
Una organización criminal dedicada al lavado de dinero logró tejer una red de hasta 200 puntos para venta de lotería en la zona norte del país, lo que le permitió consolidar una operación millonaria que en los últimos años experimentó un crecimiento acelerado en bienes, propiedades y vehículos de lujo.
Este jueves, las autoridades desarticularon la estructura en un amplio operativo denominado Caso Tómbola en el que estarían implicadas 18 personas, incluidos tres funcionarios bancarios y un empleado de la Junta de Protección Social.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante la Sección de Legitimación de Capitales, inició la investigación en 2021 tras recibir informes confidenciales sobre el inusual aumento patrimonial de este grupo, con base de operaciones principalmente en Guatuso, San Carlos, Ciudad Quesada, Fortuna y Los Chiles.
Según detalló este jueves Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ, se comprobó que la estructura, encabezada por un sujeto de apellidos Mora Durán, de 45 años, utilizaba múltiples puntos de venta de lotería legal y clandestina como su principal mecanismo para inyectar grandes sumas de dinero al sistema financiero nacional.
A esto se sumaban otras actividades aparentemente legales, incluidos dos locales de venta de vehículos de alta gama, una licorera con facturación millonaria, una librería, la adquisición de propiedades, maquinaria agrícola y la conformación de una empresa constructora, todo lo cual sirvió para justificar ingresos desproporcionados y legitimar fondos de origen ilícito.

“Con estas fachadas lograron generar un crecimiento patrimonial que les permitió amasar gran cantidad de bienes. Cuando recibimos los primeros informes, ya tenían toda esta infraestructura montada y operando con fuerza. Detectamos que venían creciendo desde al menos 2016 o 2017, con líderes, testaferros y colaboradores en entidades públicas que inyectaban fondos al sistema monetario nacional”, detalló Muñoz.
Aunque las autoridades aún no han podido determinar con certeza el origen del dinero, sí tienen claro que no procede de actividades legales. “Utilizaban negocios formales para encubrir el capital, pero la fuente sigue en investigación”, añadió.
Como parte del operativo Caso Tómbola el OIJ, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, decomisó este jueves 145 bienes, cuyo valor supera los ¢1.300 millones.
Entre los artículos confiscados destacan 71 vehículos valorados en ¢740 millones, y 74 propiedades inmuebles, tasadas en ¢650 millones. Según las autoridades, varios de estos bienes estaban a nombre de los principales sospechosos y servían como fachada para encubrir las ganancias ilícitas.
Además del cabecilla de apellido Mora, hay otros dos hombres detenidos de apellidos Durán, de 62 años y Salas, de 30. Así como cinco mujeres apellidadas: Durán (64 años), Acuña (43 y 51), Mora (24) y López, de 43 años.
Seis de los detenidos son parte de un mismo grupo familiar, explicó la Policía Judicial.
Las capturas se lograron luego de 24 allanamientos, la mayoría en la zona norte, así como en Alajuelita, Ciudad Quesada, Fortuna y una residencia en San Rafael de Escazú, vinculada al líder de la organización. También se allanaron dos ventas de autos de lujo.
Auge entre 2021 y 2022
El crecimiento de esta estructura fue particularmente notorio en los últimos años.
El OIJ observó un aumento desmedido en el flujo de dinero entre 2021 y 2022, reflejado en compras constantes de vehículos lujosos, la apertura de más quioscos de lotería y una mayor diversificación de negocios. Solo el cabecilla, agrega la Policía, logró alcanzar una cifra superior a los ¢1.000 millones.
“Uno de los detenidos se desplazaba en una camioneta de altísimo valor económico. Notamos que cada vez fortalecían más sus ingresos con nuevos puntos de venta y negocios paralelos”, explicó Muñoz.

Además de los ocho detenidos, en la organización estarían implicadas otras 10 personas, entre ellas, tres funcionarios de entidades bancarias y un empleado de la JPS.
Vladimir Muñoz no precisó en cuáles entidades trabajan los tres primeros; no obstante, no se descarta que estén afincados en la misma área de operación del grupo criminal en Guatuso, Los Chiles o San Carlos y que colaboraban para introducir el capital en el sistema bancario nacional.
No trascendió qué se le atribuye al sospechoso que labora en la Junta de Protección Social.
Nueve de ellos serán llamados a declarar próximamente ante la Fiscalía, aseguró
El décimo falleció este miércoles en un enfrentamiento a balazos con los agentes judiciales que trabajaban en los allanamientos.
Según explicaron las autoridades, este suceso se registró en Palenque El Sol, en Guatuso (Alajuela). Al parecer, tres sujetos dentro de una de las viviendas que iban a ser allanadas avistaron poco antes de las 6 a.m. un vehículo que les estaba haciendo vigilancia cerca del inmueble.
Los individuos decidieron abordar un vehículo estacionado en la casa y huir. En la salida, antes de llegar a la calle, empezaron a dispararle al vehículo del OIJ. En ese momento, los agentes judiciales respondieron.
Uno de los dos muertos fue el conductor del vehículo y guardaespaldas del líder del grupo. El segundo fallecido, otro escolta del líder, fue llevado a la clínica de La Fortuna de San Carlos, pero al llegar, no presentaba signos vitales.
Una tercera persona con heridas graves sufrió heridas de bala en tórax y cuello y fue trasladado en condición crítica al Hospital de Upala. El cabecilla Mora Durán, que se movilizaba en ese vehículo, resultó ileso y detenido de inmediato.
Los fallecidos respondían a los apellidos Pérez y Acevedo, ambos 37 años. Se desconoce cuál de los dos era el décimo requerido para indagatoria.
Las autoridades decomisaron una gran cantidad de dinero en efectivo que estaba almacenado en una caja fuerte. En las imágenes compartidas por las autoridades es posible ver varias bolsas plásticas de colores rojo y azul llenas de fajos de billetes de diferentes denominaciones. A las 3 p. m. el monto incautado no se había precisado.
También se decomisaron armas largas —algunas manipuladas para incrementar su capacidad de fuego—, así como documentos clave para la investigación.
