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Una educadora de 58 años de apellidos Fernández Castro, detenida este martes por sus posibles vínculos con un grupo que construyó y detonó artefactos explosivos frente a canal 7 y la Asamblea Legislativa, enfrentará un proceso por el delito de apoyo y servicios al terrorismo.
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo que a ella se le tiene identificada como la persona que habría proferido amenazas en varios audios de WhatsApp contra el presidente Carlos Alvarado, canal 7 y La Nación.
El artículo 281 bis del Código Penal establece "prisión de seis a diez años a quien reclute a otro para participar en la comisión de cualquier acto terrorista, o quien, en cualquier forma, incite a otros a cometer cualquier acto terrorista, sin importar en la fase de ejecución que participe.
“En la misma pena incurrirá quien, voluntariamente, proporcione cualquier forma de apoyo o servicio, diferente del financiamiento, incluso armas, con la intención o el conocimiento de que tal servicio será utilizado para el planeamiento o la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el párrafo anterior”.
La identidad de Fernández trascendió desde finales de julio pasado, cuando empezaron a circular una serie de audios grabados por una mujer en los que se proferían amenazas contra el presidente de la República y contra los medios de comunicación.
Por ejemplo, en el segundo audio se escucha a una voz femenina que asevera que hay que dispararle al Presidente. "Este hijue... hay que pegarle un balazo en la cabeza. Exactamente, por lo menos con un ojo morado lo hubieran mandado para Casa Presidencial”.
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“Ya es hora de haberle puesto una bomba a este hijue... de La Nación, ponerle una bomba a los hijue... de canal 7 y comenzar a meterles miedo, a aplicarles lo mismo que ellos le aplican al pueblo, que ellos vean que el pueblo se está animando a hacer más cosas (...)”.
La mujer, quien se desempeñaba como maestra de quinto grado, fue separada de su puesto desde julio pasado, cuando el Ministerio de Educación Pública le abrió una investigación administrativa.
Al respecto, ese despacho confirmó que la mujer fue reubicada en labores administrativas donde no tuviera contacto con personas menores de edad, por el resto del curso lectivo y prorrogable mientras continúe el procedimiento en esa instancia.
"Para la investigación en trámite se ha coordinado con la Asesoría Legal del Dirección General de la Fuerza Pública, con la finalidad que nos hagan llegar la prueba recabada de su parte. A la luz de los nuevos acontecimientos, a primera hora nos comunicamos con esta instancia, y nos encontramos en espera de las resultas de la investigación, por parte de la Fiscalía.
“Es importante hacer mención que de acreditarse los hechos denunciados, se incurriría en un incumplimiento a los deberes del cargo –en este caso perdida de idoneidad y confianza– por lo que podría acarrear responsabilidad disciplinaria, que incluso conllevaría la separación del puesto”, indicó Nelly Venegas, Jefa del Departamento de Gestión Disciplinaria.
Agregó que el grupo de estudiantes que estaban a su cargo fue asignado un docente en sustitución, "por lo que la comunidad educativa no se ha visto afecta en su derecho a la educación”.
Al cierre de esta información, Fernández y los otros seis detenidos por este caso estaban a la espera de que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial fijara fecha y hora de la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
El caso se mantiene en investigación bajo la causa 19-018537-042-PE.
