Jordie Picado Grijalba, alias Noni, el quinto extraditable requerido por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, recibió subsidios estatales por ¢10,5 millones para la compra de combustible destinado a una embarcación con licencia de pesca comercial.
Picado aparece en el registro del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) cobrando el beneficio en 15 ocasiones, con la embarcación Mibri II. El buque fue desinscrito del Registro Nacional en marzo de 2025.
Este beneficio, que concede Incopesca desde hace 30 años, exonera del pago de impuestos al diésel y la gasolina a pescadores con licencia comercial o turística activa, que gestionen el permiso ante la institución.
Picado recibió el subsidio entre abril de 2015 y mayo de 2017. Durante ese tiempo, adquirió 32.650 litros de gasolina, por los cuales pagó ¢6,8 millones, mientras que un consumidor normal habría tenido que destinar ¢17,3 millones; es decir, un 60% más.
Este número de beneficios resulta suficiente para llenar el tanque de 725,5 vehículos, con una capacidad de 45 litros cada uno.
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De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad Pública, la embarcación Mibri II fue detenida en 2021 por el presunto delito de transporte ilegal de combustible.
Alias Noni, de 32 años, fue detenido este jueves en La Galera, en Curridabat, y se sumó a la lista de costarricenses requeridos por el país norteamericano: el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez; el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata; Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato y Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas (requerido por autoridades italianas).
El ahora aprehendido es hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, capturado en Londres, Inglaterra, en diciembre del 2024. Desde entonces, Shock continúa a la espera de su extradición a Estados Unidos por el mismo delito que se le imputa a su hermano.
Alias Noni es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de una organización criminal que opera en la provincia de Limón desde hace varios años.
Según indicó a La Nación el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, todos los extraditables, incluido Shock, están vinculados con el envío de droga utilizando los puertos de Moín hasta Estados Unidos.

Polémico subsidio
Este beneficio para la flota pesquera se aprobó en la década de los 90 y según reveló este medio en noviembre de 2024, le cuesta al Estado, en promedio, ¢7.667 millones anuales.
El subsidio entró en vigencia con una intención altruista para incentivar la industria pesquera, aunque en la práctica ha sido aprovechado por personas sospechosas de trasiego de drogas, robo de combustible y pesca ilegal. En abril del 2025, La Nación informó que, en los últimos 10 años, 159 embarcaciones de pescadores que recibieron el subsidio fueron detenidas por los delitos mencionados.
Este medio también dio a conocer el caso particular de los empresarios pesqueros Víctor Hugo Cruz Mata y Denis Hernández Mata, detenidos en el marco del Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.
Entre abril del 2015 y junio del 2024, ambos recibieron ¢1.185 millones en exoneraciones, lo que se traduce en 4,8 millones de litros de ese combustible exonerado de impuestos, a través de 11 embarcaciones suyas.
Además, se informó que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, quien fue catalogado por Estados Unidos como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica, obtuvo subsidios por ¢521,4 millones.
La Contraloría General de la República alertó, el pasado 18 de diciembre, sobre el riesgo de que el combustible otorgado a precio subsidiado “sea utilizado en actividades ilícitas”, debido a una serie de debilidades en los controles del Incopesca.
El órgano contralor determinó que el Instituto realiza inspecciones “débiles y escasas” y puntualizó irregularidades al momento del trámite.