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Un segundo juicio contra dos sujetos de apellidos Martínez Gómez y Arroyo Sánchez, a quienes el Ministerio Público señala como responsables de operar el primer laboratorio de fentanilo y traficar pastillas de MDMA (éxtasis) u oxicodona, contaminadas con esa sustancia, se programó para finales del 2029.
Esto significa que el debate de reenvío se llevará a cabo cuatro años y dos meses después de que concluyó el primer juicio, que acabó con la absolutoria por duda de los sospechosos.
Tras declarar con lugar una apelación de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el Tribunal de Apelación ordenó, en noviembre del 2025, realizar un nuevo juicio.
El 23 de enero del 2026, el Tribunal Penal del Circuito Judicial de San José citó a los hombres para audiencias que se pondrán en marcha desde el 24 de noviembre y hasta el tres de diciembre del 2029.
En la acusación, formulada por la Fiscalía, figuraban inicialmente tres hombres como imputados. Además de Martínez y Arroyo, el Ministerio Público mencionaba a un sujeto de apellidos Valdivia Sing como presunto cabecilla del grupo.
El juez Kenneth Alvarado absolvió en agosto del 2025 a este último hombre de toda pena ante la falta de pruebas testimoniales y documentales en su contra. Este sujeto estuvo en libertad durante el juicio.
Valdivia Sing no fue convocado a esta nueva audiencia porque el Ministerio Público no pidió una condena para él, su causa fue sobreseída y en Costa Rica impera el principio de non bis in ídem, que establece que nadie puede ser juzgado por un mismo hecho dos veces.
En el caso de Martínez y Arroyo, el Tribunal los absolvió por duda en ese mismo mes, pero la jueza Kryssia Quirós Villalobos salvó el voto y los consideró coautores responsables de un delito de venta de drogas y estimó que debían descontar 14 años en prisión, cada uno, la misma pena que entonces había solicitado el Ministerio Público.
Estos dos últimos, quienes estuvieron privados de libertar durante el proceso, fueron liberados de inmediato y, además, se ordenó la devolución de los bienes decomisados, entre ellos, ¢9,8 millones y $16.039 depositados en cuentas del Instituto Costarricense sobre Drogas y que son propiedad de Martínez.
En su argumentación, el día que se dictó sentencia, el juez sostuvo que el tribunal no tuvo a la vista prueba suficiente para sentenciar a los sujetos. Por ejemplo, aunque un agente encubierto hizo compras controladas de pastillas con drogas sintéticas, no se pudo constatar “la puesta en peligro del bien jurídico que es la salud pública”.
Además, argumentó que no hubo comunicaciones entre los encartados que permitieran acreditar que se trataba de una banda organizada.
Más de cuatro años de espera
El departamento de prensa del Poder Judicial confirmó a La Nación que las agendas de los tribunales están saturadas para señalar debates de procesos que serán juzgados por primera vez y los que van a juicio por segunda ocasión.
Por ser este un caso de reenvío, especificó la institución, la gestoría penal en coordinación con los tribunales penales, realizaron los trámites para encontrar espacios en la agenda de juicios y acortar los tiempos de espera, sin alterar el rol de ingreso y las urgencias que tienen otros casos.
El Poder Judicial establece como prioridad las causas en las que los imputados y víctimas son personas privadas de libertad, expedientes que contemplan delitos estipulados en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, cuando se trata de personas adultas mayores y delitos sexuales.
El caso en resumen
La investigación de esta causa inició a finales de 2022, luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA) avisara a la Policía Control de Drogas (PCD) sobre la posible presencia de fentanilo en el país. La entidad estadounidense anunció a las autoridades nacionales que se trataba del primer caso de trasiego de fentanilo en la región centroamericana.
Posteriormente, en noviembre del 2023, luego de compras controladas de droga, con fondos de la DEA, se realizaron allanamientos en Alajuela, Tibás y San Sebastián, que permitieron la captura de los presuntos implicados.
Durante el debate, un agente encubierto atestiguó que las pastillas eran de MDMA (éxtasis) u oxicodona, contaminadas con pequeñas proporciones de fentanilo, para crear adicción entre los consumidores y que así se comprobó en pruebas de laboratorio.
Agregó que, durante su intervención, uno de los encartados le habría dicho que el fentanilo venía de México.
