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Aunque el juicio por el millonario desfalco en la bóveda del Centro Institucional para el Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional llegó a su fin, con la condena a 30 años de cárcel al extesorero Ricardo Olivas Valle, el Ministerio Público investiga a siete personas más.
Olivas fue declarado autor material responsable de sustraer, de forma “planeada, sistemática y meticulosa”, parte de los ¢3.294 millones que desaparecieron del CIPE y cuyo faltante se detectó tras una denuncia anónima y un posterior arqueo, a inicios de octubre del 2023.
La segunda línea de investigación que surgió del expediente principal, y que se tramita en el legajo 25-000184-1218-TP, busca determinar si hubo participación de otras personas que tenían responsabilidades de control y supervisión, pues ejercían funciones tanto en el CIPE como en la Tesorería General de la entidad bancaria.
Se trata de los supervisores de la Tesorería, Freddy Ugalde Morales y Cristian Ramírez Sandí. Además, se investiga a Ronny Blanco Oviedo, supervisor de Procesamiento de Efectivo; Katherine Cerdas Méndez, encargada de Control Interno; Steven Hernández Saborío, contador de la Administración del Numerario; Johany Bolaños Zúñiga, quien era el guarda de seguridad, y Rodolfo Madrigal Faerron, el jefe de Tesorería que se jubiló luego del hallazgo del desfalco.
En este expediente, según confirmó el Ministerio Público, se investigan presuntos delitos de legitimación de capitales, peculado e incumplimiento de deberes. La Fiscalía agregó que los sospechosos recibieron dos medidas cautelares: impedimento de salida del país y presentarse a firmar una vez al mes.
La Fiscalía también investiga en una causa aparte a la exdirectora jurídica del Banco Nacional, Marietta Herrera Cantillo, por presunto incumplimiento de deberes. El Ministerio Público sostiene que la mujer habría recomendado no denunciar inmediatamente el desfalco cuando se descubrió a inicios de octubre del 2023.
Herrera Cantillo fue despedida sin responsabilidad patronal en febrero del 2024.
Rodolfo Brenes Vargas, abogado de esta exfuncionaria, explicó a La Nación que el proceso penal está en curso, pero se dictó sobreseimiento provisional porque no existían elementos para elevar la causa a juicio. Por este motivo, según dijo, el juez brindó hasta un año al Ministerio Público para recabar pruebas adicionales, aunque no precisó fechas.
“Nosotros rechazamos categóricamente que haya existido ni medio delito. Doña Marietta tomó todas las acciones que eran necesarias en defensa de los intereses del banco”, aseveró. A juicio del abogado, el despido de la funcionaria también fue improcedente y afirmó que se discute en sede judicial.
Este medio consultó al Banco Nacional sobre la situación laboral de las personas investigadas, así como de la existencia de procedimientos administrativos internos; sin embargo, la entidad bancaria indicó que se encuentra jurídicamente imposibilitada para brindar información al respecto por obligaciones de confidencialidad estipuladas en la normativa laboral.
“La institución no puede confirmar, desmentir ni divulgar información relativa a la permanencia o no de una persona en la organización, eventuales renuncias, despidos, medidas preventivas, investigaciones internas o procedimientos disciplinarios que pudieran existir”, dice el texto.
Este diario también contactó a los funcionarios investigados por sus labores en la Tesorería y el CIPE.
Rodolfo Madrigal y Ronny Blanco indicaron a este diario, expresamente, que no se referirían al caso.
Por otro lado, Freddy Ugalde indicó a La Nación que no está autorizado para brindar declaraciones y se comprometió a compartir el contacto de su abogado, pero no lo envió. Tampoco se obtuvo respuesta de Johany Bolaños.
Este medio tampoco logró contactar a Cristian Ramírez, Katherine Cerdas y Steven Hernández.
Olivas afronta otra causa por presunta legitimación de capitales
Tras conocerse el 27 de agosto la sentencia de prisión contra Olivas Valle por 33 delitos de peculado, el fiscal a cargo del caso, Carlos Benítez, afirmó estar satisfecho con el trabajo realizado y describió la causa como compleja.
Desde que se tuvo por acreditado el desfalco, la investigación se ramificó en varias líneas que buscan esclarecer en su totalidad lo ocurrido en la Tesorería del banco estatal más grande del país.
El juez que presidió el Tribunal, Franz Paniagua, describió este caso durante la lectura de sentencia como la mayor sustracción de dinero en efectivo cometida en perjuicio de una institución pública en Costa Rica. Los juzgadores dieron por acreditado que Olivas sustrajo del CIPE fajos de dinero que ocultaba en sobres de manila, guardaba en su bulto y sacaba de la entidad bancaria para posteriormente adquirir millones de colones en lotería.
Pese a ello, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José reconoció que, si bien Olivas sustrajo dinero en 33 eventos distintos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, el monto total que pudo haber sacado es inferior al del desfalco detectado en el CIPE.
Contra este exfuncionario se sigue otra causa separada por presunta legitimación de capitales, en la que se busca determinar qué ocurrió con el dinero que sustrajo del banco, además de haber gastado parte en comprar lotería.
Por lo pronto, el fiscal confirmó que las personas que figuran como investigadas tienen pleno conocimiento de que forman parte de una pesquisa.
Ante las dudas sobre un posible riesgo de fuga, el fiscal Benítez aseguró que la Fiscalía se mantendrá vigilante, pues, en cuanto se detecte algún tipo de comportamiento irregular, se valorará solicitar medidas cautelares distintas.
