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La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada aseveró este jueves que el Caso Madre Patria, que indaga una presunta organización dedicada al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica, “mantiene solidez jurídica”, luego de que se dio a conocer que 20 imputados cumplen medidas preventivas alternas a la prisión preventiva.
“El Ministerio Público cuenta con prueba suficiente que, en grado de probabilidad, vincula a las personas imputadas con los hechos investigados”, se lee en el comunicado.
A la fecha, defendió la institución, no existe ninguna resolución judicial que establezca que el expediente se haya debilitado o que carezca de sustento probatorio. Los cambios en las medidas cautelares dispuestos por el Juzgado Penal, se lee, no obedecen a una pérdida de fuerza del caso.
Una resolución emitida el 20 de febrero del 2026 y firmada por el juez Pablo José Porras Barahona avaló el cambio de medidas para 18 imputados, entre ellos los presuntos cabecillas, de nacionalidad española y de apellidos León Muñoz y Gómez González.
En todos los casos, el Ministerio Público solicitó que permanecieran en prisión preventiva mientras avanza la investigación, que se remonta a 2020, pero el juez se apartó del criterio.
Aunque cada imputado tiene sus particularidades, razonamientos similares pesaron sobre la decisión final del juzgador para dejarlos en libertad. En la resolución, Porras determinó que los arraigos familiares de los sospechosos, oportunidades de empleo y alternativas de domicilio apuntan a un menor riesgo de fuga y mayor facilidad para localizarlos.
Cuatro días más tarde, el 24 de febrero, tres jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal rechazaron una solicitud de prórroga para que los 20 sospechosos permanecieran en prisión preventiva. La resolución responde a una solicitud de la Fiscalía que pretendía ampliar el plazo de vigencia de las medidas cautelares de los imputados.
Se trató de dos gestiones judiciales que se traslaparon.
