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La importación legal de armas largas y municiones aumentó considerablemente en Costa Rica durante los últimos cuatro años, en momentos en que las autoridades investigan distintas formas mediante las cuales armamento adquirido legalmente termina en manos de organizaciones criminales.
Farlem Portuguez, investigador de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó durante una conferencia de prensa especial sobre el tema, que entre 2021 y 2025, las importaciones de armas largas pasaron de aproximadamente 8.500 a 12.500, mientras que las municiones aumentaron de cerca de 8 millones a 14,5 millones por año.
Portuguez aclaró que el aumento de las importaciones legales no significa que todas esas armas terminen en manos del crimen. Sin embargo, señaló que, ante la cantidad que ingresa al país, existe una mayor posibilidad de que algunas sean desviadas hacia actividades ilícitas.
OIJ señala vacío en control de municiones
Una de las principales preocupaciones planteadas por el OIJ está precisamente en las municiones.
Portuguez explicó que la Ley de Armas y Explosivos (N°7530) tiene más de 30 años y, a criterio del investigador, presenta falencias frente a las características actuales del fenómeno.
Según explicó, aunque la Dirección General de Armamento mantiene controles sobre las armerías y establecimientos autorizados, la normativa no establece un límite sobre la cantidad de municiones que puede comprar un usuario.
Además, una vez adquiridas, no existe trazabilidad mediante un sistema de marcaje que permita seguir el recorrido de cada munición.
En esa línea, el investigador señaló que una eventual reforma debería adaptarse al contexto actual. Mencionó específicamente la necesidad de fortalecer la trazabilidad de las municiones.
El asunto cobró relevancia recientemente a raíz del armamento decomisado durante la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Durante la conferencia, se consultó al investigador por un Fusil Automático Ligero (FAL) encontrado en ese caso y las municiones calibre 7,62 × 51 mm. que utiliza.
Portuguez explicó que el FAL es considerado un arma de guerra, mientras que ese tipo de munición no está prohibido por la legislación.
El OIJ todavía investiga cómo llegaron tanto el arma como las municiones a manos de la organización. Entre las posibilidades mencionadas están el desvío desde el mercado legal o el ingreso ilícito por las fronteras, pero el investigador recalcó que ese dato aún se encuentra en corroboración.
De armas legales a manos del crimen
El OIJ identificó distintas modalidades mediante las cuales las armas pueden terminar dentro de circuitos ilícitos.
Una de ellas ocurre cuando una persona compra y registra legalmente un arma para posteriormente entregarla a una organización criminal. El investigador señaló que han detectado casos de testaferros financiados por esos grupos para adquirir armamento.
También se investigan armas ensambladas por particulares, armas fabricadas mediante impresión 3D, piezas introducidas mediante envíos postales, armas ocultas en contenedores y encomiendas nacionales.
El OIJ también ha detectado dispositivos conocidos como switches (llamados comúnmente “chips”) que pueden modificar armas semiautomáticas para permitirles efectuar múltiples disparos con una sola acción del gatillo.
Un caso reciente que evidenció la modalidad de armas ensambladas ocurrió en enero de 2026.
En esa ocasión, el OIJ realizó cinco allanamientos en Curridabat, San Francisco de Dos Ríos y Paseo Colón contra una presunta organización que utilizaba una empresa dedicada al poliéster para rellenos como mampara para importar componentes, fabricar fusiles hechizos tipo AR-15 y distribuirlos en el país.
Durante los operativos, los agentes encontraron tres valijas con piezas para ensamblar este tipo de armamento, además de tornos, taladros y otras herramientas utilizadas para su fabricación.
Según la investigación, el grupo adquiría en Estados Unidos componentes de las armas que posteriormente eran trabajados y ensamblados en Costa Rica. Las autoridades también sospechaban que modificaban el armamento para permitir disparos en ráfaga, una modalidad automática cuyo uso está prohibido para particulares en el país.
Limón encabeza casos registrados
Entre 2023 y el 21 de agosto de 2026, el OIJ contabilizó 385 casos por infracciones a la Ley de Armas y Explosivos. El dato también engloba conductas relacionadas con portación y tenencia ilegal, armas prohibidas, comercio ilícito, acopio e introducción clandestina.
Limón concentra la mayor cantidad, con 109 casos, seguida de San José, con 85; Alajuela, con 78; y Puntarenas, con 51. Portuguez hizo la salvedad de que estas cifras comprenden distintas infracciones a la legislación de armas y no únicamente casos de tráfico.
En la provincia caribeña, solo en agosto de 2025, el OIJ y la Fiscalía decomisaron 36 armas de fuego y más de 4.000 municiones durante una serie de allanamientos contra una banda de sicariato liderada por el convicto Tony Peña Russell, señalada por las autoridades como el brazo armado del cartel del Caribe Sur.
La organización almacenaba fusiles AK-47 y AR-15 en una vivienda en el barrio Atlántida, en Limón. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, las autoridades decomisaron 16 fusiles de asalto vinculados con el grupo.
