La Cruz Roja Costarricense informó este martes que enfrenta una crisis financiera que compromete la continuidad de sus servicios humanitarios en Costa Rica. La institución proyecta un déficit de más de ¢1.700 millones al cierre del 2025, lo que augura una inminente parálisis dado que sería insostenible su operación nacional.
Según un comunicado emitido este 4 de noviembre, el déficit se mantiene de forma sostenida desde hace varios años y responde a la ausencia de un financiamiento estable y suficiente para sostener las operaciones de atención de emergencias.
La situación se agravó tras la pandemia de la covid-19, cuando aumentó la demanda de servicios sin que los ingresos crecieran al mismo ritmo.
La Cruz Roja recordó que es una organización privada sin fines de lucro y que, pese a ser la institución de primera respuesta con menor presupuesto, atiende la segunda mayor cantidad de incidentes diarios en el país.
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En promedio, brinda respuesta a más de medio millón de emergencias por año.
Actualmente, la organización cuenta con 133 sedes distribuidas en todo el territorio nacional, con el trabajo de más de 6.500 personas entre voluntariado y personal asalariado, y una flota de 700 vehículos que operan las 24 horas del día.

Sin embargo, muchos comités auxiliares reportan un déficit crítico, lo que afecta la continuidad de servicios en comunidades como Desamparados, Curridabat, Coronado, Escazú, Montes de Oca, Sarapiquí, Parrita, Jacó, Nicoya y Santa Cruz, entre otras.
En materia financiera, la institución indicó que 60% de sus ingresos proviene de fuentes autogeneradas, mediante la venta de bienes y servicios. Todos los recursos, tanto públicos como privados, son administrados bajo auditorías internas y externas, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La Cruz Roja solicitó al Poder Ejecutivo y al Legislativo la aprobación y transferencia de ¢1.500 millones del presupuesto 2026, destinados a apoyar su labor humanitaria.
Según la entidad, la transferencia de fondos públicos enfrenta obstáculos derivados de la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.º 9635), lo que ha reducido los montos originalmente asignados.
De no concretarse esa transferencia —advirtió la institución—, el panorama financiero podría afectar la prestación del servicio de ambulancias y otras funciones de emergencia que la Cruz Roja ofrece gratuitamente a la población.
La entidad reiteró que todos los recursos públicos que recibe son auditados por el Ministerio de Salud, la Contraloría General de la República, la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y otras instituciones estatales.
Tras más de 140 años de servicio humanitario, la Cruz Roja Costarricense enfatizó que requiere apoyo urgente para mantener sus servicios de atención, rescate y asistencia en todo el territorio nacional.
