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Rocío Arias tenía casi ocho meses de vivir junto a su único hijo en un complejo de apartamentos relativamente nuevo, en una concurrida calle de Hatillo, al sur de San José.
A eso de las 5:30 p. m., del viernes 6 de febrero, la alegre Rocío, como la recuerdan sus vecinos, le manifestó a uno de ellos que iría a cocinar y se despidió. Poco después, su hijo la atacó con un arma blanca y le provocó la muerte en la casa que apenas estrenaban.
La Policía encontró al muchacho sentado en el piso del garaje del edificio, pocos minutos después de que se reportó el incidente. El joven, de apellido Madrigal y de 32 años, tiene un diagnóstico de enfermedad mental cuyos detalles, por ahora, no han trascendido.
Mucho se recuerda de Rocío, dice Luis Fernando Hidalgo Arguedas, un oriundo de Hatillo que está a poco de cumplir sus 76 años y vive en una pequeña vivienda, justo al frente de donde residía la mujer.
Era alegre y emprendedora, siempre muy preocupada por sacar adelante a su familia, rememora. Recientemente, él le alquiló un espacio de parqueo dentro de su negocio, lo que le permitía estacionar el vehículo a solo metros de su casa.
A su hijo, por otro lado, afirma que no lo conocía y la primera vez que lo vio con detenimiento fue el día del homicidio. Dice que el joven no salía mucho de su casa y batallaba con su diagnóstico dentro de su cuarto. Presume que tomaba alguna pastilla, pero no lo tiene muy claro.
Sí recuerda; sin embargo, que hubo varios incidentes con el joven algunas semanas atrás, cuando tuvo un altercado en un local comercial en las cercanías, o con algún vecino.
El incidente más reciente, dice, ocurrió a finales de enero, cuando Rocío y el joven, en apariencia, discutieron, lo que llevó a la madre a considerar internar a su hijo en un centro de salud mental.
La tarde de aquel viernes, Luis Fernando no escuchó discusiones o gritos de ayuda desde su casa, pero asegura que conversó con uno de los inquilinos que vive en el mismo complejo. En apariencia, ellos sí se percataron de la bulla y Rocío, solo alcanzó a pedir ayuda a través de una de sus ventanas, pero ya estaba ensangrentada.
La Cruz Roja confirmó que, a eso de las 7 p. m., socorristas encontraron a la mujer sin signos vitales, con heridas en el abdomen y en el cuello.
“Era una persona magnífica, alegre, llena de vida”, dice Luis Fernando.
La mujer laboraba para una empresa llamada Sanum. Sus compañeros la despidieron por medio de una esquela publicada en redes sociales.
“Rocío fue una luz en nuestro equipo; siempre dispuesta a ayudar con una sonrisa y una palabra amable para cada persona que cruzaba su camino. Su dedicación y calidez dejan una huella imborrable en todos nosotros. Vuela alto, Rocío”, se lee en el texto.
Inimputables
El Ministerio Público confirmó a La Nación que el Juzgado de Turno Extraordinario de San José acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la medida cautelar de internamiento contra Madrigal Arias, quien figura como sospechoso del delito de femicidio en otros contextos, una figura que contempla varios escenarios en los que una mujer es asesinada.
La medida se gestionó ante la existencia de un diagnóstico mental, indicó la Fiscalía.
En casos como este, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad mental, es posible que el proceso no derive en una pena de prisión, sino en una sanción de internamiento, pues el sospechoso puede ser declarado “inimputable” por un tribunal.
El abogado penalista, Federico Campos, explicó a La Nación que, cuando una persona es sospechosa de cometer un delito y se determina que al momento del hecho no contaba con capacidad de culpabilidad —es decir, que carecía de la capacidad para comprender el carácter ilícito de su conducta—, puede ser declarada inimputable, pues este es un requisito indispensable en la configuración del delito.
Así sucedió, por ejemplo, en octubre del 2016, cuando un joven, de apellidos Franco Guzmán, entonces de 29 años y con una enfermedad mental, asesinó a su mamá a golpes con una mancuerna de 10 libras. La víctima fue identificada como Alexia Guzmán Rodríguez, de 49 años.
En julio del 2017, el Tribunal Penal de Heredia resolvió que el joven era inimputable porque la enfermedad mental que padecía le impedía distinguir si sus actos eran buenos o malos, por lo que fue internado por tiempo indefinido en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (Capemcol).
En 2022, Laila María Chaves Leitón, de 53 años, también fue asesinada por su hijo, quien la atacó con un cuchillo luego de que ambos sostuvieran una discusión. A inicios del 2018 se reportó otro caso similar, cuando Sonia María Navarro Rojas fue victima mortal de un ataque perpetrado por su hijo, de 24 años, en Guadalupe.
La mujer presentaba al menos diez puñaladas en la espalda y otra herida profunda en el cuello. Las autoridades confirmaron que el muchacho padecía de problemas mentales.
El abogado agregó que expertos forenses son los encargados de poner en marcha los exámenes médicos que lleven a concluir un diagnóstico de tipo mental y, una vez establecido, inicia un procedimiento especial para la aplicación de medidas de seguridad que consisten, por ejemplo, en la imposición de una orden de internamiento en un centro hospitalario para enfermos mentales.
La medida de internamiento es, en principio, de duración indeterminada; sin embargo, el abogado explicó que se revisa cada dos años, o antes si los informes del Instituto de Criminología así lo ameritan. Por ejemplo, la medida podría depender de la peligrosidad de la persona que cometió el delito.
El abogado penalista fue enfático en indicar que no son casos que quedan impunes, sino que la medida de seguridad, diferente a la prisión, cumple la función de una sanción. Estos mecanismos se regulan a partir del artículo 97 del Código Penal y el procedimiento para la aplicación de la sanción en el 388 y siguientes numerales del Código Procesal Penal.
