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Andrea y Juan se conocieron cuando tenían 16 años y vivían en Venezuela. Hoy, con 23, están sentados sobre un colchón en una habitación de un “hotel” del barrio Chino, en San José, enfrentando un futuro incierto.
Su hija, de apenas cinco meses, tiene fiebre; ellos no saben con certeza dónde están, ni cómo ganarse la vida. Afuera, la lluvia golpea con fuerza el cielorraso del edificio, y en un pequeño chupón quedan ya las últimas onzas de leche.
En un mueble cercano, entre documentos escaneados y fotos, reposan algunas monedas y un billete junto al tarro vacío de fórmula.
El pasado 16 de octubre, la Policía Municipal, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Mixto de Ayuda Social intervinieron el lugar donde dormía la familia. Sus frentes se surcaron de inmediato cuando las autoridades comenzaron a hacer consultas sobre el bienestar de la niña y sus condiciones en el país.
Hace calor y huele a humedad en la habitación, ubicada en la última puerta de un largo pasillo, en el segundo piso del inmueble, con cables eléctricos expuestos, escombros apilados y paños húmedos.
El lugar es uno entre decenas de edificaciones en la capital que colocan en su fachada un rótulo de hotel, pero no admiten menores de edad y tampoco cuentan con las certificaciones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Por el contrario, son frecuentados por parejas que pagan ¢7.000 o ¢12.000 para pasar algunas horas en las habitaciones.
En la número 8, donde duerme la familia, un pequeño abanico negro dirige una brisa tenue hacia la niña e intenta atenuar, sin mucho éxito, su temperatura. Al menos, quizá, refresca un poco el espacio, que apenas tiene lo justo para una cama y un baño pequeño.
“Es lo mejor que encontramos”, explicó la madre, insistiendo en que, aun en las condiciones en que se encuentran, intentan conseguir un sitio seguro para su hija. La abraza con fuerza, y en sus ojos se refleja el miedo a que alguna autoridad se la arrebate del regazo.
Es deseada y amada, contó la joven.
Andrea y Juan partieron desde Venezuela hacia Estados Unidos hace poco más de un año y tardaron un mes en llegar al norte. En setiembre de 2024, arribaron a la Ciudad de México con la esperanza de cruzar la frontera, pero dificultades migratorias truncaron sus planes.
Allí permanecieron un año, trabajando en cualquier oportunidad que surgiera, y fue entonces cuando nació su hija. Se quedaron el tiempo necesario para que ella recibiera atención médica, pero cuando Juan perdió su empleo, decidieron emprender el camino de regreso.
Hacía tres días que habían llegado a Costa Rica y, una vez en San José, dedicaron un día entero a buscar un lugar donde dormir seguros. La tarea resultó difícil.
¿Cómo eran esos lugares?
Andrea guardó silencio, arrugó el ceño y negó con la cabeza. Habitaciones llenas de humedad, olor a cigarro, drogas, escándalo, inseguridad y prostitución. No brindó mayores detalles, pero concluyó explicando que ninguno de esos escenarios era apto para su pequeña y que al menos en el sitio donde dormían cerraban las puertas temprano. Es lo que pueden pagar.
Aun con un techo donde pasar la noche, no es un lugar seguro. El edificio tiene una sola entrada y salida en caso de emergencia, paredes livianas y techos resquebrajados. Tampoco tiene alarmas, ni detectores de humo.
En la planta baja, un cuarto de lavandería despierta las alarmas de las autoridades de Salud, pues tubos de agua y cables eléctricos se entrelazan en peligrosa convivencia.
Andrea, Juan y su hija son parte del flujo migratorio que transita desde el norte hacia el sur, en su mayoría personas venezolanas que no pudieron permanecer en Estados Unidos ni en países vecinos.
Entre enero y agosto de 2025, 16.776 personas en esta situación ingresaron al país por Peñas Blancas, en la zona norte, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las familias llegan en condiciones vulnerables y culminan viviendo junto a habitantes de calle o personas en consumo activo, en hoteles de paso o, en muchos casos, en pensiones o comercios que desvirtúan sus permisos de funcionamiento para alojar grandes cantidades de personas en espacios confinados y en condiciones de salubridad deplorables.
El Ministerio de Salud emitió al establecimiento al que llegó la familia una serie de requerimientos para subsanar deficiencias, tras hallar cableado expuesto, residuos y la ausencia de un plan de emergencia y de gestión de desechos. De no cumplir con estos y otros requisitos, el sitio será clausurado.
Los jóvenes, por su parte, no saben bien cuál será su futuro. Un día después del operativo, se les habilitó un espacio en un albergue para permanecer al menos los siguientes 10 días.
