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Costa Rica enfrenta una alarmante escalada de amenazas de tiroteos en el sector educativo. En menos de un mes, al menos nueve instituciones, incluyendo colegios públicos, privados y hasta la Universidad de Costa Rica (UCR), se han visto obligadas a suspender lecciones, evacuar instalaciones o activar protocolos policiales ante amenazas de tiroteos o ataques con explosivos.
Este jueves 23 de abril, específicamente, se convirtió en uno de los días más críticos, al registrarse cuatro alertas simultáneas en distintas zonas del país.
En Alajuela, el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Sabanilla suspendió de inmediato sus lecciones tras detectar una amenaza de ataque programada para el día siguiente, es decir, para el viernes 24 de abril.
En Pérez Zeledón, el Liceo Unesco y el CTP San Isidro también tuvieron que tomar medidas; en el caso del Unesco, la emergencia se desató luego de que se difundieran videos de un estudiante persiguiendo a otro con un arma blanca y apareciera un mensaje en un inodoro que advertía: “No se salva nadie (...). Este jueves tiroteo”.
Previamente, el MEP informó que un estudiante fue denunciado ante la Fiscalía tras ser sospechoso de amenazar con un cuchillo a otros compañeros del centro educativo.
En imágenes que trascendieron en redes sociales, se observa una aparente riña entre varios colegiales; durante la disputa, uno de los jóvenes extrajo un arma blanca para amenazar a otro estudiante, lo que provocó que los presentes huyeran del sitio.
Durante este mismo jueves, la tensión escaló a nivel de educación superior cuando la UCR denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un correo electrónico que amenazaba con una balacera.
El mensaje incluía insultos y se da en el contexto de que el edificio de Rectoría fue tomado por un grupo de estudiantes universitarios desde este miércoles 22 de abril, debido al fracaso en las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.
Esta ola de incidentes ha sido una constante a lo largo de abril. El martes 21 de abril, por recomendación de la Fuerza Pública, el MEP clausuró las clases temporalmente en el Liceo de Puriscal, el CTP de Puriscal y el LEB de Siquirres por amenazas similares.
Previamente, el 13 de abril, las autoridades vivieron momentos de alta tensión en el colegio privado Santa Catalina de Sena, en Pavas, donde un mensaje escrito a mano advertía sobre la detonación de una bomba y un ataque dirigido a herir entre 15 y 17 personas de las secciones de sétimo grado.
Por este caso, el OIJ detuvo a un menor de 14 años, a quien el Juzgado Penal Juvenil le impuso medidas cautelares, obligándolo a abandonar la institución y recibir clases virtuales provisionales.
Aumento de violencia en las aulas
La situación actual se enmarca dentro de una crisis de violencia que comenzó a evidenciarse semanas atrás.
El 26 de marzo, otro estudiante de 14 años fue arrestado tras amenazar con un arma de fuego a docentes del Liceo Sinaí, en Pérez Zeledón. Durante el allanamiento a su vivienda, las autoridades decomisaron marihuana y un arma blanca.
Estos episodios de violencia y terror en las aulas llevaron al Ministerio de Educación a reconocer la urgencia de buscar soluciones.
Luego de que Liann Alejandro Rivas Quesada, un estudiante de 18 años fuera asesinado por un compañero en el IPEC de Liberia a inicios de marzo, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, en entrevista con La Nación anunció medidas que incluyen revisiones aleatorias de bultos y un proyecto para instalar cámaras con inteligencia artificial en 500 centros educativos de alta incidencia para el año 2027.
Mientras las investigaciones a cargo del OIJ y el Ministerio Público avanzan, el MEP y los centros educativos continúan alertando a las comunidades mantener la calma, estar atentos a canales oficiales y denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo a los estudiantes.
