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Las desarticulaciones recientes de poderosas estructuras dedicadas al narcotráfico, lavado de activos y homicidios, como en los casos Traición, Riverside o Venus, dejaron al descubierto un fenómeno cada vez más creciente: el rol protagónico de las mujeres en grupos criminales.
Anita y Estefanía McDonald Rodríguez, suegra y esposa, respectivamente, del extraditable Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock (actualmente detenido en Inglaterra), y Gaudy Cortés Madrigal pareja del también extraditable Jordie Picado Grijalba, alias Noni, no solo ocupaban ese lugar familiar; también son sospechosas de asesorar en asuntos legales y manejo de dinero a la estructura criminal presuntamente liderada por los hermanos Picado Grijalba.
La mayor de las tres, Anita, exdirectiva del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca), habría facilitado la compra de carros, barcos y motores, aprovechando su investidura de abogada y notaria, incluso reportando transacciones con dinero en efectivo, según consta en el expediente del Caso Traición, que detalla cómo operaba el Cartel del Caribe Sur.
McDonald también brindó servicios legales para el extraditado Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca y su esposa Andria Araya Bougle, para quienes gestionó la compra y venta de propiedades, motores, vehículos, barcos y maquinaria pesada, además de inscribir las donaciones de bienes muebles e inmuebles efectuadas entre los miembros del matrimonio. Las autoridades investigan si esos bienes son producto de negocios ilícitos, como el narcotráfico o el robo de combustible.
Kishna López Tyndall, alias Kiki y Jeydi Aniaska Smith de la O, hija y esposa (en ese orden) de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, también son señaladas por la fiscalía en roles protagónicos dentro de la organización del cabecilla extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo. Ambas, en apariencia, administraban dinero y presuntamente participaban en actividades de lavado de activos.
Una de las detenciones más recientes ocurrió el 20 de agosto, cuando cayó Pamela Álvarez Jiménez, hija del extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o El Profe, presunto líder junto a uno de sus hermanos, de una organización dedicada a la legitimación de capitales, según el Caso Venus. La joven enfrenta una causa por lavado de activos en la que también se investiga a uno de sus hermanos.
El 21 de julio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres, como parte del Caso Dalila, detuvo a una mujer de apellidos Monge Williams, sospechosa de liderar una agencia que prestaba servicios de sicariato para otras bandas, en complicidad con dos de sus hijos y su pareja.
La Nación consultó a expertas, un jefe policial y un penalista con experiencia en psicología forense sobre este fenómeno. Todos coincidieron, por separado, en que llegó para quedarse.
Confianza del cabecilla
El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que el ascenso femenino dentro de estas estructuras está asociado casi siempre a vínculos familiares. “Son mujeres que tienen alguna relación afectiva con el cabecilla de la estructura, o una relación familiar como esposas, hijas o parejas, que les permite ganar la confianza del cabecilla y tomar algunas posiciones de liderazgo”, afirmó.
Soto citó el caso de Pecho de Rata, donde la hija es la principal sospechosa de asumir una posición de mando tras la detención de su padre, e hizo referencia también a los casos de El Profe, Noni y Shock, en los que hijas, suegras y parejas habrían ocupado roles clave en la legitimación de capitales.
“Las mujeres principalmente están asociadas a los temas económicos, no tanto a asuntos operativos”, señaló, aunque distinguió el caso de Siquirres, donde la mujer detenida funcionaba como intermediaria para que su pareja e hijos ejecutaran actividades delictivas.
El jerarca fue enfático en que, hasta ahora, el OIJ no ha detectado a una mujer que funde y lidere una estructura criminal desde cero: “Básicamente, están de una u otra forma vinculadas con un masculino”.
Mencionó también el caso de la sentenciada Cristel Gómez Espinoza, alias la Reina del Sur, hija del extraditable Alberto Gómez Calderón, quien coordinó estructuras de abastecimiento de drogas en el Valle Central a partir del vínculo con su padre.
Sobre si esta tendencia es permanente, Soto la relacionó con un fenómeno sociológico más amplio: “Ese posicionamiento femenino tan fuerte en la sociedad costarricense hace que en el mundo criminal se dé una especie de paralelismo”. Citó, además, el caso de Marcos Zamora Solórzano, alias Indio, quien tenía una familiar que manejaba las finanzas del grupo “con un orden espectacular, tal cual fuera una empresa ordinaria”.
El crimen organizado es meritocrático
La criminóloga Tania Molina explicó que el crimen organizado costarricense evolucionó más allá del rol de “correo humano” en aeropuertos, que es el delito más perseguido, pero también el más visible, hacia funciones de liderazgo operativo, manejo financiero, reclutamiento y participación directa en actos violentos, incluido el sicariato.
