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El proyecto de ley para cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), presentado en julio por el Frente Amplio, recibió el visto bueno de la Corte Plena este lunes.
Tras recibir el informe de la magistrada de Sala Tercera, Patricia Vargas González, los magistrados concluyeron que el plan no afecta el funcionamiento del Poder Judicial y por lo tanto no requerirá de 38 votos para ser aprobado, sino solamente la mayoría simple.
“Se entiende que es una iniciativa oportuna incluso, y que no afecta de ninguna manera organización y funcionamiento institucional”, expuso Vargas ante la Corte.
El expediente 25.070 propone que las investigaciones activas de la DIS que configuren tipos penales pasen al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la investigación criminal y al Ministerio Público para su persecución penal, mientras que las labores preventivas y administrativas pasarían al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
La magistrada resaltó que este traslado de funciones está acorde a las competencias por ley de estas instituciones, y también destacó el artículo que pretende que el 50% del presupuesto de la DIS se transfiera al OIJ para crear plazas nuevas y el otro 50% vaya al MSP.
Las plazas serían trasladadas al MSP para que este a su vez ubique al personal en los distintos cuerpos policiales, y se sugiere un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para mover funcionarios a este último, de ser necesario.
“Tratándose del OIJ, un traslado de personal está condicionado al convenio que se llegue a suscribir, cosa que por lo menos a mí me parece sana, esa propuesta se valora positivamente”, dijo Vargas.
Los bienes de la DIS, así como sus archivos y expedientes, también pasarían al MSP para que este los distribuya “con base en criterios técnicos” y “en un plazo prudencial”.
Sobre esta propuesta, la magistrada sugirió a los diputados definir un criterio de asignación y un plazo determinado, para que no quede a discreción del MSP.
Este plan representa la octava vez, en 17 años, que se intenta cerrar la DIS en la Asamblea Legislativa.
La entidad, que actúa como la policía de la Presidencia de la República, fue objeto de polémicas luego de que el diputado oficialista, Manuel Morales, cuestionara en junio que un agente de la DIS presuntamente persiguiera y hostigara a una persona allegada.
Asimismo, la policía fue criticada por enviar a cinco oficiales para participar de una capacitación en Taiwán, pese a que Costa Rica tiene, desde el 2007, relaciones diplomáticas con la República Popular China, nación que exige de sus aliados el respeto al principio de una sola China.
