Caso Diamante: Audiencia de solicitud de medidas cautelares se extenderá por tres o cuatro días

Aunque la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) indicó que solicitará medidas cautelares por presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación y construcción de obra pública, Calvo adelantó que por respeto a las partes no revelará su petición hasta que la exponga ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

“Podríamos durar de tres a cuatro días. Es un caso grande es un caso complicado que involucra muchos niveles de investigación y si es un tema bastante largo”, manifestó el representante del Ministerio Público.

Christian Álvarez, abogado del funcionario de la Municipalidad de San José aprehendido, de apellidos Castro Camacho, dijo que su cliente “está claro de que vamos a salir bien del proceso”.

Posición similar sostuvo Alfonso Ruiz, representante legal del alcalde josefino, Johnny Araya Monge. “Don Johnny defiende su posición y mantendrá su posición hasta el final de su inocencia y vamos a acreditarlo; sin embargo, ahora vamos a valorar la petición de las medidas cautelares para determinar si son consecuentes con el proceso “, explicó. El litigante agregó que a partir de esta audiencia, Araya decidira si lo mejor es mantenerse “al margen de algunas de las actuaciones municipales”.

Tanto estas dos personas como el resto de imputados fueron indagados entre la tarde y noche del lunes, después de ser trasladados a celdas judiciales, indicó el Ministerio Público, que agregó que de los 40 lugares allanados siguen realizando diligencias en la Municipalidad de San José, la de Escazú y la empresa Explotec, en San Ramón, Alajuela.

Por la mañana, algunos de los defensores presentaron una recusación contra la jueza a cargo de la audiencia preliminar, debido a que ella había aprobado algunas diligencias del expediente; sin embargo, la gestión se rechazó y ella se mantiene como la encargada de escuchar los argumentos del Ministerio Público y, posteriormente, de los representantes de los sospechosos.

Meco: Punto concéntrico

Copiado!

La investigación del caso Diamante, que revela presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de obras viales cantonales, permitió destapar el modo de operación de una estructura criminal construida por funcionarios de MECO, quienes se acercaron a personeros municipales para controlar licitaciones en ocho ayuntamientos del país.

Glen Calvo, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), manifestó que a cambio de obtener contratos de manera irregular, las personas vinculadas a la firma constructora entregaban dádivas como dinero en efectivo, vehículos, favores específicos o colaboraban con construcciones en las viviendas de los municipales.

Por su parte, Wálter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que el punto cóncentrico de esta estructura es un grupo de personas la empresa MECO, mientras que los municipios fungen como satélites.

De momento, se indagan al menos 15 proyectos en las ocho municipalidades investigadas: San José, San Carlos, Cartago, Osa, Golfito, Alajuela, Escazú y Siquirres. “Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas (MECO y Explotec) ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos”, precisó la Fapta en un boletín de prensa.

Entre los delitos que se investigan, dentro del expediente 20–009616–0042–PE, están cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.