Según Molina, hay tres razones estructurales detrás de este cambio. La primera es la permeabilidad del género femenino ante los controles de seguridad tradicionales: “El sistema policial y judicial operó con el sesgo implícito de que las mujeres eran solo víctimas del crimen organizado; eso les dio ventaja operativa real: menos sospecha, menos detenciones”.
El segundo motivo es la movilidad social dentro de las estructuras: “Quienes demuestran capacidad, lealtad, eficacia, ascienden independientemente del género; el crimen organizado es brutalmente meritocrático en ese sentido específico”, dijo la experta.
La tercera causa es el vacío que deja la caída de los líderes masculinos: “Alguien tiene que asumir el mando, alguien de confianza y en varias estructuras está documentado, en Costa Rica y en la región, que ese alguien ha sido una mujer”.
La criminóloga advirtió; sin embargo, contra las narrativas únicas al explicar que “hay mujeres que son líderes, operadoras y sicarias por elección y hay mujeres que son víctimas de trata, de reclutamiento coercitivo, de violencia; ambas existen simultáneamente y requieren respuestas distintas del sistema de justicia”.
Vulnerabilidad
Karen Jiménez, encargada de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), detalló que una investigación de esa carrera encontró mujeres en distintos niveles del narcomenudeo; desde la venta al detalle hasta la administración de zonas y posiciones de liderazgo con personal bajo su mando.
Según Jiménez, en los casos estudiados aparecen de forma reiterada condiciones de pobreza, escasa educación, maternidades tempranas, algunas producto de abuso sexual y responsabilidades de cuido de menores o adultos mayores, factores que no determinan la comisión de delitos, pero sí reducen alternativas y facilitan el reclutamiento por parte de las organizaciones criminales.
La investigación también determinó que las mujeres que ejercen liderazgo suelen ser más conciliadoras para resolver conflictos dentro de la estructura, reservando la violencia como última opción. “Operan de una forma menos violenta en comparación con los hombres”, afirmó.
De “narconovias” a lideresas, explica psicólogo forense
El abogado penalista y psicólogo forense Julio Córdoba atribuyó el fenómeno a un ciclo de descomposición social marcado por la falta de oportunidades, en un contexto donde figuras del narcotráfico se exhiben como modelos de éxito ante comunidades enteras. “La niñez y juventud ya conocen los líderes narcos del barrio y se transforma en un honor gozar de su cercanía y protección”, señaló.
Sobre el rol femenino indicó que “las mujeres en este mundo pasaron de ser ”narconovias" a iniciar en el campo operativo de la organización y tomar liderazgo, ya sea por ascenso o por asumir la posición cuando su pareja cae abatida o termina encarcelada. Su liderazgo es más discreto, con un perfil menos violento”.
Córdoba cuestionó, además, que la represión carcelaria sea la única estrategia estatal frente al fenómeno: “Apenas encierran a uno (cabecilla), inmediatamente habrá dos o más disputando esa posición delincuencial”.
Estudio de la UNED
La Carrera de Ciencias Policiales de la UNED presentó un estudio que documenta cómo las mujeres ejercen liderazgo dentro de estructuras vinculadas al narcotráfico, con un estilo caracterizado por el uso reducido de la violencia frente a sus pares masculinos.
El informe se publica en un contexto de mucha violencia: en 2023, Costa Rica registró 905 homicidios dolosos, la cifra más alta de su historia reciente y aunque bajó levemente en 2024 y 2025, se mantuvo por encima de los 800 casos anuales. Según el OIJ, en 2025 se contabilizaron 85 homicidios de mujeres, 43 de ellos ligados a ajustes de cuentas relacionados con el crimen organizado.
La investigadora de la UNED Karla Salazar, explicó que el hallazgo cuestiona la idea de que el liderazgo criminal es exclusivamente masculino: “Algunas alcanzan cierto nivel de liderazgo en estructuras familiares y de mediana escala, con estrategias más calculadas y menos violentas”.
Según cifras del Sistema Penitenciario citadas en el estudio, en 2024 había 1.351 mujeres en conflicto con la ley, de las cuales el 40 % enfrentaba procesos por infracción a la Ley de Psicotrópicos. La mayoría tenía entre 25 y 44 años y el 79 % no concluyó la secundaria.
“La evidencia demuestra que las mujeres no solo participan, sino que algunas lideran, y lo hacen con tácticas diferentes que deben ser reconocidas en el debate académico y político”, concluyó Salazar.
