Dos abogados y un agente del OIJ detenidos por facilitar inscripción ilegal de vehículos robados

Dos abogados, un hombre y una mujer, así como un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela fueron detenidos por, presuntamente, facilitar la inscripción de vehículos robados.

Se trata de dos profesionales en derecho de apellidos Sibaja Ureña (hombre) de 58 años y una mujer apellidada Morales Ugalde, de 39. El agente judicial se apellida Daniel Johnson, de 42.

Además, durante un operativo realizado la mañana de este martes se capturó a otros dos implicados: uno de apellidos Solera Soto, de 26, que al parecer era el cabecilla de la organización; y otra mujer, Sandoval Paniagua.

Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, quien dio la información, agregó que en total se realizaron siete allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Alajuela, cuyo fin era desarticular parte de una organización criminal más grande y recabar evidencias para fortalecer la investigación.

Sobre el modo de operar del grupo, dijo que hay varios sujetos que se dedican al robo de carros, los cuales luego son entregados a un segundo equipo, que precisamente fue eliminado este martes. La función de esta rama de la organización era la de facilitar los documentos que permitían la circulación de los automotores sustraídos.

Al respecto agregó: "Se trata de un grupo que en los últimos meses se ha dedicado a falsificar documentos de vehículos, a gemelear datos de identificación de automotores y a otorgar documentos de inscripción ilegítimos”.

“Para nosotros es muy importante este caso, primero porque han dado varios golpes en los últimos meses. Segundo, porque se trata de una organización que tiene una estructura bastante fuerte y organizada”.

Espinoza hizo ver que durante la investigación determinaron que entre los miembros de la banda "hay un compañero del OIJ que tomó la decisión de realizar actividades criminales de manera constante (...)

“Este investigador del OIJ les daba soporte, les da colaboración, les brinda ayuda y de alguna manera ejecutaba actividades dirigidas a evitar de que se interpongan denuncias o que las denuncias que estén vinculadas con este grupo criminal no tengan un resultado positivo”.

Agregó que este funcionario judicial, que ingresó a laborar al OIJ en el 2009, en la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, es también propietario de un taller de enderezado y pintura.

“La ubicación de un funcionario nuestro dentro de una estructura criminal nos obliga a actuar de manera muy fuerte, precisa y efectiva, porque el OIJ se autorevisa y ejecuta acciones prontas cuando detecta que alguno de sus funcionarios de alguna manera está vinculado con un grupo criminal”, manifestó el jefe policial.

Entre tanto, la oficina de prensa del Ministerio Público comunicó que para conseguir la captura de los imputados se realizaron operativos en cinco casas y en un taller de Alajuela.

Asimismo, se allanó un casillero en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, que pertenece al oficial.

A las cinco personas detenidas se les atribuyen los delitos de estafa, robo agravado, incumplimiento de deberes y favorecimiento personal.

Este caso se mantiene en investigación, dentro de la causa 20-00191-0059-PE, comunicó la Fiscalía.

Historia de los hechos

Los hechos que se desencadenaron esta investigación iniciaron el 20 de febrero anterior, en San Ramón de Alajuela.

Según informó el Ministerio Público, en esa ocasión Solera llegó a la oficina del abogado Sibaja, para que presuntamente le ayudara a conseguir los documentos de circulación de un carro que no le pertenecía. El objetivo era solicitar la reposición de placas en el Registro Nacional.

Varios días después, supuestamente Sibaja se apoderó de un carro robado que se encontraba en San Francisco de Heredia, el cual trasladó a Alajuela. Se presume que en algún lugar manipularon sus características para venderlo a una tercera persona.

Durante la investigación se determinó que el 26 de febrero, los implicados consiguieron la reposición de las placas del primer vehículo, así como una postal original de Riteve y de esa manera gemelearon las matrículas para ponérselas al vehículo robado.

Ese auto fue vendido a una mujer en ‎¢4,9 millones. Presuntamente, en la oficina de la notaria pública de apellido Morales se hizo el traslado del carro.

Posteriormente, la pareja de la víctima que compró el carro circulaba por Alajuela, cuando lo abordó otra persona y le dijo que ese automotor tenía el mismo número de placa de un carro de su propiedad.

Ante esa situación, la mujer afectada contactó a uno de los imputados y le preguntó qué debía hacer. El sospechoso le dijo que se presentara al OIJ de Alajuela a interponer la denuncia y, presuntamente, le indicó que podía preguntar por un oficial de apellido Daniel.

La ofendida acudió al OIJ el 11 de marzo donde interpuso la denuncia. Allí fue atendida por Daniel, quien escuchó los hechos, pero, al parecer, no le dio el respectivo trámite a la denuncia.