EscucharUna abogada de apellidos Benel Alama figura como sospechosa de insertar declaraciones falsas en una escritura pública, con el fin de tramitar la regularización de un extranjero menor de edad, quien es pariente suyo, ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Para ello, presuntamente se alió con un colega notario y contador, así como con otro hombre.
Las tres personas fueron detenidas por la Policía Profesional de Migración, luego de tres allanamientos realizados este miércoles en el Coyol de San José (Alajuela), Santa Bárbara (Heredia) y la ciudadela La Carpio, en La Uruca (San José).
Alonso Soto Chacón, subdirector de la Policía Profesional de Migración, dijo que los operativos fueron realizados bajo dirección funcional de la Fiscalía de Fraudes, después de diligencias múltiples hechas por la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia Policial, las cuales permitieron determinar que había irregularidades en el trámite migratorio.
El jerarca policial agregó que el contador, abogado y notario, apellidado Zamora Cruz, no podía ejercer sus funciones de notariado, puesto que ya había sido aprehendido meses atrás por otros hechos. En tanto el otro hombre, Mason Smith, es un particular.
“Estas tres personas figuran como sospechosas de falsedad ideológica, ya que se hizo una inserción de datos falsos en instrumentos públicos por parte de un contador público, que además es abogado y notario, aunque está suspendido por la Dirección Nacional de Notariado, y una mujer que tiene una oficina cerca de la Dirección General de Migración y Extranjería, donde se realizó el proceso para poder solicitar una categoría migratoria para una persona menor de edad.
“Durante la investigación se logra determinar que para el momento de los hechos los padres del menor se encontraban fuera del país y que la forma de vida de las personas no coincide con datos aportados en la certificación del contador público”, explicó Soto.
Las autoridades también descubrieron que Benel, quien en apariencia otorgó un poder especial a Mason para que representara al menor, es pariente del niño.
Marlen Luna Alfaro, directora general de Migración y Extranjería, afirmó que desde la institución hay cero tolerancia a la corrupción, por lo que situaciones de este tipo no pueden ser permitidas.
Tanto la abogada como Zamora y Mason fueron remitidos al Ministerio Público por el presunto delito de falsedad ideológica, así como por insertar información falsa en documentos públicos. De comprobarse su culpabilidad, se exponen a una pena de prisión de uno a seis años.
