El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a La Nación que abrirá una investigación de oficio para determinar posibles vínculos políticos o de financiamiento electoral del extraditable de origen chino, nacionalizado costarricense, Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong.
Esto luego de que se conociera que Tam, alias Chino, estuvo el 1.° de febrero en el hotel Delta Hotels by Marriott San Jose Aurola en la celebración de la victoria en las urnas de la ahora presidenta de República, Laura Fernández Delgado y el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Ese día, la mamá de dos hijos de Tam, Argerie Valverde Venegas, también estuvo presente en esa actividad e incluso, se fotografió con la mandataria.
Tam, detenido el viernes pasado 2 de octubre en Curridabat, enfrenta una investigación por tráfico de drogas y legitimación de capitales. Díaz explicó que ahora deberán determinar si además cometió algún delito electoral.
“Vamos a investigar cualquier otro antecedente o relación que tenga esta persona a nivel político y, sobre todo, investigaríamos lo referente a lavado de activos y a un eventual financiamiento de campañas electorales, siempre cuando se involucren actividades delictivas”, dijo el fiscal general.

Cruce de información
Aunque precisó que de previo, deben esperar un informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): “Lo que podríamos nosotros a priori es darle información que vayamos teniendo y necesitaríamos corroborar si tiene relación con algún financiamiento ilegal en esta campaña”, detalló.
Y agregó que, como Tam solo puede ser extraditado por aparente narcotráfico, en el país sí se le continuará investigándolo por el presunto delito de legitimación de capitales, por una causa que estaba abierta desde antes de su detención.
“Nosotros sabíamos, por supuesto, que esta persona iba a ser solicitada para extradición, pero la investigación era conjunta, con la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), y la Policía de Control de Drogas (PCD)”, indicó Díaz.
En una declaración jurada que dada del 4 de agosto del 2025, Guobin Tam Zhang negó que sus ingresos fueran ilícitos. Sostuvo que provenían de actividades comerciales relacionadas con el “arrendamiento de locales comerciales y casas de habitación, las cuales se encuentran en diferentes propiedades donde figuro como representante o administrador directo.
”Declaro que todos mis ingresos provienen de actividades totalmente lícitas”, declaró bajo la fe de juramento, según consta en el protocolo del notario Ronald Antonio Sánchez Trejos.
En el Registro Nacional no aparecen propiedades a su nombre, ni a nombre de sociedades donde él figura como miembro de la junta directiva.

Criterio de oportunidad
Carlos Díaz confirmó que, al tratarse de un extraditable, el Ministerio Público aplicará el criterio de oportunidad en las causas locales para priorizar su envío a Estados Unidos. “Esa ha sido la práctica, vamos a priorizar la extradición”, recalcó.
Según Díaz, tanto la causa por narcotráfico y legitimación de capitales como un eventual expediente por delitos electorales quedarían suspendidas bajo esa misma figura. “Si él estuviera relacionado con delitos electorales, también se le aplicaría un criterio de oportunidad”.
Sin embargo, las personas que resultaran vinculadas con Tam sí enfrentarían una investigación e “incluiría a eventuales testaferros, funcionarios corruptos o personeros de partidos políticos que hayan recibido dineros a sabiendas de que no era legal hacerlo de esa manera”.
Narco invisible
Díaz vinculó el caso de Tam con la segunda fase de la estrategia conjunta con la DEA, contra lo que ha denominado narcos invisibles. “Este ya es uno de esos narcos invisibles, una persona que si no es por la investigación, usted no la tendría señalada como un eventual narcotraficante”, ratificó el fiscal al tiempo que sentenció: “Nadie es invisible”.
También confirmó que a Tam se le decomisaron cinco aparatos electrónicos, cuatro de ellos teléfonos celulares, los cuales ya están bajo resguardo del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Ya procedimos a hacer las respectivas aperturas de estos teléfonos que fueron autorizadas por un juez de la República”, explicó.
Según Díaz, la información que se extraiga de esos dispositivos podría derivar en nuevos procesos: “De lo que se extraiga y lo que eventualmente podamos demostrar de otras actividades ilícitas contra otras personas, vamos a iniciar las causas respectivas”, afirmó.
