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El hombre que en junio del 2024 asesinó a Julieta Fernández Calderón, pensionada de 67 años que vivía en el Jardín de Dota, fue condenado a 35 años de prisión tras aceptar los cargos este martes en el Juzgado Penal de Cartago.
La sentencia fue dictada tras una audiencia preliminar que tardó siete horas, en la que el sujeto de apellidos Martínez Fallas, de 27 años, vecino de esa comunidad con antecedentes judiciales, se acogió a un procedimiento abreviado para no tener que ir a juicio.
De esta forma, recibió una pena de 25 años por el femicidio, ocho años por estafa informática, pues mandó mensajes haciéndose pasar por su víctima desde el celular de ella, y dos años más por el hurto de las mascotas, el carro de Fernández y objetos de su casa.
La audiencia era privada, pero Jorge Delgado Fernández, el hijo de la fallecida, permaneció en los Tribunales de Cartago junto a tres hermanas de ella y vieron por primera vez al hombre detenido el 14 de junio del 2024, después de que apareciera el cuerpo de la pensionada enterrado en una finca en Santa María de Dota, tras nueve días desaparecida.
“Hasta hoy lo conocí en persona, no dio la cara, no pudo vernos a la cara, no pidió disculpas ni se arrepintió, solo admitió los cargos y aceptó la pena”, dijo Jorge Delgado a La Nación.
Manifestó que desde el asesinato de su madre, el proceso “fue crudo, cruel, desgarrador, todo el mundo alrededor se derrumbó. Pero mi madre nos enseñó a ser guerreros y nunca mirar hacia atrás, a ser fuertes y valientes y por eso, en honor a ella, seguimos con dolor para adelante. Hoy enfrentamos la situación estando en pie de guerra y se llegó a este abreviado”.
Por su parte, la abogada de la familia de Fernández, Erika Solís Segura, aseguró que desde un inicio todo indicaba que Martínez era el femicida, pues se encontraron pertenencias de Fernández en la casa de la madre de él y en la casa de la pareja sentimental, aparte de que el hombre fue visto usando el carro de ella y el cuerpo apareció en una finca donde él trabajaba.
Detalló que la acusación del Ministerio Público solo estableció el delito de femicidio, pero en la querella se incluyeron los otros delitos señalados por lo que la condena pudo haber sido aún mayor a los 35 años.
“En aras de obtener una justicia más pronta, darle paz a la familia y que ellos pudieran sanar las heridas, decidimos un abreviado, pero no menor a los 35 años de prisión”, explicó Solís.
