según Jesús Ramírez, son muy apropiados pues definen con mayor claridad los tipos penales. Las modificaciones son mínimas y son sobre todo palabras en la redacción.
En cuanto a las penas, la propuesta las endurece. Por ejemplo, en el artículo 167, se sube un año la sanción para “quien mantenga o promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz, con fines eróticos, pornográficos u obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona menor de edad o incapaz lo consienta”. Actualmente, la pena es de tres a ocho años y subiría de cuatro a nueve años.
En tanto en ese mismo artículo, actualmente se establece un castigo de cuatro a diez años de prisión, “si el actor, utilizando las redes sociales o cualquier otro medio informático o telemático, u otro medio de comunicación, busca encuentros de carácter sexual para sí, para otro o para grupos, con una persona menor de edad o incapaz; utiliza a estas personas para promover la corrupción o las obliga a realizar actos sexuales perversos, prematuros o excesivos, aunque la víctima consienta participar en ellos o verlos ejecutar”. Dicha acción delictiva subiría de seis a 12 años de cárcel.
Igual sucede con el artículo 167 bis, sobre seducción o encuentros con persona menor de edad o incapaz por medios electrónicos; el 168, que ve la corrupción agravada; el 173, fabricación, producción, o reproducción de pornografía; el 173 bis, la tenencia de material pornográfico y 174, que analiza la difusión de pornografía.
Salario escolar
Paralelamente, la Corte Plena también se pronunció respecto a un proyecto que gravaría con el impuesto sobre la renta a los salarios escolares mayores a ¢840.000.
Se trata de la iniciativa llamada Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal, que está en trámite en la Asamblea Legislativa en el expediente 22.369.
Para los magistrados, dicho plan también afecta el funcionamiento del Poder Judicial y por ello, para ser aprobado se requerirá del voto de 38 diputados.
LEA MÁS: Gobierno pide a diputados cobrar impuesto sobre la renta a salarios escolares mayores a ¢840.000
La magistrada Damaris Vargas Vásquez, de la Sala Primera, que se encargó de analizar el proyecto, dijo: “También es importante señalarles que la eventual sujeción del salario escolar al pago del impuesto sobre la renta indudablemente afecta la organización y funcionamiento de la administración de justicia, pues impone una nueva carga a los salarios percibidos a las personas servidoras judiciales (...)
“Finalmente es importante señalar que ello implicaría un detrimento salarial en perjuicio de las personas funcionarias judiciales, tomando en cuenta el reciente incremento del impuesto sobre la renta generado por la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, así como los efectos derivados de la reforma al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial”.
