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La Sala Constitucional cerró el 2025 con una carga de trabajo sin precedentes y, por primera vez en su historia, superó los 40.000 expedientes ingresados en un solo año, una cifra que confirma una tendencia sostenida al alza en la judicialización de conflictos y en la demanda ciudadana por tutela de derechos fundamentales.
Según el registro oficial, al 28 de diciembre habían ingresado 40.059 asuntos, un nuevo máximo histórico para la jurisdicción constitucional.
Al cierre del 2024, hubo 35.624 contabilizados. El incremento entre ambos años supera el 12,4%.
Según la Sala, el récord de expedientes se interpreta como una señal de confianza ciudadana en la Sala Constitucional como garante de derechos fundamentales.
No obstante, el fenómeno admite otra lectura: el aumento constante de recursos también reflejaría deficiencias persistentes en la prestación de servicios públicos, decisiones administrativas cuestionadas o respuestas tardías de las instituciones obligadas a resolver conflictos en sede administrativa.
El propio tribunal ha señalado en informes previos que áreas como la salud concentran una proporción significativa de los recursos de amparo.
Al cierre del 2024, por ejemplo, más de 16.000 asuntos resueltos estuvieron vinculados con ese sector, lo que representó cerca del 42% del total, un indicador que apunta a problemas estructurales en la atención médica y en las listas de espera.
El dato del 2025 confirma la presión sobre la capacidad operativa del máximo intérprete de la Constitución.
El expediente que marcó ese umbral corresponde a un recurso de amparo contra la Municipalidad de Siquirres (Limón), presentado por un ciudadano que cuestionó el cobro de una licencia comercial que asegura haber suspendido tras cerrar su negocio, indicó este lunes el área de prensa del tribunal constitucional.
Un año antes, al cierre del 2024, la Sala IV ya había advertido sobre el peso creciente de su carga laboral, al reportar 35.624 casos ingresados y 38.484 resueltos, lo que implicó un índice de resolución de 108% y un esfuerzo por reducir rezagos acumulados.
Aun así, el volumen de expedientes continuó en ascenso, indicó la entidad.
Más casos, misma estructura
El incremento plantea interrogantes sobre la capacidad estructural del tribunal para absorber la carga.
Las propias autoridades de la Sala afirman que el volumen de asuntos obligó a redoblar esfuerzos en un contexto marcado por limitaciones de personal y recursos, según su balance al cierre del 2024, también compartido este lunes.
Durante el 2024, los recursos de amparo concentraron la mayor parte de los casos tramitados, con 33.396 expedientes, una cifra que refleja la recurrencia de este mecanismo como vía para reclamar derechos ante omisiones o actuaciones de instituciones públicas.
Aunque el tribunal logró resolver más asuntos de los que recibió ese año, la presión no cedió y se trasladó al 2025 con mayor intensidad.
Los datos del 2024 evidenciaron, además, que la carga no se distribuyó de manera homogénea a lo largo de ese año.
Octubre se consolidó como el mes de mayor actividad en el 2024, tanto en ingresos como en resoluciones, un patrón que evidencia picos de demanda que tensionan la operación cotidiana del tribunal.
