EscucharLa Corte Plena aprobó este lunes 12 de octubre una moción para solicitar a la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) un informe detallado sobre sus inversiones, proyectos y estados financieros, en un plazo de ocho días hábiles.
La decisión busca conocer la situación financiera de la asociación y fortalecer la rendición de cuentas sobre los recursos que recibe de la Corte Suprema de Justicia por concepto de cesantía de los funcionarios judiciales.
“Se solicitaría un informe escrito y detallado en el plazo de ocho días hábiles con respecto a las inversiones, proyectos en desarrollo y estados financieros del traslado de los fondos que remite esta Corte debido a la cesantía”, indicó Luis Ardón, secretario de la Corte.
Durante la sesión se indicó que la solicitud se plantea con respeto a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público contra la asociación, entre ellas las relacionadas con una presunta administración fraudulenta, créditos preferenciales y la inversión millonaria en el concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg.
Los magistrados también hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas mediante la publicación de informes de gestión, actas, balances y estados financieros en sitios web accesibles para las personas asociadas.
Asosejud está integrada por más de 9.000 funcionarios del Poder Judicial.
La presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas, sometió la moción a votación y, tras su aprobación, la declaró en firme.
Asosejud invirtió $2,3 millones en concierto de Snoop Dogg
La Nación reveló que Asosejud desembolsó $2,3 millones a una empresa vinculada con Don Stockwell, detenido en el marco del caso Éxodo, para financiar la producción del concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, previsto para el 3 de diciembre de 2026.
Asosejud firmó el acuerdo, en calidad de proveedor o cofinanciador, con la sociedad Stockwell III Entertainment SRL, representada por Don Frederick Stockwell Ulloa.
La Fiscalía investiga esta inversión.
La asociación confirmó a este medio el desembolso y aseguró que, desde el 16 de setiembre, antes de la detención de Stockwell, había acudido a los tribunales para solicitar la rescisión del contrato.
Además, el 1.° de setiembre, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuaron tres allanamientos en las oficinas de Asosejud como parte de una investigación por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la organización laboral, bajo el expediente 25-00014-0621-PE.
¿Qué recibiría Asosejud por la inversión?
El costo estimado del proyecto se fijó en $3,1 millones y se acordó que Asosejud recibiría el 80% de los ingresos netos resultantes del concierto.
Entre los indicios decomisados por los investigadores figuran tres facturas relacionadas con el financiamiento del espectáculo por montos de $2.320.000, $670.000 y $1.650.000.
El análisis de los investigadores del OIJ señala que, tras revisar el Manual de Reglamentos, Procedimientos y Políticas Financieras de Asosejud, la inversión contravendría la normativa interna de la organización.
Según ese documento, las operaciones financieras de la asociación están limitadas a tres categorías: reserva de liquidez, reserva de excedentes mediante certificados a plazo en entidades autorizadas e inversiones a la vista mediante sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI).
Entre el 16 y el 18 de setiembre, el presidente de Asosejud, Quesada Madrigal, presentó documentación ante el Tribunal Penal de San José en la que denunció presuntas irregularidades en el contrato con Stockwell.
Entre los cuestionamientos señaló que el acuerdo se habría celebrado en abril, pero se firmó hasta agosto; que consignaba un domicilio incorrecto de la asociación y que existía falta de claridad sobre las obligaciones, los plazos y las pólizas que garantizarían el proyecto.
Asociación reclamó devolución del dinero
A raíz de estos hallazgos, la Junta Directiva de Asosejud celebró una sesión extraordinaria el lunes 14 de setiembre, en la que determinó una falta grave atribuida a su asesor legal.
Como resultado, acordó terminar la relación laboral sin responsabilidad patronal, al considerar que el funcionario no ejerció la debida diligencia en la revisión del contrato.
El documento judicial precisa que ese mismo 14 de setiembre la asociación dio por rescindido unilateralmente el contrato y notificó a la empresa productora.
Además, solicitó la devolución íntegra del dinero depositado en las cuentas bancarias de la empresa.
