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La Corte Plena busca, mediante la aprobación de un proyecto de ley, evitar el pago de ¢500 millones de una deuda que tiene con la Imprenta Nacional, por publicaciones hechas en La Gaceta y en el Boletín Judicial.
Por tal razón, los magistrados, durante la sesión de Corte de este lunes, acordaron pedir al Poder Ejecutivo que procure apresurar el trámite de una iniciativa presentada hace varios meses, en la que se exonera al Poder Judicial del pago de las divulgaciones hechas en el Diario Oficial.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó durante una comparecencia ante los magistrados, de que la deuda se ha venido acumulando desde hace varios años. Agregó que en principio se había llegado a un acuerdo con los directores de la Imprenta Nacional para eliminar esa deuda, pero que se requería de un proyecto que fuese aprobado por el Congreso.
La funcionaria detalló que el Poder Judicial elaboró la iniciativa, la cual se envió al Ministerio de Justicia, que a su vez la pasó al Ministerio de la Presidencia, pero el plan no se trasladó a conocimiento de los diputados. "Es necesario un acuerdo de Corte para pedir que se apresure el trámite”, dijo Romero.
La deuda, según explicó Romero, contempla la publicación de resoluciones dictadas en materia constitucional, laboral, agrario y de familia, cuyo trámite en el Poder Judicial es gratuito para el usuario y que por tanto, la divulgaciones deberían ser gratuitas.
La funcionaria hizo ver que otras publicaciones como las relacionadas con asuntos civiles sí se están pagando, pues dichas divulgaciones las pagan las partes que participan en los procesos judiciales.
La petición fue acogida por unanimidad por los magistrados, durante una sesión en la cual los altos jueces conocieron más de 20 asuntos, la mayoría sobre nombramientos de jueces y algunas impugnaciones a acuerdos anteriores de Corte Plena.
Freno a reglamento
Asimismo, otro asunto que demandó bastante tiempo de la sesión, fue una pretensión del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, para que se aprobara un sistema que legaliza la disponibilidad en el Departamento de Medicina Forense. Precisamente, esa falta de reglas claras ha generado en los últimos meses que algunos viejos funcionarios decidieran renunciar.
Con la finalidad de establecer nuevas reglas, el jerarca policial presentó a la Corte un proyecto denominado Reglamento de Servicio de Cobertura Médico Forense Ininterrumpido, en el cual se establecía, entre otros temas, las regulaciones para el pago de horas extras y el tema de disponibilidad.
Sin embargo, cuando los magistrados conocieron sobre el tema se dieron cuenta de que se podría estar ante el pago de nuevos pluses salariales, que podrían afectar las finanzas judiciales.
“Tenemos dudas de carácter legal y de financiamiento sobre la pertinencia del reglamento”, dijo el magistrado Román Solís, de la Sala Primera. Criterios similares expresaron las magistradas Roxana Chacón, de la Sala Segunda y Martha Esquivel, de la Sala Constitucional.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, tomó la determinación de que antes de aprobar el reglamento, se debía tener un criterio de la Dirección Jurídica sobre la legalidad de la normativa, así como otro del Departamento Financiero, en el cual se determine si hay alguna erogación económica adicional.
