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Para los vecinos de Guácimo, aplicar el viejo adagio “ver, oír y callar” es más que respetar la vida ajena; es saber que su tranquilidad depende muchas veces de su silencio. La razón es que estructuras delictivas ejercen un control ilegal en la zona al grado de que castigan a quienes se atreven a cometer robos, pero no lo hacen de gratis; cobran peajes a los comerciantes a cambio de evitarse ese tipo atracos.
“Hemos tenido noticia de este tipo de tributos o de extorsiones que realizan en algunos comercios; es como un orden social paralelo”, explicó el fiscal adjunto de Pococí, José Mena.
Comerciantes consultados por este medio confirman la existencia del cobro de ese peaje.
Un pulpero, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, contó que “a los emprendedores no los tocan”, en referencia a los pequeños negocios, sino los almacenes más grandes, particularmente los que pertenecen a personas de origen asiático.
Este cantón de Limón es uno de los más golpeados por la violencia que afecta a todo el país.
Casi la totalidad de los hechos sangrientos están relacionados con disputas entre grupos criminales por plazas para la venta de drogas. Uno de los principales señalados es Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el prófugo más buscado de Costa Rica.
Este hombre de 41 años mantiene un dominio tácito en la zona desde que salió de la cárcel, en octubre de 2016; su nombre es vinculado con homicidios, narcotráfico y extorsiones. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofrece $500.000 por su captura.
“Es una sensación agridulce porque, mientras él esté, uno sabe que no se van a meter jamaiquinos ni mexicanos, pero también se sabe que carga muchos muertos sobre la espalda”, dijo el comerciante en relación con alias Diablo.
Durante una visita que hizo La Nación a diversos poblados de Guácimo, se constató que los habitantes evitan mencionar el nombre de Arias Monge o su apodo. Los lugareños se refieren a él como el hombre que anda en fuga, aquel sujeto o, el patrón.
El 16 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó varias propiedades en el Limbo, en el distrito de Duacarí, como parte de una investigación por la tortura sufrida por un hombre a quien una célula de alias Diablo confundió con un supuesto ladrón de comercios.
La reprimenda obedeció a este aparente “orden social paralelo” de las estructuras criminales.
Un custodio, quien pidió no ser identificado, también señaló el control predominante de las estructuras delictivas.
“Lo que nos han dicho es que el hombre no permite que toquen a los que andamos pulseándola, pero siempre nos dicen que hay que andar 6”, expresó el agente de seguridad, refiriéndose al código policial que significa estar atento.
¿Quiénes andan con esa cámara tomando fotos?
De la advertencia fue testigo un equipo de La Nación, mientras un fotógrafo registraba imágenes en la comunidad de El Limbo. Un sujeto en motocicleta apareció de repente y preguntó en actitud intimidante: “¿quiénes son esos maes que andaban con esa cámara tomando fotos?”.
Otros comerciantes de Duacarí viven una realidad paradójica; afirman que los asaltos son inexistentes, pero eso se debe a que las organizaciones cobran peaje a los empresarios, de acuerdo con información en poder de las autoridades.
“Los primeros años que estuve aquí sufrí un pequeño asalto, pero de unos seis años para acá esta zona ha estado muy tranquila”, dijo un hombre quien cierra su negocio avanzada la noche.
Con él coincidió una emprendedora, al afirmar que, desde que abrió su local, nunca ha tenido problemas. “Aquí nos sentimos seguras y entre los vecinos nos cuidamos; en cinco años de estar aquí, nunca nos han asaltado”.
No obstante, reconoce que circulan rumores sobre el cobro de peajes “en otros lugares”.
Según el fiscal adjunto de Pococí, José Mena, quien tiene a cargo la investigación de los hechos delictivos en Guácimo, en este último cantón de unos 57.000 habitantes, ocurrieron 18 de los 880 asesinatos de todo el país en el 2024.
Aunque la cifra parece pequeña, representa una tasa de 31,57 homicidios por cada 100.000 habitantes.
“La tasa de homicidios en el resto de los sectores del país está en 17,45 aproximadamente. Según esos datos, podemos concluir que se registra un 80% más de homicidios por cada 100.000 habitantes que en los demás cantones”, argumentó el fiscal.
Ministerio de Seguridad desearía más recursos
Este medio consultó al Ministerio de Seguridad sobre los recursos y estrategia con que cuentan para contener el fenómeno criminal en Guácimo. El viceministro Erick Lacayo detalló que en la zona hay 126 oficiales de policía con un apoyo de personal administrativo, seis vehículos y seis motocicletas, más un vehículo para el transporte de aprehendidos.
“Uno desearía tener más recursos. En los últimos dos años, hemos venido recuperando la tasa de salida del personal policial, que en promedio es de 600 personas al año, se van reponiendo esos puestos, que eventualmente van quedando especialmente en la zona Atlántica”, explicó el jerarca.
Al preguntarle por la proporción entre cada oficial y la cantidad de habitantes que le correspondería atender a cada uno de ellos (en promedio supera las 350 personas), Lacayo dijo que según sus modelos de gestión se miden diferentes.
“El modelo de gestión lo que nos da es una actividad operativa versus un fenómeno criminal. Hace unos años, la relación de un policía en una esquina generaba lo que preventivamente se quería; hoy los índices de violencia hacen que nuestro modelo haya variado”, explicó.
El funcionario agregó que, para el otro año, tienen planificado reforzar con personal toda la región Caribe y en particular Guácimo.
“Trabajamos con datos y hemos venido definiendo el top 20, que son los distritos donde se nos concentra la mayor incidencia delictiva ya sean homicidios o delitos contra propiedad, que son los dos grandes grupos que identificamos”, concluyó.
Municipalidad sin recursos
La alcaldesa Beatriz Mora descartó crear una policía municipal por falta de recursos. Según argumentó, el ingreso anual de la Municipalidad no llega a los ¢3.000 millones y crear un cuerpo policial implicaría un monto superior a ese.
En su lugar, coordinan con la Fuerza Pública programas de prevención y buscan financiamiento de la Embajada de Estados Unidos para instalar cámaras de vigilancia en el casco central. “Ese proyecto estaría para el otro año, iniciaríamos con seis u ocho cámaras”, adelantó.
