
Entre los hallazgos que hicieron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de los allanamientos por el Caso Doble Vía, donde se investigan presuntas estafas con paquetes para aprender a conducir y obtener licencia, destaca uno que estaba en una vivienda en Heredia.
En el inmueble, ubicado cerca del colegio María Auxiliadora, fue detenida una mujer de apellidos Sánchez Bolaños. Allí los investigadores de la Sección Especializada Contra Estafas y Fraude Registral encontraron dos altares a la Santa Muerte.
Los tributos tienen figuras de la muerte vestida de negro y otra de blanco. Al pie de una de las imágenes se aprecian botellas de licor, paquetes de cigarrillos, chocolates y hasta un crucifijo.
La Santa Muerte es una creencia pagana asociada con la curación, la protección y un buen camino hacia el más allá. En ocasiones se representa con imágenes de una calavera femenina, con túnica, una guadaña en una mano y un globo azul en la otra, simulando el mundo.
Las mujeres fueron detenidas a las 6 a. m. de este martes luego de que la Policía Judicial allanara dos viviendas en San Miguel de Santo Domingo de Heredia y en el centro de la provincia.
Además, fue intervenido un terreno que se ubica contiguo a la Ciudad Vial del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en Paso Ancho. Ese inmueble, al parecer, era usado por las imputadas para convocar a las presuntas víctimas para que hicieran las pruebas prácticas, aunque nunca habrían recibido dicho servicio.
En ese último punto, las autoridades decomisaron evidencia variada, como documentos en físico. El OIJ precisó que las mujeres alquilaban de manera ocasional el terreno.
De acuerdo con la investigación, las sospechosas cobraban entre ¢185.000 y ¢220.000 por el paquete que incluía el curso teórico y práctico. La Policía Judicial precisó que tramitan 47 causas contra las mujeres para un perjuicio económico de unos ¢9 millones y al menos 150 quejas más se llevan contra las imputadas en la Defensoría del Consumidor, por lo que las pérdidas oscilan entre ¢27 y ¢33 millones adicionales.
Las víctimas eran captadas mediante una página de Facebook y, una vez que hacían los depósitos y se disponían a recibir los cursos, las sospechosas les decían que había ocurrido un accidente con el vehículo o que el instructor se había enfermado. Ante los reclamos de las personas, las imputadas las bloqueaban de la red social.
Sánchez Bolaños, de 43 años, y Romero Barquero, de 40, están a la orden del Ministerio Público.

