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Quince sospechosos de integrar una red dedicada a la trata de personas, principalmente de menores de edad, con fines de explotación sexual, cumplen medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal de Heredia, tras una investigación de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de esa ciudad.
Este grupo era liderado por dos comerciantes de origen chino y una persona menor de edad.
Los imputados fueron detenidos el 20 de octubre tras 17 allanamientos en sitios como Playas del Coco, Filadelfia (Guanacaste), San Ramón (Alajuela), Heredia, Cartago y San José, como parte del caso denominado Salvando Niñas, esto debido a las edades de las víctimas, que no superaban los 16 años.
Tras solicitud de la Fiscalía de Heredia, a nueve miembros de la presunta organización criminal el juzgado les impuso seis meses de prisión preventiva por el delito de trata de personas.
Los adultos que descuentan prisión preventiva se apellidan: Cen, Chengwei (supuestos cabecillas), Montoya Membreño, Jara Hernández, Pérez Nicaragua, Portuguez Camacho, Ugarte Urbina, Fallas Villalobos y Ramírez Carballo (las dos últimas son mujeres).
A esas personas se suman 3 menores de edad que, desde la semana pasada, el Juzgado Penal Juvenil les ordenó la detención provisional por estos hechos. En total son 12 investigados quienes quedan con prisión preventiva por conformar la organización criminal.
Además, el juzgado impuso medidas cautelares contra otros tres hombres, de apellidos Salgado Álvarez, Valverde Sánchez y Brenes Vargas quienes, aparte de integrar la organización criminal, figuran en el proceso como presuntos explotadores sexuales de menores de edad. A ellos les atribuyen el delito de violación y por ello tienen prohibición de comunicarse con las víctimas, familiares o miembros del grupo delictivo, firmar una vez al mes en la Fiscalía, tener domicilio fijo e impedimento de salida del país.
Se cree que el grupo recibía montos entre los ¢250.000 y ¢500.000 por cada una de las víctimas, quienes, en su mayoría, son personas en estado de vulnerabilidad y riesgo social.
“Estos sujetos subcontrataban a mujeres para que captaran menores de edad mediante redes sociales como Instagram y TikTok, ofreciéndoles incentivos de tipo sexual”, explicó el día de las detenciones Randall Zúñiga, director del OIJ.
Zúñiga destacó que los cabecillas tenían un perfil empresarial consolidado en el país, con negocios que incluyen una conocida cadena de supermercados en Guanacaste, locales comerciales, venta de loterías y restaurantes de comida asiática.
