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El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, reiteró la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de no girar los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para crear 244 plazas adicionales en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en Costa Rica.
Además, rechazó una alternativa propuesta por el Poder Judicial para hacer uso de esos dineros en infraestructura.
La decisión fue comunicada por Lücke al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, mediante un oficio enviado el pasado 1.° de setiembre, en el cual indica que, debido a la realidad económica que atraviesa el país y a las limitaciones de recursos existentes, no es posible asignar el presupuesto.
Además, reiteró textualmente los motivos planteados el pasado 24 de julio por el entonces ministro de la cartera, Nogui Acosta, para no asignar las plazas. Los recursos, dice, se mantendrán en estado de “no ejecución” debido a la necesidad de mantener el equilibrio de los fondos públicos.
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Argumentó que esta decisión reduce la presión de endeudamiento, y que eso beneficiará el esfuerzo por mejorar el tamaño de la deuda pública en comparación con el producto interno bruto (PIB).
El gobierno añadió que, al cumplir con la regla fiscal, se librarán recursos en los años venideros para “financiar y atender las diversas necesidades de la ciudadanía”.
Fideicomiso para infraestructura
Desde octubre del 2024, el Ministerio de Hacienda rechazó, en al menos tres ocasiones, girar los recursos para asignar plazas al Poder Judicial.
En agosto, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó a La Nación que, ante la negativa de Hacienda de girar los recursos, el Poder Judicial propondría a dicha cartera trasladar los fondos, ya aprobados por los legisladores, al Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial BCR y utilizar el dinero para mejorar la infraestructura de las sedes judiciales alrededor del país.
Así lo hizo el 1.° de agosto, según informó el departamento de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
“Crear infraestructura para el Organismo de Investigación Judicial. Esa sería la alternativa final para no perder los recursos, porque retornarían a fortalecer al Organismo. Sin embargo, esa no fue la intención del legislador, ni la intención primera del OIJ”, dijo entonces Romero.
La prioridad, manifestó, es la creación de plazas.
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Dicha necesidad fue expuesta por el director del OIJ, Randall Zúñiga, y el fiscal general, Carlo Díaz, el 2 de octubre del 2024 ante los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
En conjunto, los jerarcas advirtieron de que afrontaban un déficit de 1.450 funcionarios, a finales de un año que culminó con 2,4 asesinatos por día, en promedio.
En consecuencia, el 16 de octubre del 2024, los diputados aprobaron tomar recursos de la partida prevista por el gobierno para pagar intereses de la deuda interna en el Presupuesto Nacional 2025 y destinar ¢14.408 millones al fortalecimiento de los cuerpos policiales y judiciales.
De ese monto, ¢9.346 millones correspondían al Ministerio Público para la asignación de 75 nuevos puestos y al OIJ para contratar 255 funcionarios. El dinero restante se asignó al Ministerio de Seguridad para generar 220 plazas.
Sin embargo, a casi un año de la aprobación del presupuesto, el Poder Judicial únicamente logró asignar el 26% de las plazas previstas (86). Esto ocurrió mediante un único giro de recursos autorizado por Hacienda, en marzo, tras el asesinato de un agente del OIJ a manos del sicariato.
De acuerdo con el departamento de prensa de la Corte, luego de que Hacienda rechazara tanto la creación de plazas, como la alternativa para trasladar el dinero al Fideicomiso, los recursos, que nunca llegaron al Poder Judicial, por el contrario, se utilizarán para el pago de deuda pública.
El departamento de prensa del Ministerio de Seguridad Público confirmó a La Nación que envió la solicitud a Hacienda para recibir los recursos, pero está a la espera de la respuesta por parte de la Autoridad Presupuestaria.
Este medio ha enviado consultas al departamento de prensa del Ministerio de Hacienda en tres ocasiones desde el 20 de agosto. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Equipos desgastados
“Tenemos equipos de trabajo agotados, desgastados y también un impacto importante en el presupuesto, porque los mismos equipos son los que tienen que trabajar en tiempo ordinario y extraordinario”, indicó Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.
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Jorge Eduardo Cartín, perito forense del OIJ y secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sintrajud), aseguró que, en plena crisis de inseguridad, la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones laborales han provocado una crisis dentro del organismo.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, advirtió de que los casos de violencia de género y delitos sexuales serían de los más afectados por falta de personal.
Al año anterior, por ejemplo, cada fiscal auxiliar encargado de esta materia atendió 866 expedientes y el tiempo de resolución, en promedio, alcanza los 12 años.
Las denuncias por estos delitos han mostrado un aumento sostenido. En 2022, el Ministerio Público recibió 34.637 denuncias, cifra que en 2024 ascendió a 42.643. Al 30 de junio de este año, ya se contabilizaban 21.668.
“No podríamos cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. (...) Es una materia que nosotros no podemos descuidar y que está siendo atendida actualmente con muy poco personal”, afirmó Díaz a La Nación.
