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Miles de unidades de licores, cigarrillos, medicamentos, perfumes y hasta pastas dentales forman parte de los cargamentos de contrabando decomisados por la Policía de Control Fiscal en las últimas semanas.
Prácticamente cada semana se incauta mercancía contrabandeada; la más reciente tuvo lugar en Parrita, Puntarenas, donde la Fuerza Pública decomisó más de 5.600 unidades de licor.
El contrabando, según la legislación costarricense, es la introducción o salida de mercancías burlando el control de las autoridades aduaneras. Esta conducta es un delito que afecta directamente a la Hacienda Pública al evadir impuestos, genera pérdidas millonarias al Estado y distorsiona la competencia frente a los comercios formales.
En Costa Rica, esta práctica está tipificada en la Ley General de Aduanas N.° 7557. Su artículo 211 establece penas de tres a cinco años de prisión, además de multas de hasta tres veces el valor aduanero de la mercancía cuando esta supera los cinco mil pesos centroamericanos.
‘Ya no es solo narcotráfico’
Desde el sector empresarial, el diagnóstico es claro: en apariencia, el contrabando dejó de ser una actividad de oportunidad para convertirse en una operación del crimen organizado.
Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio, advierte que estas redes han diversificado sus operaciones hacia productos como cigarrillos, licores, medicamentos y artículos falsificados.
“Ya no sólo está en el negocio del narcotráfico, sino que se han involucrado en el contrabando de cigarrillos, de licores, de productos falsificados, de medicinas, y esto nos está generando una gran problemática al comercio formal y al país”, señaló Carvajal.
Según estimaciones de la Cámara, el mercado ilícito alcanzó en 2022 un valor cercano a ¢1 billón anual, equivalente al 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Cigarrillos ilegales dominan el mercado
Uno de los ejemplos más críticos es el de los cigarrillos. Un estudio del Observatorio, basado en datos de Total Research Network, estima que el 44,9% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales. El análisis arrojó datos alarmantes:
- Tres de las seis marcas más vendidas provienen del contrabando: Gold City, Silver Elephant e Indigo.
- Estas marcas concentran el 86,4% del mercado ilícito.
- Se identificaron al menos 19 marcas ilegales en circulación nacional.
- Estos productos lideran las ventas totales en provincias como San José, Limón, Cartago, Alajuela, Puntarenas y Heredia.
Carvajal señaló que el estudio, realizado en diez ocasiones entre 2021 y 2025, ha mostrado resultados consistentes: en promedio, el 43,7% de los cigarrillos vendidos en el país son ilegales, con impactos que afectan a toda la sociedad.
Rutas y modalidades
Según explicó el director, la mercancía utiliza múltiples vías para entrar a suelo nacional:
- Pasos fronterizos sin control: especialmente en zonas terrestres donde no hay aduanas ni puntos de control.
- Aduanas formales: mediante declaraciones falsas sobre el contenido de los contenedores, ya que no toda la mercancía que ingresa al país es revisada individualmente. Además, presuntamente ha habido casos en los que algún funcionario permite el paso de los productos ilícitos.
- Envíos aéreos y paquetería: aprovechando el auge del comercio electrónico (e-commerce) y la limitada capacidad de inspección.
Carvajal reconoce que persisten desafíos para contrarrestar el aumento del contrabando en el país, como falta de recursos para inspección, un crecimiento acelerado de importaciones por paquetería, y la necesidad de modernización tecnológica
El experto advirtió que el sistema aduanero no estaba preparado para manejar el volumen actual de envíos por paquetería, lo que ha provocado controles insuficientes para detectar irregularidades.
Además, señaló que el crimen organizado diversifica sus rutas, aunque la principal sigue siendo la vía terrestre, especialmente con productos provenientes de Zona Libre de Colón en Panamá, identificada como un punto clave de distribución de contrabando.
Cientos de investigaciones en curso
El contrabando mantiene una alta incidencia judicial. Datos de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos indican que, en lo que va del 2026, se han abierto 20 expedientes y hay 73 investigaciones activas. En 2024 ingresaron 69 causas y en 2025 se registraron 66.
Aunque algunos casos terminan en condenas, la Fiscalía reconoce que en muchos procesos se aplica la conmutación de la pena (medidas alternas como servicio comunitario o monitoreo electrónico).
Pero, cifras del Poder Judicial brindadas a La Nación a marzo de 2026 revelan un panorama más amplio: 293 expedientes en trámite por contrabando y defraudación aduanera. La mayoría se concentra en las Fiscalías (173 casos) y Juzgados Penales (70 casos). El delito más frecuente es el contrabando tradicional, seguido por la defraudación fiscal aduanera y el contrabando agravado.
Alta rentabilidad y bajo riesgo
A diferencia de otros delitos, Carvajal explica que el contrabando ofrece una combinación atractiva para las organizaciones criminales: altas ganancias y bajo riesgo penal.
Pese a que el contrabando agravado puede castigarse con hasta 15 años de cárcel, son pocos los casos que terminan con prisión efectiva. Además, precisó, los productos ilegales pueden venderse hasta a la mitad del precio del mercado formal, lo que facilita su rápida colocación.
El director del Observatorio advirtió que ignorar el contrabando dentro de las actividades del crimen organizado debilita la lucha contra la inseguridad, por lo que urgió a darle mayor prioridad para reducir la violencia en el país.
