La agresión mortal que causó el ocupante de un vehículo varado contra el sospechoso de robarle el celular en Naranjo, Alajuela, no podría ser considerada como legítima defensa, según los abogados penalistas Daniel Vega y José Miguel Villalobos.

Los juristas tampoco justifican que el agresor hubiese actuado bajo estado de emoción violenta y más bien atribuyen el ensañamiento a una conducta extrema e injustificada.

La psicóloga clínica Paola Vargas coincide con los juristas en el sentido de que hubo un ensañamiento desmedido contra el sospechoso del robo.

El hecho ocurrió el domingo a las 10:15 a. m. en El Muro de Naranjo, cuando un hombre de apellidos McCarthy Vactor arremetió en la vía pública a puñetazos y patadas contra Carlos Andrés Matamoros González, de 33 años, a quien reclamaba haberle robado el celular.

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Matamoros murió ese mismo día a las 3:54 p. m. en el Hospital México, al que llegó procedente del centro médico griego San Francisco de Asís, para una tomografía de cerebro.

Al examinarlo, los médicos detectaron que tenía un sangrado abdominal, por lo que lo operaron de emergencia. El deceso se produjo cuando estaba en la sala de recuperación.

Contra McCarthy, el Juzgado Penal de Grecia dictó el lunes arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, mientras se le procesa por homicidio calificado. Solo podrá acudir a su trabajo.

Para Daniel Vega, un asalto no implica que la víctima pueda tomar la justicia en sus propias manos, porque quien lo haga debe responsabilizarse de sus actos. En este caso, el hombre encara un delito que se castiga con penas de prisión que van entre los 20 y 35 años.

El abogado considera difícil acreditar el recurso de legítima defensa porque habría que demostrar que existió una agresión por parte del supuesto delincuente, y que fue proporcional con el hecho de quitarle la vida, lo cual no se aprecia en el video que circula en redes sociales.

“Si usted se defiende de la persona, la agresión termina, pero si usted sigue lesionando a la persona hasta que eventualmente le cause la muerte, ese resultado ya no se deriva de repeler el ataque, sino de una intención de matarla”.

Para él, posiblemente la sensación de impunidad que viven muchos ciudadanos influyó para que quien se vio afectado por el robo del celular actuara de esa forma, que ahora lo expone a penas tan altas.

“Cuando la persona está indefensa, ya no existe justificación para seguirle pegando”, acotó.

Más allá de defender al presunto delincuente, explicó que se debe evaluar cuando se repele un ataque y cuando se sobrepasa el fino límite que divide la legítima defensa con la comisión de un delito.

Igual criterio sostiene el penalista José Miguel Villalobos, para quien se trató de un “acto atroz”, ya que el dueño del celular lo atacó en el suelo, en estado de indefensión y lo desnudó.

“Parece un homicidio calificado, porque lo mata después de una tortura cobarde y artera”, explicó.

De comprobarse los hechos que la Fiscalía atribuye, dijo, quien defienda a McCarthy, lo único que puede hacer es someterse a un proceso abreviado para no ir a un juicio ordinario y optar por la reducción de la pena que ese mecanismo faculta.

Sobre la medida cautelar dictada por el Juzgado, que pone una tobillera al sospechoso de homicidio, Villalobos está de acuerdo y considera que es un error de la Fiscalía creer que existe peligro de fuga e insistir en que se le encarcele preventivamente antes del juicio.

Frustraciones generan violencia

La violencia que se vive en la sociedad actual se debe, según la psicóloga Paola Vargas, a frustraciones generadas por aspectos como la inseguridad ciudadana y los problemas económicos, familiares y laborales.

En este caso específico no justifica la violencia empleada, pero consideró que factores como que el carro no servía y la pérdida del celular pudieron haber influido.

“No sabemos si el celular lo acababa de comprar, si estaba con un préstamo, si lo estaba pagando. Si me quitan algo que tanto me cuesta puede ser un factor que haga reaccionar de manera violenta, pero el punto acá fue el ensañamiento”, dijo.

Si hay experiencias previas, como el hecho de que alguna vez lo hubieran asaltado y el caso no hubiera sido resuelto, también pudo afectar.

Empero, la brutalidad del ataque y el hecho de quitarle la ropa, desvalorizan como ser humano al sospechoso de robar el celular y, aunque es una persona con historial delictivo, eso no implica que se puedan tomar acciones semejantes.

La profesional llamó a la población a fortalecer los valores, bajar el ritmo estresante y ser siempre concientes de que cada acción que se tome va a tener repercusiones.

Impulsos que acarrean cárcel

– En 1989 Roque Di Lione, quien era director ejecutivo del Poder Judicial, fue condenado por homicidio simple a 12 años de prisión, por asesinar en un turno de pueblo a Leonardo Chacón Mussap, de 20 años, en San Francisco de Dos Ríos.

Julieta Calderón, esposa de Di Lione, también fue condenada a nueve años porque, según los Tribunales, instigó a su marido para disparar.

El hecho ocurrió porque minutos antes Chacón sostuvo una riña contra un hijo de la pareja.

Tres años después de la condena, Di Lione logró la libertad luego de la detección de cáncer en la nariz.

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– En un caso más reciente, el 13 de febrero del 2014, un hombre de 25 años, identificado como Óscar Zúñiga Zúñiga y conocido como Coco, falleció, cuando el dueño de una propiedad privada lo sorprendió robando limones en Río Claro de Golfito.

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– En febrero del 2014, un hombre de 26 años falleció en la vía pública de La Uruca, San José, tras ser herido por arma de fuego cuando al parecer, tachaba un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.

En ese momento fue sorprendido por el dueño del carro y dos personas más que iban con él.

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