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Jorge Antonio Morales Thomas regresaba de hacer una compras en una pulpería cercana a su casa cuando un sicario interrumpió a balazos el trayecto que completaba con su pareja y dos hijos. El crimen ocurrió a las 11 p. m., del domingo 26 de abril en Purral de Goicoechea, apenas un mes después de que el fallecido denunció un supuesto allanamiento ilegal a su vivienda, por parte de oficiales de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Morales de 24 años, recibió múltiples impactos en la espalda y el abdomen. Fue trasladado en un vehículo particular a la clínica de Coronado donde falleció minutos después de ingresar a ese centro médico.
Una cámara captó el ataque contra Morales que ocurrió en una zona donde la semana trasanterior la Sección Especializada Antidrogas del OIJ y la fiscalía de Goicoechea, ejecutaron siete allanamientos como parte del Plan Escudo y detuvo a siete sospechosos de traficar sustancias ilícitas.
Los imputados son de apellidos Mora, Calderón, Córdoba, Acevedo, Ramírez y Lobo, así como una persona menor de edad.
Según la Policía Judicial a la fecha han ocurrido en todo el país 243 homicidios, 48 menos que a la misma fecha del año anterior. El caso de Morales Thomas es uno de los 77 que registra la provincia de San José, una baja de 19 crímenes si se compara con la misma fecha del 2025.
Denuncia contra policías
Morales Thomas a través de su pareja de apellido Sáenz, presentó el 24 de marzo ante el OIJ una denuncia contra los oficiales de la Fuerza Pública quienes llegaron ese día a su vivienda en busca del ahora fallecido.
La mujer precisó que los policías tocaron de manera insistente el portón y al no recibir respuesta habrían irrumpido por el techo de la casa ya que a su criterio, no existía motivo para la presencia de las autoridades.
“Les pedí la orden de allanamiento y se burlaban de mí, me sacaban el dedo, me decían que la denuncia no iba a llegar a nada, que me iban a echar el PANI”, se lee en su declaración presentada ante el OIJ.
Como no les abrió, varios agentes despedazaron el cielorraso de su casa y entraron a la propiedad. Además, habrían utilizado un gas, a pesar de que había dos niños, uno muy pequeñito, de unos dos años, aproximadamente, y un escolar.
La supuesta acción ilegal de los oficiales fue grabada por la denunciante mientras sostenía una llamada en vídeo con su abogada. Las imágenes fueron aportadas como prueba en el expediente penal 26-007906-0042-PE, que se tramita en la Sección de Delitos Varios del OIJ, por presunto abuso de autoridad.
Desde el día en que se conoció la denuncia La Nación solicitó una versión al Ministerio de Seguridad, que hasta la fecha no ha contestado a nuestra solicitud de información.
