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Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Daniel Johnson, enfrentará un proceso disciplinario pues figura como sospechoso de facilitar la inscripción ilegal de vehículos robados.
La "Inspección Judicial abrió un proceso disciplinario contra la persona servidora del OIJ detenida ayer (martes) por estar vinculada, presuntamente, con una banda que se dedica al robo de vehículos.
“La investigación es privada por disposición de ley, por ello no podemos brindar detalles. El número de expediente es 20-001363-31-DI”, explicó el Poder Judicial por medio de su oficina de prensa.
Por otra parte, la Fiscalía Adjunta de Heredia informó de que en la audiencia ante el Juzgado Penal de la zona solicitará medidas cautelares en contra de cinco personas, entre ellos Daniel.
Él, dos abogados y otras dos personas figuran como sospechosas de los delitos de estafa, robo agravado, incumplimiento de deberes y favorecimiento personal.
Se trata de un profesional en Derecho, de apellidos Sibaja Ureña, una colega de este, apellidada Morales Ugalde y dos particulares, identificados como Solera Soto y Sandoval Paniagua (mujer).
Los cinco fueron detenidos este martes, luego de allanar cinco casas, un taller mercánico y un casillero del OIJ en Alajuela.
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El Ministerio Público precisó que el pasado 20 de febrero, en San Ramón de Alajuela, Solera se habría presentado en la oficina de Sibaja, quien es notario público.
"Al parecer, Solera se apersonó a la oficina Sibaja para adquirir los documentos de un carro que no le pertenecía. Se presume que participó como compareciente Sandoval y, en apariencia, así logró solicitar al Registro Nacional la reposición de las placas de un vehículo.
"Días después, presuntamente, Solera envió a unas personas, aún no identificadas, a San Francisco de Heredia, donde se cree que sustrajeron un carro que se encontraba en vía pública. Después, el 26 de febrero, este mismo hombre habría obtenido una postal original de RTV que colocó al vehículo robado, junto con las placas”, explicó la Fiscalía en un boletín de prensa.
La investigación permitió determinar que con esos documentos, aparentemente, Solera engañó a una mujer, haciéndole creer que tenía a la venta un carro que le pertenecía, por lo que habría conseguido que la ofendida le pagara ¢4,9 millones.
Para hacer el traslado del vehículo, se cree que el imputado se apersonó al despacho de Morales, quien también es notaria pública, con el fin de realizar el trámite.
"Se presume que la víctima vio un carro con las mismas características del que había comprado, por lo que, al parecer, llamó a uno de los imputados para contarle lo sucedido. Se cree que este contactó a Daniel y, presuntamente, el imputado le indicó qué hacer”, añadió el ente acusador del Estado.
La ofendida acudió al OIJ el 11 de marzo, donde interpuso la denuncia. Allí fue atendida por Daniel, quien escuchó los hechos, pero, al parecer, no le dio el respectivo trámite a la denuncia.
El funcionario judicialingresó a laborar a la Policía Judicial en el 2009, en la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, y también es propietario de un taller de enderezado y pintura.
El caso se mantiene bajo investigación dentro del expediente 20-00191-0059-PE.
