EscucharCerca de 6.000 investigaciones que lleva el Ministerio Público se encuentran varadas por falta de pruebas técnicas reveló este lunes Warner Molina Ruiz, fiscal general a.i. durante un breve informe de labores que presentó ante la Corte Plena. El funcionario explicó que el retraso no es culpa de la Fiscalía, sino de la acumulación de trabajo en una sección especializada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que se encarga de la apertura de celulares y computadoras.
El dato trascendió cuando Molina respondió un cuestionamiento de la magistrada de la Sala Segunda de la Corte, Roxana Chacón Artavia, sobre el por qué el Ministerio Público no brinda una explicación a la Corte Plena y al país de las razones por las cuales casos viejos se tramitan de una manera muy lenta. “El país no conoce lo que la Fiscalía está haciendo”, afirmó la alta jueza, quien agregó que la anterior jerarca Emilia Navas Aparicio no suministró la información sobre qué pasaba con esos casos.
“A su pregunta sobre algunos casos –respondió Molina– me di a la tarea de revisar los principales asuntos que se estaban tramitando, los que llamaban más la atención y nos hemos dado cuenta de que algunos de esos casos, algunos ya salieron como el asunto del cemento chino, pero otros están todavía varados pero no por culpa del Ministerio Público, sino porque están pendientes algunos informes que son fundamentales y que el OIJ los tiene que rendir.
“Tenemos un gran retraso debido a que mucha de la prueba que llevan los casos tiene que ver con prueba tecnológica, con apertura de teléfonos, apertura de computadoras y la sección que le corresponde hacer ese tipo de trabajo tiene un retraso de dos años. El Fiscal Adjunto de Cibercrimen me había informado la semana pasada que hay como 6.000 asuntos atrasados por razones de prueba técnica, que todavía está en proceso de apertura y de revisión”, señaló el fiscal interino.
Warner Molina dijo que cuando asumió el cargo lo hizo de una manera sorpresiva, sin conocer informes sobre los compromisos institucionales de Emilia Navas, ni cómo quedaba la Fiscalía. Agregó que está en una etapa de transición cuyo propósito es mantener la entidad en marcha, que no sufriera ninguna parálisis y sobre todo tranquilizar el ambiente laboral interno que estaba “un poquito convulso”.
Asimismo, el fiscal general interino, dijo que otro problema que notó desde que era fiscal adjunto era la demora en que se aprobaran las solicitudes de intervención telefónica. “Cuando asumo como fiscal adjunto había notado que se duraba mucho por parte de la Fiscalía General en aprobar esas solicitudes. Desde el momento en que asumí como fiscal general interino (29 de junio del 2021) hasta hoy se han aprobado más de 300 solicitudes de intervención telefónica, algunas el mismo día”, precisó.
El informe de Warner Molina, que estaba referido al cumplimiento de metas, fue aprobado con el apoyo de 18 magistrados. Tres altos jueces votaron para que no se aprobara. Precisamente Molina es uno de los 19 candidatos a ocupar el mando del Ministerio Público, que quedó vacante desde que Emilia Navas se acogió a su jubilación.. Los aspirantes ahora se aprestan para la fase de entrevistas, que estará a cargo de la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia y que se efectuará los días 20, 21, 27 y 28 de este mes, de 9 a. m. a 12 mediodía y de 2 p. m. a 5 p. m.
Paralelamente, la Corte Plena reeligió este lunes a cinco miembros del Consejo de la Judicatura, cargos que recayeron en Orlando Aguirre, magistrado de la Sala Segunda, así como los jueces Gary Amador Badilla, Sady Jiménez Quesada, Jéssica Jiménez Ramírez y Juan Carlos Segura Solís. En este órgano todavía deber ser escogidos otros dos funcionarios judiciales.
