Escuchar
La Fiscalía Adjunta Especializada Contra la Delincuencia Organizada logró fuertes medidas cautelares para la mayoría de los implicados en el expediente Leviatán, sospechosos de integrar una poderosa red de narcotráfico y legitimación de capitales. Más de 60 personas están implicadas en esta causa que trascendió el 28 de julio, cuando las autoridades desplegaron decenas de allanamientos, fundamentalmente en Limón.
Según la información suministrada a La Nación, 55 de los detenidos pasarán un año en prisión preventiva, entre ellos figura Melanie Fabiola Bell Ramírez, hija de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y su pareja sentimental, Joseph Eduardo Casanova Duartes. Ambos se entregaron el 30 de julio en los Tribunales de Justicia de San José, dos días después de los operativos desplegados por las autoridades en cinco provincias del país.
Otras cinco personas deberán cumplir con medidas alternas a la privación de libertad y solo dos quedaron sin ningún tipo de medida cautelar, al cierre de la audiencia para discutir este tema y que empezó desde el 29 de julio anterior en el Juzgado Penal de Limón.
La investigación del Caso Leviatán comenzó en el 2023, cuando trascendieron datos sobre una presunta organización dedicada a facilitar la contaminación de contenedores con cocaína y su salida por la Terminal de Contenedores de Moín, administrada por APM Terminals.
Según explicó en julio pasado el fiscal general, Carlo Díaz, la estructura ofrecía un servicio de logística para otros grupos dedicados al narcotráfico y cobraba $250.000 por cada contenedor movilizado. La investigación vinculó al grupo con 16 incautaciones que sumaron 14,5 toneladas de cocaína entre marzo del 2023 y octubre del 2025.
Las autoridades determinaron tres formas utilizadas para contaminar los contenedores: ocultar cocaína en los sistemas de refrigeración, sacar temporalmente los contenedores de la terminal para introducir la droga y contaminarlos durante el trayecto hacia el puerto.
Como parte del caso, el 28 de julio las autoridades realizaron 65 allanamientos, principalmente en Limón, Guápiles, Siquirres, San José, Puntarenas y San Carlos. Entre los investigados figuraban funcionarios de APM Terminals, oficiales de seguridad privada, choferes de cabezales y policías de Fronteras.
En este expediente, Bell Ramírez es investigada por legitimación de capitales.
