Judiciales

El macabro plan de 9 personas para secuestrar a dueño de casa de apuestas 5Dimes

Estadounidense apareció en una tumba sin nombre en Quepos; en el crimen participaron cinco personas de una misma familia, incluida la abuela, y dos policías de Tránsito; sentencia sumó 515 años de cárcel

El Tribunal Penal de Goicoechea sentenció, este viernes, a un total de 515 años de prisión a nueve integrantes de una banda a la que se le atribuyó el secuestro de un estadounidense en el 2018, cuyo cuerpo apareció al año siguiente en el cementerio de Quepos.

Los sospechosos fueron condenados por los delitos de secuestro extorsivo con muerte, robo agravado y asociación ilícita, perpetrados en contra de William Sean Creighton Kapko, de 43 años, dueño de la casa de apuestas en línea 5Dimes, situada en San Pedro de Montes de Oca.

El líder de la organización, de apellidos Morales Vega, deberá descontar 65 años en prisión al igual que su novia, apellidada Solís Chaves; su madre y un tío, de apellidos Vega Aguirre; su abuela, Aguirre Leal; un maestra de apellidos Sanabria Abarca y un hombre apellidado Martínez Chacón.

Por otra parte, un policía de tránsito de apellidos Jirón López fue sentenciado a 35 años y otro oficial apellidado Medrano Vargas irá 25 años a la cárcel. En tanto, uno de los imputados, de apellidos Sánchez Gamboa, resultó absuelto.

Otro de los acusados en este caso, Kenny Jerry Ford Dowman, se había sometido a un proceso abreviado y aceptó los cargos el 25 de febrero de este año. Recibió una condena de 33 años de prisión.

La lectura del por tanto tuvo lugar en la Sala 3 de los Tribunales de Goicoechea, poco antes de las 5 p. m. El debate estuvo a cargo de las juezas Ivannia Delgado Calderón (presidenta), Mercedes Muñoz Campos y Adriana Tenorio Jara.

Según el Tribunal, los imputados conocían la capacidad económica de la familia de Creighton, por lo que fraguaron el secuestro con la intención de pedir como pago por su liberación $5 millones.

El hecho se produjo la noche del 24 de setiembre del 2018 luego de que la víctima regresaba de Curridabat, a donde fue a dejar a una compañera del trabajo.

Creighton fue interceptado por dos policías del Tránsito que le pidieron parar y luego cuatro sujetos que llegaron en un pick-up alquilado se lo llevaron a una casa en La Trinidad de Moravia. Los secuestradores pidieron el rescate, pero allegados a la víctima solo depositaron unos $950.800 en moneda virtual o bitcoins.

Luego de ese momento, no se supo más del empresario hasta que el jueves 5 de setiembre del 2019, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que un cuerpo exhumado de una tumba sin nombre, en el cementerio de Quepos, Puntarenas, pertenecía al estadounidense.

Morales Vega, líder de la banda criminal e ingeniero informático, escapó del país por tierra hasta Panamá, luego estuvo en El Salvador y de ahí se trasladó hacia Cuba.

Una vez en suelo cubano se reunió con su madre y su compañera sentimental. Allí permanecieron poco más de un mes y luego viajaron juntos a España, primero al municipio de Alicante y luego a Zaragoza.

Las autoridades españolas lograron detenerlos el 11 de enero del 2021 y se les incautaron al menos €4.000 en efectivo, tarjetas utilizadas para transacciones de moneda virtual, un libro de contabilidad y dispositivos electrónicos.

Ese mismo día, en Costa Rica fueron detenidas otras nueve personas, entre ellas la abuela de Morales Vega y un hijo suyo, así como una maestra y dos tráficos.

Una vez conocida la sentencia, Erick Ramos, abogado de la familia de William Creighton, dijo que lo más importante era desarticular esa organización y lograr una sanción ejemplificante.

Consideró, además, que el caso marca un hito porque se trata de un grupo sofisticado y es la primera vez que en un secuestro se exige un pago de bitcoines.

“Se denota que no es delincuencia común, sino que son personas que usaron sus conocimientos técnicos y profesionales, e incluso sus funciones como funcionarios públicos para organizar un delito tan grave como este”, aseveró.

Ramos calificó al estadounidense fallecido como una persona muy solidaria, muy trabajadora que era además ciudadano nacionalizado costarricense y logró amalgamar una empresa exitosa.

“Vivía aquí sin ningún tipo de protección, como vivimos la mayoría de los costarricenses. Lamentablemente esta organización de forma inescrupulosa atentó contra su vida simplemente por dinero”, sostuvo el penalista al finalizar el juicio.

En este caso se demostró que el grupo planeó todo durante más de un año. Además de la asociación ilícita, los jueces ratificaron que hubo secuestro extorsivo con una muerte incluida y por eso la sentencia de 65 años contra siete de los imputados.

En varias ocasiones la jueza, Mercedes Muñoz Campos, tuvo que llamar al orden, pues algunas mujeres sentenciadas lloraban en la sala y una de ellas tuvo que ser retirada para proseguir con el detalle de la sentencia.

Más de 15 custodios estuvieron a cargo de mantener el orden con la ayuda de perros raza belga malinois de la Policía Canina. Todos los sentenciados quedaron con prisión preventiva mientras el fallo adquiere firmeza.

Ramos agregó que dichosamente en este caso el Organismo de Investigación Judicial reaccionó de forma adecuada y los equipos científicos usados permitieron llegar a un resultado que les da tranquilidad.

“Logramos una sentencia basada en elementos técnicos y científicos”, destacó.

Señaló que las personas involucradas trataron con recursos económicos y personales de obstaculizar la adecuada marcha del proceso e incluso hubo que pedir ayuda a países como España y Panamá para lograr los indicios que terminaron con la sentencia condenatoria.

El abogado Erick Ramos, afirmó que el fallo se ajustó a derecho y se pudo sacar una sofisticada red de secustradores que planeó el golpe contra el empresario durante más de un año. Foto. LN
Hugo Solano C.

Hugo Solano C.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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