Autoridades judiciales inspeccionaron este martes por la mañana una propiedad ubicada en Cariari de Pococí, Limón, en la que encontraron cuatro perros desnutridos, otro fallecido horas antes y entre 34 y 36 fosas que en apariencia contienen más animales.

La propiedad privada, ubicada kilómetro y medio al oeste de la escuela pública de la comunidad El Ceibo, se encontraba rodeada con un sarán de vivero, el cual evitaba que los animales salieran.

La misma fue inspeccionada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, quienes acompañaron a personal del Servicio Nacional de Salud Animal, luego de recibir reportes confidenciales.

Esto permitió rescatar a los cuatro canes vivos, que se encontraban en condiciones deplorables y sin poder caminar. Los mismos fueron trasladados a veterinarias de la zona, para determinar su condición de salud.

La cifra de 34 a 36 huecos que corresponderían a más fosas para animales fue confirmada este martes por Eiber Paniagua Marín, subjefe de la Policía Judicial de Guápiles. Empero, el funcionario reconoció que solo recopilaron versiones de testigos que hablan de entierros y podredumbre, y que no se hizo una inspección de las fosas.

Autoridades determinaron que el terreno medía, aproximadamente, 40 por 50 metros y era conocido por vecinos de la zona.

Al parecer, fue un lugareño quien alertó a las autoridades de la presencia de unos perros que se encontraban en pésimas condiciones, a punto de morir de hambre.

La policía judicial se encuentra investigando las razones del porqué estos animales estaban en la propiedad bajo estas condiciones. Por este caso, fue detenido un hombre de apellidos Dávila Báez, a quien se investiga por presunta crueldad animal.

Trascendió que varios lugareños se atrevían a llegar a la propiedad, en algunas ocasiones, para tratar de rescatar a algunos perros, pero que la mayoría de canes fallecía en el recinto sin poder escapar.

Otras personas de la comunidad, a como podían, les daban de comer a los animales, pero cómo se trataba de muchos perros, no todos se podían alimentar bien y morían por esta razón.

La denuncia del caso ingresó el lunes por la tarde a la oficina regional del OIJ y este martes, pasadas las 8 a. m., se procedió al allanamiento del terreno.

La Ley de Bienestar de los Animales, vigente en su última versión desde junio del 2017, castiga con penas de hasta dos años de cárcel a las personas que maltraten a un animal a propósito, pero también establece las condiciones básicas para la tenencia de una mascota.

La legislación establece que la ley aplica contra el maltrato y la mala manutención de animales conceptualizados como los seres vivos y domesticados, con los cuales convive el ser humano.

La ley 7451 castiga la muerte dolosa de un animal con prisión entre tres meses y dos años.

Además, si una persona maltrata un animal de modo que pierda un sentido, un órgano, un miembro, le dañe permanentemente su salud o lo someta a un sufrimiento intenso o a una agonía prolongada, recibiría entre tres meses y un año de cárcel.

La misma sanción va para quien organice peleas de animales, tenga sexo con ellos o practique la vivisección (dividir un cadáver en partes) con fines diferentes a la investigación.

También, se exponen a multas hasta de ¢225.000 las personas que no mantengan en condiciones de limpieza a sus animales o no recojan las heces que puedan dejar en la vía pública.

Entre las obligaciones de los propietarios de los animales domesticados están satisfacerles el hambre y la sed, darles posibilidad de desenvolverse según sus patrones de comportamiento y que su muerte sea sin dolor, de ser posible bajo supervisión profesional.

También se les debe preservar y tratar sus enfermedades, además de asegurarles la ausencia de maltrato físico y dolor.

Un hombre de apellido Saborío fue expulsado del condominio en que vivía el pasado 1.° de agosto, al tiempo que fue despedido de su trabajo, luego de que lanzó a un gato desde un sétimo piso y le provocó la muerte en Curridabat.

También, la Fiscalía General de la República ordenó abrir un expediente para investigar el caso por aparente maltrato animal en la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea.

En el condominio Abitú, en Granadilla de Curridabat, el hombre fue declarado ‘non grato’ por los condóminos.

Así lo confirmó a La Nación Julieta Cedeño, administradora del condominio. Ella indicó que esta persona no era dueña del apartamento, sino que se lo alquilaba a uno de los propietarios.

Explicó que la administración se dio cuenta del hecho por un video que circuló en redes, en donde se ve cómo una persona toma al gato por el cuello y lo tira mientras otro graba. Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado, explicó Cedeño.

La administradora relató que, hace unos meses, se encontraron al gato tirado en el suelo malherido; entonces, preguntaron si era de alguien y nadie contestó. El gato murió en las manos del condómino que lo recogió.

Enterraron al animal sin saber qué había ocurrido. Sin embargo, al difundirse este video el pasado 31 de julio, la administración se enteró de que lo habían lanzado desde el sétimo piso.

Nota del editor: En la versión original de esta información se consignó el hallazgo de 30 perros muertos. Sin embargo, este martes, el subjefe del OIJ de Guápiles, Eiber Paniagua Marín confirmó que lo encontrado corresponde a entre 34 y 36 huecos, que al parecer son fosas de otros animales. La información se deriva de reportes de vecinos, que denunciaron podredumbre y presunto maltrato. Empero, los huecos no fueron inspeccionados.