Judiciales

Ausencia de un abogado libra a dos obispos de juicio por ofensa a la memoria de un difunto

Querella la imperpuso en el 2008 la viuda del administrador de Servicios Pastorales de la Conferencia Episcopal

La ausencia del abogado de la parte querellante, obligó al Tribunal de Juicio de San José a declarar este miércoles como desistida una demanda contra dos obispos eméritos y un abogado por el delito de ofensa a la memoria de un difunto.

La acción judicial la planteó en el 2008, Kattia Salazar Zamora contra los obispos José Francisco Ulloa Rojas y Ángel San Casimiro Fernández, así como el abogado Carlos Vargas Pagán. La mujer es la viuda del administrador de Servicios Pastorales de la Conferencia Episcopal Jorge Torres Fuentes.

El delito de ofensa a la memoria de un difunto está regulado en el artículo 148 del Código Penal, que establece una sanción de diez a cincuenta días multa. Ella, ade más, reclamaba como acción civil resarcitoria el pago de $3 millones (¢1.830 millones).

Este miércoles los miembros del Tribunal, Reinaldo Araya, Marianela Oviedo y Jéssica Hernández, al notar la ausencia del representante legal de la querellante, tomaron la decisión de declarar como desistida la demanda.

Según el artículo 117 del Código Procesal Penal una demanda “se considerará tácitamente desistida cuando el actor (...) sin justa causa no concurra: (...) a la primera audiencia del debate”.

La ausencia del abogado se debió a que este se encuentra preso, pues en julio del año pasado fue condenado a ocho años de prisión por el delito de fraude.

Ante esa situación, la demandante había sido prevenida en varias ocasiones de que debía nombrar otro abogado, pero no lo hizo.

Este caso surgió en el año 2008, cuando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) denunció ante el Ministerio Público, que se habría cometido el delito de intermediación financiera ilegal en la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor).

Según la Sugef, existían indicios fundados para afirmar que en la Cecor existía una operación de intermediación financiera al margen de la ley, un delito penado con entre tres y seis años de cárcel.

Este hecho generó que el 25 de julio del 2008 se allanaran las oficinas de la Conferencia Episcopal.

En aquel momento, los obispos alegaron que desconocían las operaciones y denunciaron que el presunto responsable era Jorge Torres Fuentes, administrador de una estructura de la iglesia llamada Servicios Pastorales, la cual manejaba los dineros de la Cecor. Ese caso se investigó en el expediente 08-000081-0621- PE.

Sin embargo, debido a que Torres había muerto de cáncer en junio del 2007, su esposa Kattia Salazar querelló a los obispos Ulloa, San Casimiro y al abogado Pagán, al considerar que las personas citadas difundieron a través de la prensa “expresiones falsas, difamatorias y ofensivas” a la memoria de Jorge Torres.

El trámite de esta querella se postergó, lo que permitió que la investigación de la denuncia de intermediación financiera ilegal en la Cecor avanzara y que el 29 de abril del 2016, el Juzgado Penal de Goicoechea dictará un sobreseimiento definitivo en favor de los cuatro imputados en el hecho: obispo Ulloa, y tres hombres apellidados Godínez, Paredes y Rojas.

En dicha resolución se señaló a Torres como el presunto responsable de los hechos pues desde el cargo que tenía “procedió a realizar una serie de actos irregulares, mismos que fueron ocultados en los sistemas utilizados” se menciona en el documento judicial.

Luego de darse a conocer el desistimiento de la querella, el abogado Rodolfo Brenes Vargas, defensor de Ángel San Casimiro Fernández, , dijo que la acusación contra los religiosos y el abogado Vargas era carente de todo fundamento.

Asimismo, hizo mención a que el Juzgado de Goicoechea en su resolución del año 2016 “había establecido que Jorge Torres Fuentes era el administrador de la Iglesia, había cometido un fraude millonario en perjuicio de la institución, quemado documentos importantes, y tenía sellos con las firmas de los sacerdotes y emitía cheques y documentos.

“Hizo créditos por muchos millones a allegados suyos, a familiares, amigos y que garantizó a través de sociedades que él controlaba. De manera tal que en este proceso no había nada que discutir. Era claro que no se había cometido ninguna ofensa a este señor, que lamentablemente sí cometió un fraude en perjuicio de la iglesia”, dijo el documento.

Brenes dijo que aunque los obispos tienen la posibilidad de contrademandar a la señora Salazar en este caso, no lo van a hacer.

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