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Una estructura criminal conocida como los Talibanes, que operaba desde 2021 en Los Chiles de Alajuela, tenía roles bien definidos de cada integrante con el fin de traficar migrantes, robarles y garantizar la impunidad con la ayuda de policías, según detalla el expediente del caso.
La organización, investigada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Los Chiles, se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes, robos agravados, venta de drogas y homicidios, aprovechándose de la condición migratoria irregular de sus víctimas.
Los coyotes
Los “coyotes” captaban a personas de origen nicaragüense o de otras nacionalidades que querían ingresar a nuestro país para ofrecerles el servicio de traslado por un costo que iba desde los ₡3.000 hasta los ₡18.000.
Los sospechosos coordinaban mediante llamadas telefónicas con los “transportistas” ubicados en territorio costarricense y guiaban a los migrantes para que ingresaran de manera irregular por puestos no habilitados, evadiendo los controles migratorios.
Ojos en la frontera
Una vez que los migrantes cruzaban, entraban en escena los “informantes” o “vigilantes”, quienes se ubican en lugares estratégicos para monitorear y alertar a los transportistas sobre los movimientos de las autoridades policiales. Reportaban la entrada y salida de unidades policiales desde y hacia las zonas de captación de migrantes en las inmediaciones de la frontera con Nicaragua y así garantizaban que el traslado se hiciera sin contratiempos.
Los transportistas
Los “transportistas” se ubicaban en las inmediaciones de la frontera y esperaban ser contactados por los “coyotes” para luego llevar a las personas migrantes en vehículos particulares hacia suelo costarricense.
Sin embargo, durante la ruta y después de ocultarlos de las autoridades, era cuando supuestamente, ocurría el engaño ya que “mediante intimidación, violencia, armas de fuego y cuchillos, despojaban a las víctimas de sus teléfonos y dinero en efectivo”. Cuando dejaban a los ofendidos sin sus bienes, los abandonaban a su suerte.
Participación policial
Según la pesquisa, para que la operación funcionara “sobre seguro” el grupo delictivo contaba con la participación de cuatro oficiales de Fuerza Pública y un policía de Migración quienes, al parecer, facilitaban la ejecución del tráfico ilícito.
Su colaboración ocurría de dos formas: omitían solicitar a los migrantes en los puestos de control la documentación de ingreso al país y alertaban a los sospechosos sobre la presencia policial en carretera, “garantizando la impunidad de sus actos”.
Según las investigaciones y registros, la estructura generaba ¢70 millones por mes, ya que por día movilizaban entre 150 y 200 migrantes.
“En días festivos pues la cantidad era mucho mayor”, agregó Soto.
Esta estructura criminal, según el documento judicial, operó sin mayores contratiempos desde 2021, aprovechándose de la vulnerabilidad de migrantes que buscan llegar a Costa Rica pero terminaban siendo víctimas de robo y abandono.
