
Un grupo sospechoso de narcotráfico y lavado contrató al bufete del hoy extraditable, Celso Gamboa, en busca de desarrollar un proyecto turístico a siete kilómetros de la Terminal de Contenedores de Moín. Así consta en actas del Concejo Municipal de Limón.
Según consta en el acta del 24 de agosto del 2020, Gamboa envió a los regidores limonenses una solicitud de una empresa llamada Urbanizadora Acre de Heredia S. A., para que se rectificara una declaratoria de vía pública otorgada a una calle cerca de la propiedad donde se desarrollaría el proyecto turístico Beitos Place.
Urbanizadora Acre de Heredia era representada por Luis Guillermo Cartín Herrera (fallecido el 6 de mayo del 2021), a quien la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigaban como parte de la presunta organización del Caso Turesky.
En mayo del 2021, el OIJ efectuó un amplio operativo para desmantelar al supuesto grupo Turesky bajo la sospecha de que enviaba cocaína a Europa, lo cual frustró el plan de construir Beitos Place. El juicio aún está pendiente.
La organización, que presuntamente era encabezada por Alejandro James Wilson, alias Turesky, habría logrado acceder a reuniones en varias instituciones públicas en procura de permisos para desarrollar sus actividades, no solo turísticas, sino también en la construcción de viviendas de interés social.
En el caso de Limón, el grupo planteaba desarrollar un hotel de $12 millones en un terreno de 18.800 metros cuadrados que tenía un traslape de planos con propiedades del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en Portete.
El complejo abarcaría 14 villas habitacionales, dos restaurantes, un centro de convenciones y un club de playa, además de piscinas, áreas de ejercicio al aire libre y de coworking.
Con ese fin, el grupo contrató los servicios del bufete Celso Gamboa & Asociados, el cual envió una segunda nota al Concejo Municipal de Limón, según consta en el acta del 23 de noviembre del 2020.
El 18 de agosto anterior, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el exmagistrado lavaba dinero proveniente del narcotráfico mediante este bufete.
A su vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, también señaló una fuerte disputa entre presuntos grupos criminales por el control del megapuerto de Moín y los terrenos aledaños.
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La calle para el ‘Beitos Place’

En el escrito enviado al Concejo de Limón, Celso Gamboa Sánchez informó de la existencia de un acuerdo municipal de 1999, que había declarado calle pública la vía de interés y su deseo de rectificar el acuerdo original para, además, declararla de interés turístico.
Según su exposición, la declaración era de gran importancia para el proyecto hotelero que, según argumentó, también era del “interés cantonal”, pues crearía casi 1.500 empleos directos e indirectos.
“La calle en mención existe desde hace ya varios años y da acceso a varias fincas, además de la finca de mi representado”, se lee en el mensaje de Gamboa.
El exmagistrado agregó que sería “de gran importancia que la Municipalidad propicie el desarrollo de esta área que está prácticamente paralizada, a pesar de su gran valor escénico y territorial”.
Según alegó, la obtención de la declaratoria original se frustró porque las actas del Concejo Municipal de 1999 no se encontraron y no hay respaldo digital.
Citó que, a pesar de sus esfuerzos, el Archivo Nacional le confirmó que tampoco custodia actas del municipio después de 1984, lo cual le impedía confirmarle a las autoridades municipales del 2020 que la calle era pública desde hacía 21 años antes.
Aunado a esto, dijo que era poco probable que las actas originales de 1999 fuesen localizadas, según la Secretaría del Concejo Municipal de Limón, debido a varios allanamientos realizados por el Ministerio Público en años previos.
Como abogado de Cartín Herrera, Gamboa también señaló que la empresa había enfrentado grandes obstáculos para iniciar el desarrollo y, por ello, contrató al bufete Celso Gamboa & Asociados para “rebasar esta serie de inconvenientes” y continuar con la gestión.
Ante la solicitud, el Concejo Municipal acordó trasladar la nota de Gamboa a su Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen.
La Nación remitió, este miércoles, consultas a Natalia Gamboa Sánchez y Michael Castillo Delgado, en calidad de representantes legales de Gamboa Sánchez, sobre la intervención ante el Concejo Municipal de Limón. Pero al momento de esta publicación, no se obtuvo respuesta de ninguno de los dos.
